Del incentivo a la mesa: las promesas y los límites de los Mercados de Barrio

Los mercados de barrio son una de las alternativas que el Gobierno cubano impulsa para facilitar el acceso de la población a productos de primera necesidad. La fórmula incorpora al sector privado y otras formas de gestión a establecimientos de la red estatal, en un intento por recuperar locales y ampliar la oferta de alimentos y artículos de aseo.

El modelo forma parte de las disposiciones asociadas con las 176 medidas de transformación económica anunciadas por las autoridades en junio e implementadas en los últimos meses.

Su funcionamiento está regulado por la Resolución 160/2026 del Ministerio de Comercio Interior y contempla que los operadores asuman la gestión y comercialización mediante contratos con las empresas estatales propietarias de los inmuebles. No supone, por tanto, la transferencia de la propiedad de los locales.

La iniciativa busca aprovechar bodegas, mercados y carnicerías, especialmente aquellos establecimientos cerrados, subutilizados o con bajos niveles de actividad. Para seleccionarlos, se consideran su ubicación, las condiciones del inmueble, la densidad poblacional y las necesidades del territorio.

Están constituidos ya 48 mercados en diez provincias del país. Quienes participan en la gestión de estos mercados reciben varios incentivos, como la exoneración de impuestos para los suministradores mayoristas estatales y del arrendamiento del inmueble durante los primeros dos años.

Incentivos para reducir costos y precios

La fórmula está pensada para que una selección de productos alimenticios y de aseo pueda venderse a precios entre un 10 % y un 15 % inferiores a los de otros establecimientos que comercialicen mercancías similares. Esa reducción constituye uno de los objetivos del modelo, aunque su cumplimiento depende también de los costos de adquisición y de la capacidad de los operadores para mantener las ofertas.

Para favorecerlo, se establecieron incentivos fiscales y facilidades en el uso de los inmuebles. Entre ellos figuran la exención del impuesto sobre las ventas mayoristas para los actores no estatales que suministren los productos previstos a estos establecimientos y una bonificación tributaria para su comercialización minorista. La Resolución 161/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios define esta última como la aplicación de un tipo impositivo del 5% sobre las ventas de los productos incluidos en su anexo.

También se contempla la exoneración del pago del arrendamiento durante los primeros dos años, con posibilidades de extensión cuando el operador realice inversiones en el establecimiento. Los trabajadores que ya laboraban en los locales tienen prioridad para ser contratados por los nuevos gestores.

Arroz, azúcar, granos, aceite, pastas alimenticias, sopas instantáneas, café, conservas de tomate, productos cárnicos, pescado, huevos y lácteos forman parte de la oferta priorizada. A ellos se suman detergente, jabones de tocador y de lavar, crema dental, desodorante y papel sanitario. Los gestores pueden incorporar otras mercancías, pero estas quedan fuera de los incentivos previstos para la nomenclatura seleccionada.

Más barato no significa asequible

La principal limitación para los consumidores no desaparece con una rebaja: un precio inferior al de otros comercios puede continuar fuera del alcance de quienes dependen de salarios y pensiones insuficientes. Esa diferencia entre productos menos caros y productos asequibles atraviesa las primeras experiencias del modelo.

El contexto inflacionario añade presión. En septiembre de 2026, la inflación interanual oficial alcanzó el 28,44 %, mientras que el incremento mensual de los precios fue del 3,37 % y el acumulado entre enero y septiembre llegó al 24,85 %, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

El indicador oficial no refleja íntegramente la evolución de los precios en el mercado informal, una limitación relevante para valorar el costo real del abastecimiento de los hogares.

Una alternativa todavía en construcción

Nuestra exploración en el municipio Plaza nos mostró incluso alguno de ellos cerrado por inspecciones poco después de su apertura.

La claridad en las disposiciones y su aplicación, junto al correcto trabajo de los actores económicos que participan, necesitan ser afinados en muchos casos.

