Más de mil medidas fueron impuestas en Cuba tras la detección de unas 3 mil irregularidades en las relaciones contractuales entre entidades estatales y privadas.
En total fueron 3172 las deficiencias y violaciones detectadas por comisiones lideradas por el Partido Comunista (PCC), las cuales inspeccionaron tanto centros del Estado como proyectos de desarrollo local y mipymes, de acuerdo con el diario Granma.
En consecuencia se impusieron 1145 medidas.
El ejercicio de auditoría y control abarcó 2688 centros, incluyendo 1496 vinculados al sistema empresarial y 872 del presupuestado, además de los proyectos locales y mipymes ya mencionados y cuyo número Granma no precisa.
Para este propósito se conformaron poco más de mil equipos integrados por casi 4 mil dirigentes y funcionarios de múltiples organizaciones estatales y de masas, el PCC, gobiernos municipales, juristas, economistas y auditores, así como estudiantes universitarios y profesores.
Los equipos evaluaron el funcionamiento de órganos de dirección en la contratación, analizaron expedientes legales, contratos vigentes, pagos realizados y la documentación existente, para comprobar tanto la validez jurídica como el cumplimiento en las adquisiciones y servicios.
Además, se hicieron entrevistas a trabajadores involucrados para profundizar en la revisión, según explica el reporte.
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Irregularidades detectadas
De acuerdo con el recuento de Granma, se reportaron 3172 incidencias que abarcan varias deficiencias críticas en las entidades revisadas. Entre estas, se identificó la ausencia o inactividad de comités de contratación en múltiples centros, y en aquellos en los que existen, las actas administrativas muestran análisis superficiales o parciales sobre contratos y pagos.
Asimismo, se detectaron contratos firmados sin dictámenes jurídicos previos o con estos realizados mucho después de la firma, además de contratos que ocultan o enmascaran la verdadera naturaleza de los servicios prestados.
Igualmente, se constató la existencia de conflictos de intereses debido a vínculos familiares o de amistad entre privados y funcionarios decisores estatales.
En relación con los sistemas de pago, no se exigió en muchos casos la presentación ni la verificación de fichas de costo que justifiquen los montos desembolsados. En criterio de los fiscalizadores se realizaron pagos excesivos y sin contratos previos, algunos por servicios no realizados o defectuosos.
En materia de recepción y almacenamiento de mercancías, varios centros carecen de procesos formales para verificar el destino de los recursos adquiridos, lo que dificulta el control y seguimiento.
En el ámbito del arrendamiento, falta documentación contractual en varias entidades y no se cumplieron procesos de licitación para otorgar locales y espacios. También hubo contratos que omitieron incluir cláusulas imprescindibles como el pago de servicios básicos, trasladando esta carga a las entidades estatales.
Finalmente, el análisis, control y supervisión por parte de los órganos directivos y financieros resultó deficiente, con poca rendición de cuentas y escaso asesoramiento jurídico, aspectos que contribuyen a la proliferación de irregularidades, deterioran la transparencia y generan perjuicios económicos, a juicio de los evaluadores.
La mayor cantidad de problemas fue detectada en las unidades de aseguramiento y apoyo de los Consejos de la Administración Municipales (CAM), así como en entidades de Salud, Educación, Inder y Cultura del sector presupuestado, apunta el texto periodístico.
Medidas y consecuencias
Tras la detección del cúmulo de irregularidades, se aplicaron 1145 sanciones, diferenciadas en 487 administrativas y 658 políticas, señala el medio oficial, según el cual por la gravedad de las violaciones “se realizaron denuncias por delitos de malversación, abuso en el ejercicio del cargo y desvío de recursos”.
Las investigaciones están siendo profundizadas por la Fiscalía, la Contraloría y los órganos de inspección administrativa. Estas acciones se concentran especialmente en un grupo de entidades de las provincias de Mayabeque, La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo, así como la Isla de la Juventud.
De acuerdo con Granma, este proceso es consecuente con acuerdos partidistas sobre el enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades, fenómenos que se han incrementado a raíz de la profunda crisis económica que sufre Cuba.
A propósito, el reporte sobre las inspecciones y violaciones detectadas ve la luz en momentos en que se lleva adelante un nuevo ejercicio nacional sobre estos temas, centrado en “la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, la corrupción, las conductas antisociales, las drogas, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos”, refiere Cubadebate.
Como parte de la misma se desarrollan operativos policiales, ejercicios de vigilancia y patrullaje, comprobaciones y auditorías, juicios ejemplarizantes y charlas en comunidades y escuelas, entre otras acciones, según la prensa oficial.
Es positivo que el PCC, designado por la Constitución como “fuerza dirigente superior de la sociedad” y único partido legal en Cuba, se ocupe de combatir la ilegalidad y corrupción.
