Las regulaciones para la importación y la exportación privadas en la balanza

En medio de una situación sin precedentes para el mundo y para Cuba, las autoridades de la Isla se decidieron a intentar resolver una de las demandas más reiteradas del sector privado. El reclamo de disponer de mecanismos ágiles, seguros y legales para importar o exportar se escuchó durante estos años, junto al de contar con un mercado mayorista donde abastecerse. A partir de una necesidad ingente de ampliar las fuentes de ingresos en Moneda Libremente Convertible (MLC) y también de avanzar de forma más rápida en las transformaciones económicas pendientes por implementar desde los últimos dos congresos del PCC, se emitieron recientemente cuatro normas jurídicas agrupadas en la Gaceta Oficial Nº 59 del presente año. Estas regulaciones, con la intermediación obligada de casi 40 empresas estatales, crean un escenario novedoso para que los actores privados de la economía participen del comercio exterior del país.

Como casi todo en la vida, lo anunciado combina un grupo de elementos positivos y negativos. En lo personal no suelo esperar soluciones idílicas, cuando de enfrentar problemas se trata. Prefiero andar con el pensamiento en la tierra y los pies en el cielo, para aprovechar las oportunidades que se dan, aunque sean incompletas o perfectibles, a la vez que discuto, polemizo, y trato de influir en la manera en que se deciden y se ejecutan las cosas.

Es por eso que, luego de haber estudiado estas normas y compartido opiniones con algunos colegas del gremio, decidí ponerlas en una balanza de dos platos, uno positivo y el otro negativo.

Aspectos positivos

Entre las cuestiones que considero positivas sobre el nuevo mecanismo para la importación y exportación por parte de actores privados destaco las siguientes:

• Los márgenes comerciales que aplicarán las empresas estatales por su intermediación en las operaciones son realmente bajos, incluso aunque le sean descontados a los actores privados en MLC. Oscilan entre el 2 y el 5% en muchos casos.

• La carga documental exigida a los privados para abrir las cuentas bancarias para estas operaciones y para entrar en las carteras de proveedores/clientes de las empresas estatales es mínima y práctica. Se evitó caer en el pecado nacional, bastante común, de complicarlo todo con mil papeles inútiles.

• No existe límites a la naturaleza o tipo de productos a exportar/importar ya que las empresas estatales pueden hacer uso total de su nomenclador autorizado. Es decir, según estas regulaciones, un privado podrá importar a través de ellos cualquiera de los productos que estas tengan autorizados a entrar al país. Incluso, para el caso de bienes no autorizados, se les permitirá solicitar permisos eventuales. Esto constituye una diferencia interesante con respecto al mecanismo existente para las personas naturales a través de CIMEX, donde se pueden adquirir un grupo definido de productos. En este nuevo caso, los actores privados tendrán a su disposición los nomencladores de las empresas autorizadas.

• Para los cuentapropistas, no así para las cooperativas, los mecanismos diseñados permiten alimentar las cuentas bancarias con efectivo, transferencias provenientes del exterior o de los mecanismos de FINCIMEX. Todo esto conecta finalmente a las remesas con la posibilidad de convertirse en capital para financiar las compras de insumos y equipos. Esto venía ocurriendo hace mucho tiempo pero al margen de los canales formales existentes.

• La empresa estatal intermediaria asume completamente toda la carga de trámites que conlleva tiempo, conocimientos técnicos, recursos y la interacción con varias instituciones estatales. Cualquiera que haya importado o exportado en Cuba sabe que para esto hay que estar armado de una paciencia y calma especial.

• El actor privado tiene la posibilidad de solicitar la concreción de negocios con el proveedor o cliente de su interés así como de escoger la oferta que le convenga.

• Aspectos negativos

Por su parte, el plato negativo de la balanza lo cargaría con estos “plomos”:

• Es el único mecanismo que de momento podrán utilizar los actores privados para insertarse en el comercio exterior. Debería existir también la posibilidad de comerciar con el mundo de forma directa sin intermediarios para el que esté apto y capacitado para ello. Al final, un intermediario encarece, es un eslabón en ocasiones innecesario en las cadenas de distribución y que resta competitividad. Por tanto, trabajar con ellos debería ser una decisión empresarial justificada por beneficios tangibles esperados y no una obligación administrativa.

• En el caso de las cooperativas, al ser una persona jurídica, no se les admite el empleo de efectivo para alimentar la cuenta en MLC. Ello constituye una dificultad para la apertura de las mismas porque reduce considerablemente la posibilidad de que estos actores puedan abrirlas. ¿De dónde van a sacar el MLC si no les permiten, al menos una primera vez, hacer el depósito en efectivo de los 100 USD exigidos? De no resolverse esto, puede convertirse en una barrera de entrada para este tipo de actor económico que por su naturaleza social se esperaría que sería especialmente alentado en un país como el nuestro.

