Amanda Padrón
Cuatro años atrás, el economista Juan Triana se preguntaba qué pasaba con el “mamífero nacional”, cuyas carnes se habían vuelto esquivas para la mayoría de la población cubana. “Hace cuatro años —dijo recientemente Idael Pérez, Ministro de la Agricultura— teníamos unas 96 mil reproductoras porcinas (…). Hoy contamos con 26 mil, no en buenas condiciones”.
Cuatro años atrás la entrega de carne porcina al balance nacional parecía tocar fondo, cuando al cierre de 2020 se contabilizaron apenas 93 400 toneladas de carne de cerdo en banda entregadas a la industria, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la ONEI. Pero lo peor estaba por venir: en cuatro años decreció todavía más la producción en este renglón (más del 85 %); en 2023 se registró la menor cifra de los últimos 15 años: 13 300 toneladas.
Con esos “truenos” la tormenta de los precios fue perfecta. Si en 2020 el economista Triana refería precios entre 40 y 50 pesos por libra —y en ese contexto pre-Ordenamiento ya resultaba incosteable para no pocos—, la más reciente publicación sobre Precios mínimos y máximos de variedades (agosto de 2024), de la ONEI, ubica entre 600 y 700 pesos la libra en la mayoría de las provincias del país, y hasta 850 en La Habana.
Tomando en cuenta que la pensión mínima es de 1528 pesos, resulta sencillo estimar que una parte no despreciable de la población hace tiempo no puede costearse un bistec.
¿Qué pasó?
A juzgar por las escasas explicaciones del Ministro de la Agricultura en la Mesa Redonda a principios de octubre, la debacle de la porcicultura en Cuba puede ponérsele en la cuenta al recrudecimiento del bloqueo y a la crisis económica internacional, que han impactado en el alza de las materias primas, el costo de la transportación marítima y la falta de combustibles.
Pero los desajustes anteceden a esa combinación de factores. El reportaje “Puercos jíbaros” , publicado en el periódico Invasor, de Ciego de Ávila, a finales de 2018, mostró las contradicciones que arrastraba el sector y que, de cara al año nuevo y el anuncio de la obligatoriedad de pagar el impuesto por ingresos personales a los criadores de cerdos —por primera vez desde que se aprobó en 2012 la Ley 113 del Sistema Tributario—, auguraban la crisis.
Los porcicultores de la provincia dijeron que sin pienso —ya para entonces se acusaba el incumplimiento del convenio con la Empresa Porcina— y con “la rebambaramba del fisco”, la masa iba a decrecer, por insostenible. “Yo tenía 1 000 y ahora decidí quedarme con 400; y como yo, una pila de gente está reduciendo sus contratos”, dijo un criador de más de quince años de experiencia.
El reportaje acotaba, además, que el déficit de pienso no era nuevo. Al menos cuatro años antes, el mismo medio local había investigado sobre el tema: si en 2014 la deuda era de unas 4 mil toneladas, en 2018 casi se había duplicado. La Empresa Porcina no estaba cumpliendo su parte del convenio y a los guajiros no se les hacía más fácil garantizar el 30 % de la comida tal como establecía el contrato.
El entonces presidente de la ANAP en Ciego de Ávila reconocía: “la inestabilidad en el combustible ha sido constante. Los que tienen que sembrar hectáreas de alimento necesitan el petróleo y lo que ha hecho es reducirse su asignación”.
Entre comida e impuestos, los criadores de cerdos empezaron a debatirse con “el papeleo”. La actividad porcina es altamente contaminante por sus residuos y, aunque tarde, el Ministerio de la Agricultura (MINAG) comenzó a exigir requisitos. Ello derivó en el cierre forzoso de algunas cochiqueras y la rescisión de contratos ante el incumplimiento de las exigencias medioambientales y sanitarias, además de la decisión del Banco de Crédito y Comercio de no aprobar préstamos a quienes no hubiesen resuelto sus “ilegalidades”.
En medio de todo eso, los planes permanecieron inamovibles, solo para terminar incumpliéndose.
Aquellos polvos trajeron estos lodos
La debacle avileña se repitió en Villa Clara y Sancti Spíritus; las tres provincias constituían el bastión porcino del país, con los mayores productores y las mayores entregas al balance nacional. Atendiendo a los resultados históricos del último quinquenio, de esta zona, para 2018 estaban proyectadas unas 200 mil toneladas: un récord productivo nacional.
Pero ese año fue aciago, también, en ambas provincias: en Villa Clara, además del déficit de pienso de ceba (deuda de unas 10 700 toneladas), el huracán Irma (septiembre de 2017) impactó en las reproductoras, llevándose por delante el 80 % de la masa básica —“se perdieron alrededor de 400 puercas madres y más de 1000 crías”, explicó el periódico Vanguardia.
En Sancti Spíritus, también afectada por el huracán de gran intensidad, otras causas hicieron mermar los totales: “problemas de salud presentados en nuestras unidades el pasado año que obligaron a sacrificar 760 reproductoras. Por esas dos causas dejamos de contar con unos 14 mil cerdos que representan en el plan 1 400 toneladas de carne; otra razón es la deuda de alimentos con los convenistas”, confirmaba a Escambray el director general de la Empresa Porcina espirituana, José Antonio Piña.
