Amado Viera
A comienzos de octubre el periodista Fernando Ravsberg se preguntó en Facebook por un “nuevo diseño para casas de secado de tabaco” sobre el que en 2013 el diario Granma había publicado una nota. Por entonces, el proyecto ya contaba con el aval de la dirección tabacalera de Pinar del Río y se habían construido sus primeros cinco prototipos, con aceptación entre campesinos de municipios como San Juan y Martínez, el principal productor de la hoja en Cuba.
Aunque los nuevos inmuebles brindaban un mayor volumen de almacenamiento, su gran ventaja radicaba en la capacidad para resistir fuertes vientos, a partir de una estructura que remitía a los conocidos “vara en tierra”: las nuevas casas eran un 30 % más bajas y un 40 % más anchas que las de modelo tradicional.
La información de Granma concluía con un antecedente fundamental: al menos una vez por década los huracanes arrasan las casas de curar tabaco de Pinar del Río, obligando a movilizar “carpinteros de todo el país y numerosos recursos” para recuperarlas. Solo en 2008 los ciclones Gustav e Ike habían dejado 7.000 de esas edificaciones en el suelo.
Catorce años más tarde al periodista uruguayo le asaltaba la duda de si aquella propuesta no había funcionado o, simplemente, nunca se había puesto en práctica. Luego del paso del huracán Ian por la provincia más occidental de Cuba, el Ministerio de la Agricultura reportó que apenas el 8 % de las casas de cura de tabaco pinareñas se mantenían en pie. De las 11.750 cuantificadas con afectación, 10.125 habían quedado completamente destruidas.
La incumplida estrategia “anticiclónica”
El 30 de agosto de 2008, en la localidad pinareña de Paso Real de San Diego, los instrumentos de medición se inutilizaron cuando marcaban una racha de 340 kilómetros por hora, causada por el huracán Gustav. Pocos meses después, la Organización Meteorológica Mundial otorgaría a ese registro la condición de “record mundial” entre las rachas de viento ocurridas durante el paso de huracanes tropicales.
Los especialistas llevan tiempo alertando sobre la posibilidad de que tormentas tan devastadoras sean cada vez más comunes. Un resumen publicado por la NASA en junio de este año prevé “huracanes más fuertes y húmedos para los próximos años” debido al “exceso de calor”, consecuencia del cambio climático. En las últimas décadas los huracanes del Atlántico redujeron sus velocidades de traslación un 17 % promedio, con lo que las precipitaciones que ocasionan se incrementaron un 25 %.
En Cuba, el “año terrible” —2008, en que los huracanes Gustav, Ike y Paloma arrasaron provincias de las tres regiones de la Isla— parecía haber anticipado las alarmas en cuanto al tema. Junto con mejoras en la agricultura, la estrategia anticiclónica del Gobierno concentró sus esfuerzos en tres ámbitos: la creación de sistemas locales de generación eléctrica, la construcción de viviendas resistentes a huracanes de mediana y gran intensidad, y el reasentamiento de comunidades vulnerables.
El primero de esos proyectos era el que mayores avances mostraba. En enero de 2006, Pinar del Río se había convertido en la primera provincia en completar su red de grupos electrógenos. En teoría, esta debía permitirle funcionar como una “isla” en caso de contingencias meteorológicas como las que la desconectaban cada cierto tiempo del resto del país, o cortaban los enlaces entre sus municipios. “Independientemente del suministro nacional, 164 000 kilowatts/ hora de nueva capacidad generadora respaldan el servicio provincial y apoyan cuantas veces se requiera al servicio nacional. Podrá faltar la luz por un árbol que caiga en la red de distribución, un transformador que se afecte por cualquier causa […] un trabajo eléctrico que requiera interrumpir el suministro, un huracán [que] obliga a apagar las luces, apenas el viento sopla a más de 70 […] pero no por falta de fluido en el sistema, algo que constantemente ha venido ocurriendo en los últimos tiempos”, había asegurado Fidel Castro al inaugurar el emplazamiento de generación diesel que completaba la red provincial.
En la década siguiente el país replicó ese esquema por toda su geografía, beneficiándose de su funcionalidad ante contingencias como las provocadas por los huracanes Sandy e Irma, en 2012 y 2017. Pero el envejecimiento de los grupos electrógenos y la falta de piezas de repuesto y conservaciones adecuadas han vuelto inoperantes la mayoría de las grandes baterías y muchos de los generadores instalados en centros de producción o servicios. El parte de la Unión Eléctrica de este 14 de octubre cifraba en 1.750 megawatts/ hora (MWh) las capacidades de generación distribuida “indisponibles por avería” o mantenimiento, para el horario pico los motores diesel estaban en condiciones de generar apenas 100 MWh.
