Ariel Dacal Díaz
En días recientes, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que estamos en una etapa decisiva para lograr que los principios emancipadores, de igualdad y de inclusión que se defienden en el Código de las Familias sean aprobados.
Con posterioridad al venidero debate en el Parlamento, en el mes de julio, en septiembre iremos a referéndum sobre las modificaciones al Código derivadas de la consulta popular. Vienen meses definitorios para conocer los avances que han tenido las posturas en disputa durante el proceso.
El referéndum que se avecina levanta algunas interrogantes que lo anteceden y lo precederán: ¿qué porciento votará Sí y cuál votará No por el nuevo Código de las Familias?; ¿cuál será el nivel de participación en las urnas?; ¿qué significarán los resultados dentro del escenario político cubano?; ¿será, además de un posicionamiento sobre el Código mismo, un plebiscito sobre otros asuntos? Toda esas interrogantes avalan la idea que el referéndum será uno de los momentos políticos más importantes que nos depara lo que resta de año.
Como resultado concreto, las cubanas y los cubanos tendremos un segundo referéndum en un plazo de tres años y unos meses, hecho inédito en décadas. El más reciente proceso de este tipo fue el colofón del proceso constitucional. Esto es más significativo porque, en ambos casos, la votación fue antecedida por una consulta popular. No obstante, —un pequeño paréntesis—, hubiera sido deseable que la metodología propiciara la creación de consensos grupales, sectoriales, gremiales, territoriales, en lugar de solo criterios individuales en clave de agregación de demandas.
Si bien las urnas dirán la última palabra, o al menos dejarán una foto más fidedigna de la sociedad realmente existente, el proceso de elaboración, presentación y consulta popular nos permite, hasta ahora, trazar líneas de análisis e interpretación —útiles más allá del Código mismo— que describen algunos de los referentes políticos dentro de los cuales nos movemos como país.
Como parte de este proceso, entre los meses de febrero y abril se realizó la consulta popular. Según datos oficiales, hasta el 13 de abril se efectuaron 79 mil reuniones. En el exterior del país se realizaron, según la misma fuente, 1159 encuentros. El Consejo Electoral Nacional, órgano encargado de organizar este proceso, afirma que participaron más de 6 millones, 481 mil personas en los encuentros barriales. En este proceso se contabilizaron 397 mil opiniones, dentro de las que un 60% resultaron a favor de la totalidad del Código, y un 20% fueron propuestas de modificación. Los temas más reiterados aluden al matrimonio, la responsabilidad parental y la gestación solidaria.
Son datos a tener en cuenta, pues muestran alguna tendencia probable del voto no obstante las dudas sobre los números expuestos, en especial con el nivel de participación que reflejan, que no coinciden con algunas constataciones empíricas. De cualquier modo, debemos ir más allá de esos datos, y describir dinámicas menos visibles, las que pudieran contribuir a la caracterización del cuadro socio político nacional en el corto y mediano plazo.
A lo largo del proceso de elaboración y consulta del Código de las Familias se han afirmado fuerzas políticas diferentes, incluso antagónicas. Ellas comenzaron a dar señales desde los debates en torno al Artículo 68 del entonces proyecto de Constitución. Estas se manifiestan desde la sociedad civil. De un lado, grupos de activistas pro diversidad sexual, del otro, tendencias conservadoras, fundamentalmente en el ámbito religioso; los puntos más visibles de este mapa.
En ambos casos, se verifican niveles de organización, articulación, posicionamiento público, uso de recursos comunicativos, presión frente a las políticas públicas e impactos educativos. Tal hecho describe, de manera concreta, la politización creciente de la sociedad civil, sus signos de pluralidad y algunas manifestaciones de polaridad.
