Rafael Betancourt
El reconocido economista Paul Krugman escribió en The New York Times (sept. 17, 2024) que casi todos los economistas occidentales coinciden en que, en el mercado, los aranceles de aduana (impuestos sobre las importaciones) se traducen en aumentos de precios al consumidor. Lo dice la teoría económica y lo avalan los estudios al respecto. Como todos los impuestos, el empresario que lo paga —fabricante, importador— lo incorpora como un costo más al precio del producto que debe pagar el cliente. Solo los leales a Donald Trump, dice Krugman, piensan que los exportadores chinos, y no los consumidores estadounidenses, asumirán los aranceles impuestos, por ejemplo, a los vehículos eléctricos. No tiene un ápice de validez, pero eso piensa una buena parte de los miembros del partido Republicano en EE. UU.
Él lo compara a Tromif Lysenko, el agrónomo soviético que negó la teoría de Mendel de que los rasgos que un organismo transmite a futuras generaciones se derivan de sus genes, en vez de sus experiencias. Decía que Mendel negaba la teoría marxista de materialismo dialéctico, y aunque los biólogos serios consideraban que Lysenko era un chiflado, a Stalin le gustó la idea y la impuso, lo cual durante décadas condujo a muchos fracasos agrícolas —y biólogos deportados a Siberia.
No sé si en Cuba habrá Lysenkos, pero el hecho es que la casi totalidad de los economistas del país están pidiendo una transformación estructural de la economía nacional, con mayor participación del mercado en la asignación de recursos y determinación de precios, con muchas más empresas de todo tipo, privadas, estatales y cooperativas; con más —no menos— actividades autorizadas para trabajadores no estatales, como los profesionales; mientras tanto, el gobierno toma medidas parciales o contradictorias con efectos adversos, como topar los precios de los productos o imponer monopolios y monopsonios estatales.
Como dice Antonio Romero, profesor titular de la Universidad de La Habana y exdecano de la Facultad de Economía, en la entrevista que le hiciera Osvaldo Pupo en OnCuba News: “En Cuba los dogmas se imponen a la racionalidad económica”. Después de otro año de decrecimiento del PIB en 2023, y perspectivas de poco o nulo crecimiento económico este año, el gobierno anunció en diciembre pasado un nuevo programa de estabilización macroeconómica. Es, al menos, el cuarto programa de Gobierno desde 2019 que busca salir de la crisis o impulsar el desarrollo productivo.
Y si los aranceles que promete Trump son supuestamente para castigar a los chinos, algunas de las nuevas medidas del gobierno cubano de estabilización económica y agrícola parecen destinadas a castigar al sector privado y cooperativo, aunque el discurso oficial lo niegue.
“Todavía en el ADN ideológico de la mayor parte del establishment cubano, lo no estatal es antisistema. Los problemas de la economía cubana no se resuelven hasta que no acabemos de extirpar esa idea”, dice Romero.
Por ello el “nuevo” programa insiste en perseguir el impago de impuestos, en vez de bajar las impagables tasas —tanto para las empresas privadas como estatales— y otorgar exenciones a las actividades productivas como la producción de alimentos. Por el contrario, en 2023 se anuló la exención de impuestos sobre utilidades para las empresas privadas (“mipymes”) en su primer año de operaciones, y en agosto de este año se eliminó el beneficio de tres meses sin contribuciones para quienes inician como cuentapropistas. “Cuando se habla de la necesidad del equilibrio fiscal se hace énfasis en el incremento de los ingresos impositivos. Lograr reducir el déficit descansando sobremanera en los ingresos es prácticamente imposible”, según Romero.
Los impuestos a las importaciones y utilidades suelen expresarse en aumentos de precios al consumidor y, por tanto, más inflación. Romero dice en el mencionado artículo: “No puede entenderse que la prioridad sea reducir y tratar de controlar los niveles de inflación y, en vez de ir a las causas, se termine haciendo supuestamente lo más fácil, que es topar los precios, topar los márgenes de utilidades. Eso no va a resolver nada. Las mipymes empezaron como un mal necesario. Cogieron auge y ahora se quiere parar. Van a terminar siendo complementarias y finalmente van a ser esenciales para avanzar en Cuba”.
