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Entre los diversos tipos de desastres naturales que golpean a Cuba —como sismos, sequías o inundaciones localizadas— los huracanes encabezan la lista de los más incisivos.
En menos de tres semanas durante 2024, Cuba enfrentó el impacto consecutivo de dos huracanes y varios sismos de mediana intensidad, en medio de una crisis energética que se prolonga hasta hoy. Los fenómenos —Oscar, Rafael y una serie de terremotos en la región oriental— dejaron un rastro de destrucción que puso a prueba la capacidad del país para reaccionar ante emergencias y sostener los procesos de recuperación.
El huracán Oscar, estacionado por más de veinte horas sobre Guantánamo, provocó inundaciones severas, pérdidas humanas y daños considerables en una zona históricamente afectada por la sequía. Días después, Rafael, de categoría 3, impactó la provincia de Artemisa, destruyendo viviendas y cultivos, y afectando la infraestructura eléctrica que abastece a La Habana y sus alrededores. A ello se sumaron varios sismos, dos de ellos superiores a los seis grados en la escala de Richter, que dañaron miles de viviendas en Granma.
Durante el siglo XX, Cuba ha sido golpeada por numerosos huracanes, concentrados especialmente en el oriente del país, en provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Fenómenos como Flora (1963), que dejó más de mil muertos y devastó cultivos e infraestructura, o Allen (1980), con vientos catastróficos y comunidades costeras arrasadas, evidencian la vulnerabilidad histórica de esta región.
Estas experiencias históricas consolidaron la necesidad de sistemas organizados de alerta temprana, evacuación y refugios, que hoy permiten a Cuba reaccionar con mayor rapidez ante huracanes como Melissa, el más reciente de la temporada ciclónica, que tocó la isla por el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, con vientos sostenidos de 193 km/h.
Sin embargo, estos desastres ocurren en un contexto de vulnerabilidades estructurales y socioeconómicas que agravan su impacto y ralentizan la recuperación. La crisis económica limita la inversión en infraestructura, incluyendo la red eléctrica, los sistemas hidráulicos, las comunicaciones y la vivienda.
En este escenario, el éxito en la reducción de pérdidas humanas depende de la preparación, la planificación y la coordinación entre instituciones y comunidades.
“Cuba enfrenta un escenario de multiamenazas, en el que confluyen tanto fenómenos naturales —huracanes, sequías, inundaciones, tornados— como desastres de otra índole, entre ellos los sanitarios y tecnológicos. Basta recordar la pandemia de la Covid-19 y su fuerte impacto en la vida social y económica del país. A estas amenazas se suman vulnerabilidades acumuladas y emergentes. Todo ello impone la urgencia de seguir fortaleciendo la gestión de riesgos de desastres, un proceso que debe articular conocimientos, preparación y participación desde todos los niveles: institucional, local y comunitario”, explicó a OnCuba el geotécnico, ingeniero geólogo y especialista en reducción de riesgos por deslizamientos, profesor titular de la Universidad de Moa Rafael Guardado.
Para comprender mejor cómo Cuba enfrenta estos riesgos y cuáles son sus principales desafíos, hablamos con Guardado, quien analiza la gestión de desastres naturales desde la perspectiva técnica, social y climática.
¿Cómo se define la gestión de la reducción del riesgo de desastres?
Es un proceso estrechamente vinculado a la construcción de resiliencia. Su objetivo es que los gobiernos, los actores locales y la población alcancen un mayor conocimiento y control de los riesgos para prevenir o mitigar sus efectos, ofrecer una respuesta rápida y efectiva y lograr una recuperación sostenible.
No es una tarea exclusiva de la Defensa Civil, sino una responsabilidad compartida por todos los sectores socioeconómicos y la ciudadanía.
¿Cómo describiría el sistema de gestión de desastres en Cuba y cuáles son sus principales fortalezas?
El sistema de gestión de desastres en Cuba es reconocido internacionalmente por su eficacia, especialmente considerando los limitados recursos económicos del país. Su fundamento básico es la protección de la vida humana, y funciona como un sistema de Defensa Civil que protege a la población, la economía y los recursos frente a desastres naturales, accidentes y otros peligros.
Aunque el principio de prevención es central —el lema es “prevenir es mejor que lamentar”—, en la práctica la preparación se concentra principalmente en la temporada de huracanes. El sistema es totalmente estatal, con participación masiva y comunitaria, y está institucionalizado a través de la Defensa Civil Nacional, operando en los niveles nacional, provincial, municipal y de consejo popular.