• Para ser incluido en la cartera de clientes/proveedores de la empresa estatal y abrir la cuenta bancaria es obligatorio presentar la licencia de TCP. Pero, para obtener la licencia de TCP en algunas actividades como restaurante, cafeterías y arrendador, se debe declarar la procedencia de los equipos y herramientas a emplear e incluso contar con evidencias como facturas, lo cual es verificado en una inspección previa al otorgamiento del permiso. Aquí se llega a una contradicción. ¿Cómo un “aspirante a cuentapropista” va a importar por esta nueva vía si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para darle la licencia pide declaración del origen de los equipos, las facturas y los verifica en una inspección? Estos requerimientos dejan fuera de esta opción a todas las personas que aspiren a empezar un negocio. Pudiera recomendarse como solución a este sinsentido que importen vía CIMEX mediante los mecanismos creados anteriormente para personas naturales. Pero para saber si esta puede ser una solución factible deberían ser respondidas dos interrogantes claves. ¿Maneja CIMEX los mismos márgenes comerciales que emplean las 37 empresas intermediarias autorizadas a tratar con privados? ¿A través de CIMEX se puede importar la misma variedad de productos recogidos en los amplios nomencladores de dichas entidades?

• No existen mecanismos financieros de apoyo a estas operaciones lo que resulta sumamente necesario y a la vez difícil en un contexto de escasez crónica de MLC. Todo indica que los reguladores, en principio, apuntan a las remesas o al dinero “escondido bajo el colchón” como el principal combustible para mover este motor. Ciertamente la falta de divisas también es sufrida por el Estado. Un mecanismo que, una vez superada la actual situación epidemiológica, permita la adquisición de estas monedas es sumamente deseable. De no resolverse esta cuestión, puede disminuir considerablemente la eficacia de estas medidas.

• El pago del 20% de la MLC ingresada por exportación mediante un contravalor en CUC, una medida con claro sabor recaudatorio, puede convertirse en un desincentivo para las operaciones en determinados mercados. ¿Cómo se decidió este valor? ¿Por qué no establecer un mecanismo económico para su determinación en vez de una regla administrativa? Además, en un contexto en el que ya es evidente que el CUC fenecerá, recibirlos a cambio de MLC genera más dudas que certezas.

Hablándole al sector estatal

Suelo escribir estas líneas desde el prisma de lo que soy, un cuentapropista que asesora a otros emprendedores. Pero en la parte final de este artículo, en esta ocasión, vestiré traje nuevo para dejar tres recomendaciones al empresariado estatal con el ánimo de que este matrimonio sea feliz.

Primero: Las 37 empresas autorizadas para este tipo de servicio, si aspiran a tener éxito con este nuevo actor, tendrán que ver al privado verdaderamente como cliente en el caso de la importación y como su aliado, partner o socio para la exportación. Autoasumirse como un mero intermediario y no como un promotor y facilitador de negocios mutuamente beneficiosos sería un error estratégico.

Segundo: Para tener éxito, será imprescindible que las empresas estatales entiendan cómo funciona el sector privado, cuáles son sus necesidades y su “metabolismo”. Tendrán que emplear tiempo y recursos en estudiarlo, observarlo y comprender su lógica. Los empresarios estatales deberían abrir las puertas de sus empresas para el diálogo y el networking constantes.

Tercero: El factor tiempo será crucial. El actor privado por norma es flexible, toma decisiones ágiles, se encadena en cuestión de instantes como otros negocios y trata de aprovechar inmediatamente las oportunidades en el mercado. La empresa estatal, mucho más grande que los negocios privados, con prioridades económicas pero también a veces sociales y con un “biorritmo” diferente tendrá que ser altamente empática para ofertar un servicio que se ajuste a las expectativas de estos pequeños clientes. Los procedimientos internos que tendrán que elaborar para organizar este nuevo frente no pueden obstaculizar o negar lo definido por las regulaciones y tienen que estar en sintonía con las características de los negocios privados.

Dicho todo esto, tal vez el lector quiera preguntarle a quien escribe estas líneas si en su opinión está equilibrada o no la balanza. ¿Los plomos negativos son fardos demasiado pesados? ¿O los positivos serán suficientes para que este mecanismo rinda los resultados que necesitamos todos?

Pues esas respuestas las dará la vida con su lógica indiscutible. Veremos historias positivas y también negativas. Habrá empresarios estatales y privados que tomarán estas oportunidades con las dos manos, y los habrá que terminen aplastados por alguno de los plomos o inmovilizados por la falta de iniciativa. Lo verdaderamente importante es estar listos para con rapidez corregir el tiro y desbrozar el camino, una responsabilidad de las dos partes pero en la que jugará un papel clave el Estado y sus empresas. Que así sea.