El Consejo de Estado de Cuba convocó este martes a un proceso eleccionario del que saldrán los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, cargo que ocuparán durante los próximos cinco años, según informaron medios oficiales en la Isla.
El llamado cumple con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley No. 127 “Ley Electoral”, del 13 de julio de 2019, de acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
A través del sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular se explicó que este proceso efectuará su primera vuelta el 27 de noviembre próximo, y que para el 4 de diciembre está programada una segunda votación en las circunscripciones donde ninguno de los candidatos hubiese obtenido más del 50 % de los votos válidos emitidos, agrega el medio.
En el propio portal digital del Parlamento cubano se explica que la función de los delegados municipales consiste en “ejercer el poder del pueblo” e intervenir “en las decisiones estatales que afectan a toda la comunidad”. A través de ellos los ciudadanos pueden presentar quejas y opiniones relacionadas con el lugar donde viven, y participar “en la discusión y solución de los problemas”.
Según establece la legislación vigente, su elección es mediante el voto libre, igual, directo y secreto de los electores. El Consejo Electoral Nacional, una vez culminadas las elecciones, informará de sus resultados a la población.
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La convocatoria a las elecciones de delegados municipales fue publicada en la Gaceta Oficial No. 54 de este 6 de septiembre de 2022, y está firmada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano.
En las anteriores elecciones municipales, celebradas en la isla en 2017, aspiraron 27 000 candidatos por 12 515 puestos de delegados y más de 7,2 millones de cubanos ejercieron el voto, el 82,05 % de los ciudadanos de la isla, según datos manejados por la agencia Efe.
De acuerdo a la ley electoral aprobada en julio de 2019, en Cuba seguirán siendo ilegales las campañas electorales y la financiación a candidatos. Además, se necesitan al menos dos años de residencia en el país para ejercer el voto y un mínimo de cinco años para aspirar a un cargo público.