Su estructura es descentralizada, organizada por provincias y municipios mediante los Consejos de Defensa, que integran representantes de todos los sectores: Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, salud, educación, comunicaciones, recursos hidráulicos, entre otros.
El sistema funciona de manera cíclica en cuatro fases:
- Prevención y preparación: Incluye planificación territorial, elaboración de planes de reducción de desastres para distintos tipos de eventos, y un robusto sistema de alerta temprana a través del Instituto de Meteorología (INSMET) y los medios de comunicación. Anualmente, en mayo, se realizan ejercicios a gran escala antes de la temporada ciclónica.
- Alerta: Activación de fases informativa, de alerta ciclónica y de alarma ciclónica. Se realizan evacuaciones obligatorias y organizadas, protección de bienes, techos, vidrios, animales y recursos económicos.
- Respuesta: La prioridad es la protección inmediata de la población, con movilización de recursos, brigadas de trabajadores, Fuerzas Armadas y policía. Los medios de comunicación informan constantemente.
- Recuperación: Evaluación rápida de daños, restablecimiento de servicios básicos (electricidad, agua, comunicaciones, acceso vial) y limpieza de zonas afectadas, con fuerte participación comunitaria.
Entre los factores que explican su éxito destacan la aplicación de la ciencia y la técnica, la coordinación con los medios de comunicación, la participación de los Consejos Populares, y la disciplina y solidaridad de la población.
No obstante, el sistema enfrenta desafíos significativos: escasez de recursos materiales, fragilidad de la infraestructura, lentitud en la recuperación post-desastre y limitaciones en la inversión.
¿Cuáles son los desafíos actuales para la gestión del riesgo ante desastres en el país?
Los desafíos que enfrenta Cuba en materia de gestión de desastres son múltiples y están profundamente interconectados. La crisis económica estructural limita la inversión en infraestructura crítica, incluyendo la red eléctrica, el sistema hidráulico, las comunicaciones y la vivienda. A esto se suma la escasez de materiales y combustible, que reduce la capacidad de respuesta rápida y efectiva, mientras que la tecnología obsoleta aumenta la vulnerabilidad frente a eventos extremos.
En cuanto a la infraestructura crítica, el país presenta fragilidades significativas. El sistema eléctrico, dependiente de centrales termoeléctricas envejecidas, es especialmente vulnerable a los huracanes, provocando apagones prolongados que paralizan servicios esenciales. El sector hidráulico también enfrenta riesgos: embalses, acueductos y plantas de tratamiento sufren cortes de energía que afectan el bombeo y la distribución de agua. Por su parte, el parque habitacional muestra debilidades estructurales importantes, con más del 40 % de las viviendas en estado regular o malo, muchas situadas en zonas de riesgo, lo que incrementa la exposición de la población frente a desastres naturales.
A esto se suman problemas socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad: inseguridad alimentaria, destrucción de cultivos, dependencia de importaciones y emigración de capital humano especializado. Además, fenómenos de desarrollo lento como sequías prolongadas, intrusión salina en acuíferos y erosión costera presentan riesgos emergentes.
La recuperación postdesastre es extremadamente lenta. La frecuencia creciente de huracanes y eventos climáticos “satura” la capacidad de respuesta del Estado y aumenta la dependencia de ayuda externa, especialmente debido a sanciones económicas y limitaciones internas.
¿Qué factores han permitido mantener bajos niveles de mortalidad durante los eventos, a pesar de los daños materiales y las condiciones actuales?
La preparación y planificación previa es clave. El sistema de alerta temprana debe llegar a toda la población de forma comprensible, y la planificación urbana debe evitar asentamientos en zonas de alto riesgo. La evacuación ordenada y oportuna salva vidas, con rutas señalizadas, refugios seguros y protocolos claros.
Otros factores críticos son: la coordinación institucional, la comunicación centralizada y veraz, la inversión sostenida en protección civil, la aplicación de la ciencia y la innovación, y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. La educación y cultura de prevención son esenciales; un país que prioriza la vida por encima del patrimonio material demuestra haber entendido el verdadero propósito de la gestión de riesgos.
¿Ha cambiado la estrategia de respuesta ante el aumento de fenómenos extremos y el cambio climático?