Según Piña, el anuncio del pago del tributo como parte de la Ley del Presupuesto aprobada en la Asamblea Nacional provocó que más del 40 % de los productores con animales propios se retiraran de la ceba.
Aun así, en 2018 se produjeron 149 400 toneladas de cerdo en banda —de acuerdo con el Anuario Estadístico. Industria manufacturera. Edición 2019—. Fue la cifra más alta de los últimos 15 años, pero a la vez marcaría el inicio del descenso sostenido e imparable del sector, con impactos devastadores en la dieta nacional.
La carne de cerdo, la más gustada y asequible para la población cubana, desapareció de los mercados o, en su defecto, se volvió inaccesible. Todavía hoy no encuentra el camino del regreso a la mesa de la gente.
Su precio, como apuntábamos, se ha mudado a la estratósfera y para bajarlo no bastan las buenas intenciones ni las acciones de control sobre la venta. El problema está en los corrales.
¿Invertir la matriz?: el chicharrón no es carne
La cría intensiva de cerdos depende de una alimentación abundante y concreta: para que un animal alcance los 90 kilogramos en 6 meses precisa un pienso a base de cereales, proteínas como la soya, y aminoácidos. La tasa de conversión oscila entre los 3.5 y 4.0 kilogramos de pienso por kilogramo de carne.
Desde 2018 el convenio entre las empresas estatales y los productores individuales, mediante el cual el Estado suministraba el 70 % del alimento animal, no garantizó los ciclos productivos.
En otra Mesa Redonda (mayo de 2020), el entonces Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, dijo que no había condiciones para mantener este tipo de contrato —ya en ese momento la deuda de piensos alcanzaba las 90 mil toneladas—. “En los próximos años tenemos que revertir esta matriz, de manera gradual”. Invertir la matriz nos pondría donde estamos ahora.
El segundo impacto inmediato, después de la “desaparición” de la carne, fue la disminución de productores: de 14 mil activos en 2018, apenas se mantenían unos 6 mil en 2020 y la cifra seguiría decreciendo.
Dos años más tarde, durante la plenaria nacional convocada por la máxima dirección y el Ministerio de la Agricultura para discutir con los criadores “cómo recuperar e incrementar la oferta de la proteína más preferida en la dieta cubana”, se repitió la decisión de no importar piensos y la necesidad de que cada productor garantice el alimento animal.
En medio del debate, incluso los ganaderos con mejores resultados, a partir de destinar hectáreas a sembrar yuca y maíz para los cerdos, dejaron claro que no era suficiente. El porcicultor pinareño Reynier de Jesús —quien había llegado a tener cochiqueras con 3 mil cabezas y en ese momento solo tenía la mitad— explicó que 40 hectáreas de tierra sembrada no engordan 1500 cerdos.
Con esa certeza y para explotar el nicho de un mercado desabastecido, nació en febrero de 2024 la empresa mixta Bioamazonas Pienso S.A., alianza económica entre la entidad cubana Ganadería S.A. —perteneciente al Grupo Ganadero del MINAG— y la empresa brasileña Bioamazonas S.A.
Emplazada en la Zona Industrial No. 2 de Obourke, Cienfuegos, la planta productora deberá entregar 50 toneladas de pienso por hora. “Un simple productor o ama de casa amantes de la agricultura y del cuidado de los animales pueden llegar a la institución y adquirir desde un saco hasta una tonelada de la mercancía, mediante la tarjeta prepago de Bandec y Fincimex, que puede adquirirse en Cadeca y en los bancos. Todo por operaciones digitales”, aseguró la emisora radial cienfueguera en mayo, durante una visita al enclave del vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa.
La operación no es precisamente simple. Los pagos son en divisas, mediante las nuevas tarjetas de débito en dólares. Según el periódico 5 de septiembre, “los precios oscilan entre 25 y 30 dólares —no especifica el costo por unidad de medida, suponemos que un kilogramo—, en dependencia de la tipología que se encargue”. Es decir, el Estado no puede importar piensos de ceba, pero los productores están abocados a pagarlos en divisas si quieren seguir criando cerdos.
Es lo que ha debido hacer la mediana empresa privada Carnes D´Tres, con sede en Ciego de Ávila, que actualmente importa piensos y que en 2022 parecía ser la primera de su tipo en participar de una Asociación Económica Internacional, mediante inversión extranjera directa; pero de ello no se han tenido más noticias.
Mientras la producción de carne de cerdo en banda caía a niveles nunca vistos (15 mil toneladas en 2022 y 13 mil en 2023), desde 2019 se incrementó la importación de carne de cerdo congelada (36 747 toneladas en el último quinquenio, por valor de 145 370 dólares), según el Anuario Estadístico. Edición 2022, Sector Externo. Al parecer, la “matriz” terminó invirtiéndose de un solo lado.
En “los titulares” de cada día de la vox pópuli permanece el precio de la poca carne que llega a los mostradores y, aunque no se descarta un componente especulativo (incrementos de los intermediarios), los modos en que se ceban hoy esos animales —sea con alimentos nacionales o importados—, sumado a los impuestos aplicados (en el caso de las mipymes se trata del 11 % por las ventas) no dejan margen a la baja.
Cuatro años atrás, el Dr. Juan Triana concluía su análisis convocando a mejorar incentivos, actualizar regulaciones, facilitar el camino. Todo está por hacer.
