El Tribunal Provincial de Sancti Spíritus condenó este miércoles a entre 10 y 20 años de cárcel a cuatro directivos de una empresa estatal, acusados de actos de malversación.
Las acciones de estos directivos, junto a un quinto que fue sentenciado a una condena menor, provocaron pérdidas de casi 100 millones de pesos, unos 4,1 millones de dólares al cambio oficial para personas jurídicas.
Bajo el título “La epidemia de la corrupción”, un reporte del periódico local Escambray señala que “el incumplimiento de procedimientos internos que rigen la contratación económica con formas de gestión no estatal (privadas) y otras irregularidades”, ocasionaron cuantiosos daños a la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus.
Sobre los hechos que promovieron el proceso judicial, la nota refiere que entre 2023 y 2024, en dos ocasiones la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna, ubicada en un almacén de la entidad, sufrió desperfectos que ocasionaron una afectación por más de tres millones de pesos (unos 125 mil dólares).
A lo anterior se sumó una afectación superior a 94 millones de pesos (3,9 millones de dólares), porque —según el trabajo periodístico— un trabajador privado se presentó ante la empresa con el fin de concertar un contrato para compras de productos y se accedió, con incumplimiento de las normas, a que se llevara productos “sin el desembolso monetario de su valor”.
Ese monto “no fue posible recuperar” debido a que dicho trabajador particular salió luego del país.
Sanciones contundentes, pero todavía apelables
“Las sanciones dictadas reflejan la gravedad de los hechos”, sostiene Escambray.
El reporte detalla que la directora general de la empresa hasta abril de 2024 fue condenada a 20 años de cárcel en “sanción conjunta y única”, mientras que otros dos directivos del área comercial recibieron sanciones de 18 años y 16 años, respectivamente.
Por su parte, un asesor jurídico, recibió una sentencia de 10 años de cárcel.
En el juicio, de dos días de duración, también fue sancionado como “partícipe” en los hechos el anterior director general de la entidad, con una pena de 2 años y 6 meses de privación de libertad, que fue subsidiada por trabajo correccional con internamiento por igual término.
El texto subraya que los cinco funcionarios “fueron declarados culpables por un delito de malversación”, y “les fueron dispuestas las sanciones accesorias de privación de derechos, prohibición de emisión de pasaporte y salida del territorio nacional y limitación de ejercicio de cargo y oficio similar”.
Además, “deberán resarcir de manera conjunta los daños ocasionados a la Empresa de Suministros Agropecuarios, en correspondencia con sus implicaciones”, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus dispuso a.
No obstante, estas sanciones aún “no son fallos firmes”, por lo que tanto los condenados como la fiscalía “tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo Popular” y presentar una apelación “si lo consideran pertinente”.
Díaz-Canel pide respuestas “contundentes” contra los delitos en Cuba
Cuba atraviesa una profunda crisis económica desde hace varios años por los efectos de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las dificultades e ineficiencias internas. En este contexto, se han incrementado las ilegalidades y los delitos en el país, incluidos los hechos de corrupción.
Al respecto, durante una reciente reunión con la Fiscalía General de la República (FGR) el presidente Miguel Díaz-Cancel consideró que la corrupción “retrasa el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico”, además de generar desconfianza en la población.
Frente a hechos de este tipo, las autoridades cubanas han proclamado una política de “tolerancia cero” e impulsado una campaña pública de enfrentamiento. Ello ha llevado a aparecer con más frecuencia reportes sobre el tema en la prensa oficial y a la remoción de dirigentes y funcionarios de distintos niveles, si bien existe un consenso popular de que solo son la punta del iceberg.
EFE / OnCuba