Sí, pero con avances lentos debido a los recursos limitados. El sistema ha evolucionado de un modelo reactivo hacia uno que incorpora reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, con planes estructurales como la Tarea Vida (2017), que integra planificación territorial, agricultura y turismo considerando riesgos climáticos futuros.
Se han fortalecido los Consejos de Defensa Municipales para decisiones locales, y se ha comenzado a invertir en gestión integral del agua, protección de fuentes de agua dulce y adaptación frente a sequías prolongadas. Sin embargo, la brecha entre planificación y ejecución persiste, y la infraestructura sigue siendo un punto débil.
Usted insiste en la importancia de una gestión “inclusiva”. ¿Qué implica exactamente este enfoque?
Construir comunidades seguras y resilientes requiere considerar las capacidades y necesidades diferenciadas de las personas, así como las causas que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables.
Los desastres tienden a afectar con mayor severidad a quienes tienen menos recursos o capacidades para afrontarlos. Por eso es fundamental incorporar la inclusión en todas las etapas de la gestión de riesgos —prevención, preparación, respuesta y recuperación—, garantizando el reconocimiento de la diversidad, la participación ciudadana y el respeto a los derechos de todas las personas, sin importar edad, género, discapacidad, identidad u otra condición.
¿Cuál es el propósito central de la gestión inclusiva del riesgo de desastres?
El propósito es minimizar el impacto de los desastres teniendo en cuenta las distintas vulnerabilidades —por edad, género, discapacidad u otras condiciones— y asegurar la protección de todas las personas en las medidas de prevención, preparación y respuesta.
Además, busca promover la participación activa de los grupos más vulnerables en todo el ciclo de gestión e incidir en las causas estructurales de la vulnerabilidad, generando capacidades de resiliencia a largo plazo.
¿Qué transformaciones concretas pueden lograrse mediante este enfoque inclusivo?
Son múltiples los cambios que puede generar. En primer lugar, una mayor percepción del riesgo y mejor preparación de las comunidades, especialmente de los grupos más vulnerables. También impulsa el desarrollo de sistemas de alerta temprana más eficaces y accesibles, y la incorporación de las necesidades específicas de estas personas en los planes de reducción de riesgos.
El enfoque inclusivo promueve además la adaptación de infraestructuras y servicios básicos —como el agua, el saneamiento o la nutrición— a los distintos escenarios de peligro, y la eliminación de barreras que limitan la participación y la movilidad de las personas con discapacidad en las fases de preparación, respuesta y recuperación. Pero, sobre todo, fortalece las redes comunitarias de apoyo, esenciales para acompañar a quienes más lo necesitan en momentos de crisis.
¿Qué aspectos del sistema deberían reforzarse para enfrentar fenómenos más poderosos en el futuro?
Para enfrentar fenómenos cada vez más poderosos, Cuba necesita un cambio de paradigma, pasando de una gestión reactiva a una estrategia proactiva y transformadora. Esto implica, en primer lugar, fortalecer la comprensión científica de los riesgos, mediante modelización avanzada, escenarios de cambio climático y sistemas de alerta multiamenaza. Al mismo tiempo, es fundamental integrar el cambio climático en todas las políticas, desde la construcción y el urbanismo hasta la agricultura, la energía y la salud, de modo que cada decisión considere los riesgos futuros.
Otro pilar clave es el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y la gobernanza local, empoderando a las comunidades para la autoprotección y asegurando una coordinación eficiente entre los diferentes niveles de gobierno. Esto debe complementarse con una inversión sostenida en infraestructura crítica y natural resiliente, incluyendo carreteras, puentes, hospitales, redes eléctricas y la restauración de cuencas hidrográficas.
La educación, la cultura y la percepción del riesgo son igualmente esenciales. Los sistemas de alerta deben ser claros, comprensibles y accesibles para toda la población, combinando tecnología moderna con métodos tradicionales, de manera que nadie quede fuera de la protección.
Finalmente, la fase de recuperación debe concebirse como una oportunidad: después de un desastre, es posible corregir errores, reubicar asentamientos y aplicar códigos de construcción más estrictos, construyendo comunidades más seguras y sostenibles.
En definitiva, la clave no es solo mitigar los daños de los fenómenos naturales, sino proteger a las personas frente a los peligros que estos generan, asegurando que cada evento tenga el menor impacto humano posible.
