Un nuevo sistema de precios en la construcción cambia las reglas existentes hasta ahora en Cuba para las relaciones entre estatales y privados y “acota” las ganancias de estos últimos.
Se trata de una actualización del Sistema de Precios de Construcción y Montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo, nombrada Precons III y publicada este lunes en la Gaceta Oficial junto a una resolución para su cálculo y aplicación en la práctica.
Ambas normas, que entrarán en vigor dentro de 60 días, responden al programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” y buscan “acotar la ganancia en la compra de bienes y servicios del sector presupuestado al sector privado”, afirma el portal Cubadebate.
Funcionarios de los ministerios de la Construcción (Micons) y Finanzas y Precios (MFP) aseguraron a la prensa que dichas normativas deben garantizar “un mejor uso del Presupuesto del Estado” y que las inversiones y mantenimientos se alineen con “los límites monetarios establecidos”.
Lourdes Rodríguez Ruíz, viceministra del MFP, apuntó que Precons III es “de obligatorio cumplimiento” y que se actualiza tras cuatro años, luego de “persistir inquietudes, violaciones e incremento del cálculo de los presupuestos”, refiere la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Según la norma actualizada, en las relaciones entre estatales y privados se eliminan exoneraciones y se acortan los límites de pago a empleados “al garantizar que todos los actores operen bajo las mismas condiciones, en aras de una competencia leal y beneficiosa”, explicó la funcionaria.
Además, “se permite el incremento de las tarifas de mano de obra no más de cinco veces a las establecidas hasta ahora por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
Se establecen las reglas para el cálculo del precio de los servicios de construcción y montaje para inversiones, reparaciones capitales y mantenimientos constructivos, con criterios de máximos.https://t.co/BULnJqCSYc #FinanzasyPrecios #Cuba a través de @finanzasprecios pic.twitter.com/ZFwQuYy7Fq
— Ministerio de Finanzas y Precios Cuba (@finanzasprecios) May 12, 2025
Polémica en marcha y revisión futura
Por su parte, Antonio Medina Morante, viceministro del Micons, precisó que los inversionistas estatales “son responsables de la elaboración del presupuesto de la obra y los estudios de factibilidad para la determinación de los precios”, a partir del nuevo sistema.
Mientras, los contratistas privados que se vinculen a una construcción estatal deberán formar sus precios a partir de Precons III. Para ello deben tener en cuenta “la determinación de costos y gastos necesarios, los que deben ser verificables y auditables, siempre que no superen los estudios de factibilidad técnico-económicos aprobados para cada inversión”, reseña Granma.
Medina Morante precisó que aunque las entidades estatales seguirán acordando los precios con los actores privados, estos “deben enmarcarse en el presupuesto aprobado y el alcance previsto”.
Al respecto, el funcionario reconoció que “las nuevas normas promoverán debates entre algunos actores económicos”, aun cuando —según dijo— para la elaboración de las mismas “en todos los territorios se recogieron sus opiniones y propuestas”.
No hubo que esperar mucho para que se desatara la polémica sobre el nuevo sistema de precios, el cual se inserta en la no menos controvertida estrategia gubernamental para “actualizar” las regulaciones sobre el funcionamiento del sector no estatal, en marcha desde el año pasado.
Varios empresarios privados e internautas en general han cuestionado ya las normas publicadas y han mostrado su preocupación sobre su impacto en las relaciones entre los constructores no estatales y las entidades del Estado.
Por ejemplo, Yulieta Hernández, quien preside la empresa πlares (Pilares) Construcciones, estimó que el nuevo sistema de precios “no es viable” y lo catalogó como “un caos total”.
“Ahora no habrá constructor privado que ejecute obras públicas”, apuntó en sus redes Hernández, quien también compartió varios análisis más detallados sobre las nuevas normas, sus problemas y limitaciones —desde la perspectiva de los analistas— y también propuestas de solución.
Ante las presumibles inconformidades y propuestas desde el sector privado, el Gobierno parece haber dejado esta vez una puerta abierta, ya que a los seis meses de la entrada en vigor de las normativas deben analizarse sus resultados en la práctica.
Según Medina Morante, ese análisis se realizará “para perfeccionarlas o corregir a tiempo alguna distorsión”, lo que podría dar pie a correcciones más favorables para los privados o, por el contrario, a otras restricciones.
De acuerdo con la información oficial, Precons III se aplicará en lo que resta de 2025 “para las obras cuyo financiamiento no se afecte por la implementación de las nuevas bases de costos”, al tiempo que ya se debe tener en cuenta en “el proceso de planificación y contratación correspondiente al 2026 para inversiones, reparaciones capitales y mantenimiento constructivo”.