Al mismo tiempo, se ha notado una mayor presencia del Gobierno en la divulgación, debate, y posicionamiento respecto a la ley. Se amplía, también, el uso de recursos comunicativos que, aunque insuficientes, intentan mover el discurso público de los límites del lenguaje técnico-jurídico y la recurrida propaganda política. Se ha hecho un uso más político de la norma, de los derechos y de los principios que la sustentan. No obstante, se debe apuntar que los primeros contrapunteos y campañas comunicativas llegaron de los diversos grupos de la sociedad civil y que, en algunos temas, el gobierno ha tenido una postura más reactiva.
De cara a las urnas continuarán los debates, los contrapunteos, las compañas en una u otra dirección, la definición de posiciones, la emergencia, quizás, de nuevos temas respecto al Código, la posible movilización pública a favor o en contra.
Como hecho significativo, el Sí y el No tienen detrás proyecciones políticas más articuladas, al tiempo que recursos comunicativos, de lo que pudiéramos imaginar pocos años atrás. Esta ocupación del territorio político, aun con todos los límites que podemos advertir, parece marcar un punto de no retorno, o una nueva época para las maneras de hacer política en Cuba.
La experiencia reciente permite conjugar, además, tres asuntos: la diversidad que somos, los sujetos que podemos ser y los derechos que podemos esgrimir. Es notorio el hecho de develar la diversidad que nos constituye, avanzar en su reconocimiento y su auto reconocimiento como sujetos, y la protección de sus derechos. Es decir, se destaca el asumir nuestras diversidades desde una perspectiva de sujetos de derecho en el ámbito de las familias. ¿Anunciará esto una conjugación similar en otros ámbitos sociales?
Otra nota del proceso es el desmonte de tabúes. Se ha hablado en voz alta de lo que antes solo podía ser discutido “puertas adentro”. Determinados actores sociales han accedido a espacios donde antes era impensable, ejemplo la televisión, donde llegaron visiones distintas, incluso antagónicas. Llegaron, claramente, afirmaciones que sustentan proyectos políticos diferentes.
Ahora bien, este hecho, en esencia positivo, nos presenta otro dilema: ¿pueden llegar a los espacios públicos, en igualdad de condiciones, quienes afirman derechos y quienes los limitan? Este problema quedó planteado con la aparición televisa de representantes del sector fundamentalista, claramente opuestos al Código, y más relevante que eso, opuestos a los derechos múltiples que este esgrime. ¿Cómo ventilar en lo adelante esta tensión? ¿Este proceso abrirá el camino a otra política para el acceso a los medios de comunicación?
Al parecer, y a pesar a los datos generales de la consulta a los que hemos tenido acceso, somos una sociedad más conservadora de lo que podíamos creer, incluso admitir o desear. Ese conservadurismo, no solo de carácter religioso, se extremó con la emergencia de posturas de odio, ese recurso extremo de quienes no toleran la diferencia.
La emergencia del conservadurismo social, político y religioso pone otra alerta sobre las maneras de hacer política y los pactos que nos debemos como nación en el actual contexto de crisis. ¿La diversidad que nos constituye como nación en general, y como familias en particular, está suficientemente metabolizada en la cultura política? ¿El derecho posible se reduce a quienes participan de las mismas ideas y manifiestan iguales actitudes? ¿Qué papel tendrá la ley en el reconocimiento y la protección de otras diferencias que nos afirman como sociedad?
Se abre paso, aún de manera insuficiente, la pluralidad de voces y de lugares sociales desde donde pueden ser esgrimidas y escuchadas. Se abre paso a otra conjunción de la ley, la política y los afectos. La propia cultura jurídica, como recurso para el ejercicio consciente de la ciudadanía, demostró tanto sus límites como sus potencialidades. ¿El uso de la ley en tanto recurso de convivencia se asentará como parte de un modelo político más socializador?
El derecho revisado entre todas y todos, más que nada reconocido en el otro y la otra; las normas que nacen de nuestra elaboración, incluso de la controversia; y el orden socialmente pactado que augura mejor convivencia, justicia y dignidad es un ensayo loable a tenor del Código de las Familias. Queda por ver cuánto de esto enriquecerá los moldes del país que seremos.