Persisten dificultades de abastecimiento, problemas operativos y una capacidad de compra deteriorada. La reducción de costos mediante incentivos puede ofrecer cierto alivio, pero no elimina las condiciones que encarecen las mercancías ni asegura una oferta estable.

Los Mercados de Barrio siguen siendo una experiencia en fase de prueba y corrección. Su alcance no podrá medirse únicamente por el número de establecimientos abiertos, sino por la continuidad de sus ofertas y por cuánto representen las rebajas en el presupuesto de las familias, especialmente de aquellas con menores ingresos.

En su perfil de Facebook, el Bufete Colectivo Santa Clara 3 publicó un post donde advierte sobre algunos de los retos que supone la expansión de estos Mercados de Barrio.

Lo que el “Manual de la Experiencia” nos advierte sobre los Mercados de Barrio.

Imagínese la escena: Dos amigas, Elena (abogada de Bufetes Colectivos) y Julio (empresario del sector gastronómico), se encuentran en un lugar cualquiera de Cuba. Sobre la mesa, un ejemplar de la Gaceta con la Resolución 16 de 2026 del MINCIN. El tema es inevitable: la nueva gestión privada de las bodegas.

. La carrera por el “Resultado Exitoso”: La empresa estatal de comercio tendrá una prisa insana por entregar cada local. No les importará la calidad del proceso, sino mostrarles a sus superiores que “ya se hizo”. La transparencia y la licitación serán los primeros sacrificados en el altar de la urgencia.

. El contrato “Tómalo o déjalo”: Nos pondrán un contrato sobre la mesa con cláusulas innegociables. Nos dirán que “revisarlo” o “negociar” puede retrasar o hasta frustrar la oportunidad. Firmaremos bajo esa presión, creyendo que el contrato sustituye permisos, licencias y registros sanitarios. ¡Grave error! Un contrato económico no anula el resto de la normativa administrativa vigente.

. El “balón” de los trabajadores: Aquí viene un clásico. La empresa de comercio querrá endosarnos a los antiguos trabajadores de la bodega. Alegarán que somos sus nuevos patrones, mientras que nosotros, los privados, argumentaremos que solo adquirimos derechos sobre el inmueble, no sobre la plantilla. Mientras tanto, el trabajador queda en el limbo, desprotegido. Como abogada, sabes que esto es un polvorín laboral.

. La improvisación operativa: El privado querrá operar al día siguiente de firmar, sin actualizar su proyecto de trabajo (si es TCP) o su inscripción (si es MIPYME). Creen que el contrato de arrendamiento es un “cheque en blanco” para operar. Y luego vienen las inspecciones sorpresa, las multas por no tener los planes de consumo energético o sanitario actualizados.

. El “goteo” de las obligaciones ocultas: Esto es clave. A los dos meses, nos citarán porque “olvidaron” incluir en el contrato que debemos independizar el metro contador eléctrico. Al cuarto o quinto mes, lo mismo con el agua. Y así, sorpresa tras sorpresa. Cada mes, una nueva factura no prevista.

Elena: Es un escenario de inseguridad jurídica total. ¿Y los consumidores? ¿La calidad del servicio?

Julio: ¡Ah, mi querida Elena! En todo ese tiempo, nadie, absolutamente nadie, habrá pedido la opinión de los consumidores. La bodega del barrio es un actor social, no solo un punto de venta. Pero en este proceso, parecen olvidarlo.

Conclusión para el gremio:

Este relato, aunque ficcionado, es un espejo de lo que puede pasar.

A los empresarios: No firmen sin revisar bien el inmueble y los pasivos laborales y de servicios.

A los abogados: Nuestro rol es blindar a nuestros clientes. Elaboremos y exijamos contratos claros, con cláusulas de revisión y que garanticen la seguridad jurídica.

La Resolución 16 abre una puerta, pero si no la cruzamos con inteligencia y rigor, el “Mercado de Barrio” se convertirá en un nuevo dolor de cabeza para todos.