Es preocupante el énfasis reiterado en el sector privado cuando los casos más graves ocurren en el estatal muchas veces sin participación de ningún privado sino robando directamente o echando a perder los recursos.
Es ambiguo el asunto de un grupo formado por PCC, UJC, especialistas, auditores y académicos. Si llega a mi negocio un dirigente del PCC o UJC y me pide los documentos económicos, ni él tiene la autoridad legal para pedirlos ni yo la obligación de dárselos. Tiene que venir un auditor en una auditoría o verificación fiscal oficial debidamente identificado y demás. Si vienen juntos, ¿cómo puedo dejar a uno en la calle y que pase el otro? ¿Quién se responsabiliza por la confidencialidad de los datos internos de la empresa, en ese maremágnum de grupos, comisiones y una pila de gente andando con papeles del negocio y comentándolos en reuniones o quién sabe con quién? Por último, en la verificación fiscal pasada (en realidad auditoría masiva en 2024) no dejaron ningún documento o certificado a los que estaban bien y en regal porque “no tienen obligación de dar nada”. Algo bien feo.
Y yo pregunto: Si el PCC tiene que suplantar las funciones de inspectores y policías, sin estar además preparado para ello, para qué estamos financiando con nuestros impuestos a los inspectores y policías? Porqué el PCC como guía política no propone transformaciones políticas que reduzan las causas del delito y la chapuceria e incentiven la honestidad y eficiencia? Porqué no luchan contra la burocracia y reducen los ministerios, los gastos administrativos y los trámites? Porqué no revisan el GAE, o las sedes y recursos del mismo PCC, UJC, CTC, FMC, FEU, CDR, ANAP, y rinden cuenta a sus afiliados del uso de la cotización, medios y recurdos propios, asignados por el Estado o recibidos en donaciones? Porque para predicar moral y orden, no se puede salir en calzoncillos y despeinado. El primer incumplidor de contratos, desviador de recursos, chapucero, moroso y superficial es el Estado cubano, no en su relación con mipymes y TCP de tal vez cinco años, sino en su práctica habitual en los últimos 123 años, en los últimos 66 años, en los ultimos 35 años y en especial en los últimos 6 años. Gran parte de esta ejecutoria ha sido forzada por el criminal bloqueo yanqui, por el interés de conservar programas sociales que en otro momento eran nivel de bienestar y paradigmas para la región o el mundo, pero una parte no desdeñable ha sido por miedos, caprichos, falta de autocrítica y de diálogo.
Antes de 1959 era mucha la corrupción y el robo. Después, han sido muchas las asignaciones y autoasignaciones de cosas.
No es menos explotador el director o dirigente gordo con auto moderno, mansión, amante y plan vacacional, con hijos estudiando afuera, frente a obreros flacos con equipos viejos, casas rotas, desdentados y de hijos escuálidos con escuelas deterioradas; que el dorado o enchapado emprendedor admirador de la cultura y vida miamense, que revende a alto margen o viola el fisco, que admira a Milei o Bukele y cree que privatizando todo se arreglaría la nación. Como en “rebelión en la granja”, cuando se sientan uno frente al otro no se sabe quién es el cerdo y quién el hombre.
Pero a uno de ellos lo financia el dinero público. Y claro, le pasa una parte al otro a cambio de favores. Con el tiempo ambos se mezclan y mimetizan, se casan entre sí y toman Cristach juntos y hablan de la experiencia rusa.
Bienvenido ese honrado comunista que quiere eliminar el robo al pueblo y salvar la patria.
Bienvenido ese emprendedor que quiere dar un servicio o producto, salir de la pobreza, prosperar. Ambos son Cuba, y hasta pueden coincidir en la misma persona físicamente.
Pero que ambos miren para el lado y empiecen por quienes los mal-acompañan. Que el comunista no se cebe en el privado sin mirar su entorno, sin combatir la burocracia, o los jefes rodeados de lujos y llamando al sacrificio.
Que vea varios sitios Web, varios puntos de vista y algún corto de Cristach para ilustrarse.
Que el privado no culpe al gobierno o al sistema sin mirar su entorno, sin ver el bloqueo o los delitos de sus similares. Que lea y vea las fuentes y leyes oficiales de primera mano y no a través de otros, y pregunte cuando tenga dudas sobre el porqué de las cosas.
La dignidad humana es un todo, no se da por capítulos. Pueden haber puntos mas fuertes o flacos, pero debe haber una base mínima común. Una persona es digna o no lo es.
Una persona es íntegra y honesta o no lo es.
Igual, en algunas cosas más o menos, pero a partir de un sustrato elemental. Le late, o no.
Es muy buena la noticia en esencia. Me gustaría leer otra similar, pero sobre un control popular a las TRD, CIMEX, ANTEX, importadoras, oficinas centrales y lugares así. Para dar el ejemplo, como hacía el Che.