El proteccionismo estatal en Cuba con relación al sector privado se asemeja al proteccionismo que practican algunos países con respecto al comercio internacional, que busca proteger la producción y empleos imponiéndoles restricciones, limitaciones o aranceles a los bienes o servicios provenientes del extranjero (importaciones) encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. Hay condiciones en que esta política se justifica como, por ejemplo, para proteger una industria emergente de la competencia extranjera, hasta que la nativa se estabilice y pueda competir. Pero como regla general ello perjudica al consumidor, que debe pagar precios más altos, y a veces a la industria que pretende proteger, si la aísla de la competencia que la impulsa a ser más productiva.
En el caso cubano, en vez de proteger y fomentar la producción nacional de bienes y servicios, el proteccionismo estatal pretende mantener “a raya” el sector privado y cooperativo emergente para que no predomine sobre el estatal, adquiera mayor peso económico y, eventualmente, político. Por eso las mypimes (para ser más preciso, las Sociedades de Responsabilidad Limitada o SRL) no pueden importar directamente —deben hacerlo a través de una importadora estatal, que encarece el precio final y a menudo aportan poco al proceso de compra. Por eso intentan frenar el número y alcance de las tiendas mayoristas y minoristas privadas (mercados), que compiten con el ex monopolio de las estatales TRD, ahora con oferta de productos muy limitada y precios a veces más altos. Por eso las SRL no pueden competir con monopolios estatales, como es el caso de mypimes que se ofrecen al gobierno municipal para recoger y reciclar la basura de su Consejo Popular, porque esa es “tarea de Servicios Comunales” —a sabiendas de que ellos no tienen camiones ni combustible, y la basura se acumula peligrosamente en las esquinas.
Por eso el Decreto 107 “De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia” (GOC-2024-446-O78) recién aprobado, en vez de reducir las prohibiciones, como se esperaba, mantiene las que más limitan el desarrollo económico del país y aun añade otras más. Quizás la más insostenible es la Sección L: Actividades profesionales, científicas y técnicas, que prohíbe todas menos la teneduría de libros (aunque muchos también practican la contabilidad y gestión de negocios “por la izquierda”); diseño, decoración y fotografía (pero no la arquitectura o ingeniería); programadores de equipos de cómputo (que se queda muy corto a la luz de los desarrolladores de software que pululan en el país, con negocios directos con clientes nacionales y extranjeros); los veterinarios de animales de compañía (pero no de ganado pecuario, lo cual ayudaría a la agricultura).
Prohibidas las actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (Art. 86). Prohibidos los servicios de reserva y actividades conexas, de viajes, de transporte, de hoteles, de restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, venta de billetes para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento (Art. 87). Prohibida la gestión de reservas y actividades de apoyo a pesca y caza deportiva, incluyendo buceo y actividades de guía de montaña (Art. 119). Prohibidas las actividades de asociaciones empresariales profesionales (Art. 121) y otras actividades de servicios de apoyo a las empresas (Art. 92). Prohibidas las actividades de bibliotecas físicas o digitales, archivos y centros de información (Art. 113). Prohibidas las actividades de periodistas (Art. 109).
Y aparecen nuevas: “El carbón vegetal para la exportación solo pueden comercializarlo los productores” (Art. 45) lo cual impide que una mipyme como Deshidratados Habana, que ya ha desarrollado un mercado de exportación de sus productos, incorpore el carbón vegetal comprado a otros productores. El tema del mercado mayorista con intermediación del Estado depende de una resolución del MINCIN que aun no se emite.
“Para mí —dice una exitosa emprendedora privada— los peor es que genera un desaceleramiento y una percepción de retroceso que Cuba no puede darse el lujo de hacer. Muchos cubanos hasta se habían reasentado en el país para invertir, y este paquete nuevo los desestimula”.
“Desde hace mucho —reflexiona Antonio Romero— varios economistas hemos dicho que Cuba ha acumulado importantes desequilibrios macroeconómicos y, por eso, se necesita diseñar e implementar un coherente, sistémico, integral programa de estabilización macroeconómica, que elimine paulatinamente esos grandes problemas. Si no sucede así, es muy difícil lograr crecimiento y desarrollo económico”.
Pero los Lysenkos cubanos predominan en la política, y los científicos sociales son desoídos, mientras se acumulan los fracasos económicos.
