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Es positivo que se articulen visiones alternativas a la reforma económica oficial en Cuba. El gobierno concibe el paquete de 176 transformaciones, de manera explícita y reiterada, como la actualización del modelo socialista cubano: se preserva la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, se mantiene una dirección planificada (ahora más flexible) y el control político del Partido Comunista de Cuba (PCC), mientras se amplían los espacios de mercado y de gestión no estatal como instrumentos para preservar ese modelo en condiciones de crisis.
A la luz del artículo de Rafael Betancourt “Cuba: ¿Economía socialista, social de mercado o social y solidaria?” (OnCuba, 20 de octubre 2026), conviene precisar lo que el paquete oficial no es. No adopta como eje del modelo ninguna variante de economía de mercado liberal, ni una economía social de mercado, ni una economía social y solidaria.
Para quienes proponen un modelo cuyo eje principal sea la “acumulación solidaria”, debería quedar claro que esa propuesta desentona frontalmente con la visión oficial. Existe un matiz: podría ser aceptable como componente secundario, nunca como eje fundamental, siempre que se subordine a un relato socialista cuyo centro de gravedad no se ubique en la “acumulación solidaria”.
Conviene considerar al menos tres hechos.
Primero. La economía social y solidaria (ESS) no es una visión abstracta, sino una organización económica concreta que combina prácticas, reconocimiento institucional y valores. Cuenta con definiciones internacionales, leyes, instituciones, organizaciones y una contribución económica y social documentada. Su peso y potencial varían según el país y el contexto. La literatura reconoce sus aspectos positivos y también recoge críticas que, sin negar su viabilidad en nichos locales, servicios, resiliencia o empleo estable, señalan limitaciones estructurales para competir en productividad de frontera, alcanzar escala masiva y operar globalmente sin diluir sus principios. La evidencia muestra desventajas claras en capitalización, crecimiento rápido e internacionalización plena del modelo democrático. Estas tensiones explican por qué suele permanecer como un sector complementario, más que como modelo dominante a gran escala.
Segundo. Paradójicamente, la economía social y solidaria tiene mayor reconocimiento explícito en economías capitalistas que en las economías socialistas que todavía existen. No se trata de que no existan cooperativas ni formas asociativas en estos últimos modelos, sino de que el concepto de economía social y solidaria no forma parte del relato oficial. En China no se utiliza el concepto; se habla sobre todo de cooperativas y de economía colectiva rural. En Vietnam tampoco se usa. Allí la “economía colectiva” (con las cooperativas como núcleo) está reconocida como uno de los componentes de la economía de mercado de orientación socialista, junto al sector estatal, el privado y el de inversión extranjera. En Cuba, el término “economía social y solidaria” no aparece en los documentos programáticos del Partido Comunista de Cuba (Lineamientos y Conceptualización), ni en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, ni en el paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales. El concepto puede tener elementos de afinidad con algunas prácticas o directrices (cooperativismo, solidaridad, desarrollo local, responsabilidad social), pero no es un término reconocido ni empleado oficialmente.
Un modelo de economía social de mercado —que no es la caricatura que presenta el colega Betancourt— es compatible con el reconocimiento explícito de la economía social y solidaria como uno de sus componentes. Existe una alta probabilidad de que, bajo un régimen de partido único, Cuba no adopte una economía social de mercado, pero lo que deseo destacar es que, desde la perspectiva de Cuba Transformación, la noción de economía social y solidaria es bienvenida.
Desde mi punto de vista, la doble tarea más complicada que enfrentan quienes propugnan un modelo socialista cuyo eje sea la “acumulación solidaria” consiste, primero, en convencer al PCC de que al menos reconozca oficialmente el término, y segundo, en lograr que el gobierno cree, como mínimo, un espacio que coloque a los actores de la economía social y solidaria en un nivel de dinamismo comparable al del sector privado, que ha funcionado como la “válvula de escape” favorecida. Las cooperativas, especialmente las agropecuarias, son formas históricas del modelo, pero no muestran el mismo dinamismo que el sector privado ni se les asigna un papel estratégico.