La experiencia reciente en Pinar del Río terminó confirmando la validez de la generación distribuida, sobre todo en municipios sin posibilidades de ser reconectados en poco tiempo al sistema eléctrico nacional. También ratificó la convicción de que solo viviendas de mampostería, con “cubiertas rígidas”, son capaces de soportar los embates de un huracán de cierta magnitud.
Así se pensaba ya a mediados de los 2000, cuando comenzaron a instalarse en Cuba los techos Trimax. Utilizando paneles de poliespuma, mallas electrosoldadas y pequeñas cantidades de cabillas y hormigón esa tecnología permite construir techos similares a una placa tradicional, capaces de servir como entrepisos para una edificación de varias plantas. Todo ello con menor consumo de materiales y sin emplear encofrados ni grúas. Hacia 2009 provincias como Villa Clara impulsaban un programa de viviendas resistentes a los huracanes, que en ese año alcanzaba el 75 % de las 1 600 casas que se construirían en el territorio. El requisito básico de la nueva tipología era contar con cubiertas de hormigón.
Siguiendo la misma premisa, a partir de 2008 en Pinar del Río fueron instalados miles de techos Trimax, y de prefabricados y placas tradicionales. Hasta los módulos de petrocasas donados por Venezuela sufrieron modificaciones, sustituyéndose en algunos asentamientos las planchas de cinc contempladas en el proyecto original por paneles de Trimax, con el objetivo de multiplicar su resistencia. La convicción compartida era que las tejas metálicas o de asbesto cemento (un material, por demás, cancerígeno) solo podían considerarse una solución temporal.
De acuerdo con la Norma Cubana de Vientos, emitida en 2003, el territorio comprendido entre Pinar del Río y Villa Clara constituye la llamada Zona I, en la que los efectos de ese elemento climático son más marcados y existe una mayor recurrencia de los huracanes. La “presión básica característica del viento” allí es un 15 % mayor que la calculada para la Zona II (de Sancti Spíritus a Camagüey) y casi 31 % más alta que en la Zona III (de Las Tunas a Guantánamo).
Una actualización de la Norma presentada en 2011 por los ingenieros Carlos Llanes Burón y René Blanco Heredia, profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana y la Universidad de Matanzas, respectivamente, propuso sumar a las condicionantes regionales el impacto del mar. Su recomendación era ampliar el terreno categorizado como faja costera desde los 0,5 kilómetros pautados en la Norma hasta 20 kilómetros tierra adentro a partir de la costa sur y 10 kilómetros en la vertiente norte. También indicaban recalcular las variables para huracanes de las categorías IV y V en la escala Saffir-Simpson, considerando que estos meteoros resultan cada vez más comunes y destructivos. De acuerdo con sus estimaciones, los nuevos edificacios deberían proyectarse con capacidad para resistir vientos de al menos 209 kilómetros por hora. Tal grado de fortaleza solo se puede alcanzar con estructuras de mampostería y hormigón armado.
En varias notas OnCuba ha reseñado las dificultades del país para sostener su programa de construcción de viviendas; en particular, por la caída de la producción nacional de cemento. Como solución de contingencia, las autoridades han promovido el uso de madera de palma y otros materiales locales, pero esas alternativas no bastan para solucionar las necesidades habitacionales acumuladas durante décadas. Tampoco para enfrentar los daños dejados por los huracanes, que antes de Ian se estimaban en alrededor de 60.000 derrumbes totales y más de 140 000 afectaciones de menor cuantía. Eso, sin contar con las comunidades vulnerables al cambio climático, que el plan de Estado Tarea Vida ha considerado necesario trasladar hacia zonas más seguras.
Trece comunidades, incluidas varias de la costa sur de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, encabezan la lista. Entre estas se encuentra Playa Guanímar, un balneario artemiseño que diez días después del paso Ian seguía teniendo en una carretera inundada su única ruta de acceso. Los destrozos ocasionados allí por el huracán eran dramáticos. Desde el comienzo de este siglo sus habitantes se han visto en el mismo trance al menos en cuatro ocasiones, por cuenta de huracanes que han llevado las aguas hasta dos kilómetros tierra adentro. Lo que no ha destruido la inundación se lo han llevado los vientos, obligando a reconstrucciones que en pocos años han vuelto a perderse.
La solución sería evacuar el poblado, reasentando a los guanimareños más allá de la cota de inundación. Pero hacerlo implica una inversión impensable en los tiempos que corren. Así, hasta que el próximo temporal vuelva a poner en evidencia la vulnerabilidad del enclave, y lo oportuno que hubiese sido apostar por soluciones definitivas. Como en el caso de las casas de cura “anticiclónicas”, que alguna vez se perfilaron como remedio al talón de Aquiles de la agricultura tabacalera en Pinar del Río; aunque al paso de Ian por ese territorio no alcanzaran a demostrarlo.
