Redacción OnCuba
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular de Cuba determinó modificar la denominación, sede y competencia de las estructuras de los tribunales de justicia en la Isla, según publican medios oficiales.
La disposición, pública en la Gaceta Oficial número 10, Extraordinaria, responde a las modificaciones introducidas por las Leyes de los tribunales de justicia, del Código de procesos, del proceso administrativo, del proceso penal, aprobadas el 28 de octubre de 2021 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, reporta la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
De acuerdo con el medio, la aprobación del acuerdo –cuyo numeración es 277– tiene como fin “garantizar un servicio judicial de calidad, enfocado en la satisfacción de las expectativas de los usuarios y otros interesados, con apego a la Constitución de la República y las demás disposiciones normativas”.
Aclara el texto publicado en la Gaceta Oficial que, para la decisión acordada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular fueron tomados “criterios favorables” de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio del Interior (Minit), el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
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El documento legal determina, entre sus disposiciones, que los consejos de gobierno de los tribunales evaluarán de manera periódica el impacto y eficacia de la implementación del acuerdo, en cada estructura jurisdiccional y unidades de apoyo. A su vez, y transcurrido un año, rendirán cuenta ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, según refiere la ACN.
La publicación de este acuerdo trasciende en momentos en que el sistema judicial cubano está en el foco de la opinión pública, debido a los procesos legales y sentencias dictadas o propuestas en los mismos contra ciudadanos participantes en las protestas que sacudieron al país en julio de 2021.
Cuba: Fiscalía informa sobre procesos penales por las protestas del 11 de Julio
Es días recientes, la FGR ofreció información sobre estos procesos, en los que hasta el momento instruyó de diferente cargos a 790 personas, de acuerdo con una nota publicada por el diario oficial Granma.
En en esa actualización la Fiscalía reconoció que entre los acusados aparecen 115 con edades inferiores los 20 años, y que se pudo comprobar la implicación en los hechos de 27 menores de 16 años, a los que, asegura, al no ser sujetos del Derecho Penal, se les aplicó el procedimiento legal establecido para estos casos.
El procesamiento de estos jóvenes, las acusaciones por sabotaje y sedición en algunos casos, así como las largas condenas solicitadas por ministerio público y ratificadas por los tribunales en varios casos, han estado en el centro de las críticas aparecidas en medios independientes contra estos juicios por una presumible violación de los derechos humanos. Dichas críticas ha sido calificadas como “tendenciosas” y “manipuladoras” por el Gobierno cubano, según Granma.