La incompatibilidad observable y relevante que enfrenta la economía social y solidaria en Cuba no es con una propuesta formulada desde fuera del oficialismo, como la de Cuba Transformación, sino con una visión oficial que, siendo ideológicamente más cercana al cooperativismo y a la solidaridad social, despliega un pragmatismo que ni siquiera reconoce semánticamente la economía social y solidaria. No me queda más que desearles mucha suerte con el oficialismo “perfeccionador”.
Concluyo con cuatro puntos que habría preferido no abordar, pero que considero necesarios para continuar un intercambio respetuoso y basado en evidencias.
Primero, ninguna institución “convocó” a los cinco economistas cubanos. El proyecto de Cuba Transformación nació por iniciativa propia, a partir de la colaboración previa entre Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal.
Segundo, la propuesta es íntegramente fruto del trabajo colectivo de los cinco economistas. El colega Betancourt incurre en una imprecisión al referirse a “la transformación propuesta por los economistas del CSG”. Ningún miembro de Cuba Transformación es economista “del” Cuba Study Group. Realizamos el proyecto como profesionales independientes; el acompañamiento institucional recibido no condiciona su contenido.
Tercero, la crítica que se hace en el texto de Betancourt al “Estado democrático de derecho” es problemática. No es razonable presentar los problemas de otros países como prueba de que Cuba no debe intentar construir un Estado democrático de derecho. Los errores ajenos no justifican restringir libertades y derechos en Cuba. Ese razonamiento descarta esa opción por analogía o fatalismo, no por sus méritos. ¿Qué perjuicio puede causar a los ciudadanos de Cuba que los partidos representen a la ciudadanía, pero no sean titulares del poder ni puedan apropiarse del Estado, o que las libertades inalienables no sean concesiones del gobierno, sino derechos que el poder no puede abolir, aunque pueda regular su ejercicio (entre otros, libertad de opinión y expresión, libertad de reunión pacífica y libertad de asociación, incluidos partidos, sindicatos y organizaciones civiles)?
Cuarto, mencionar la premisa de Cuba Transformación según la cual “se requiere que Estados Unidos sea contraparte activa de una solución negociada” para inmediatamente afirmar que “el más simple principio de realidad descarta la fantasía de que hoy, bajo el régimen de Trump-Rubio, cualquier negociación con Estados Unidos exija menos que la rendición total del gobierno y Estado cubanos y la restauración del capitalismo bajo el dominio de ese país: la ‘Doctrina Donroe’”, es, cuando menos, tendencioso. Hasta donde conozco, la posición oficial cubana consiste en tratar de alcanzar una solución negociada con el gobierno de Estados Unidos. Lo afirmamos desde Cuba Transformación, lo afirma el gobierno cubano y lo afirman muchos más. Otra cosa distinta es el contenido y el rumbo actual de las negociaciones o contactos (sobre lo que hay poca información). Ese tema no está abordado en nuestra propuesta. Si se desea sostener un intercambio respetuoso, conviene evitar una retórica que aproxime el tema de una “solución negociada” (algo que afirmamos) a cualquier alusión relativa a “rendición” o “restauración” del dominio de Estados Unidos, algo que no solo no decimos, sino que explícitamente rechazamos en la propuesta de Cuba Transformación.
Tras estas aclaraciones, participaría con interés y gusto en un intercambio razonado y respetuoso sobre cualquier tema de la economía cubana.
De nuevo, le deseo mucha suerte al colega Rafael Betancourt y a quienes proponen un modelo de economía social y solidaria en el proceso que pudiera llevar al reconocimiento oficial explícito de esa categoría como parte de la reforma.
Este texto se publicó originalmente en el Substack del autor. Se reproduce con su consentimiento explícito.
