Alfredo Prieto
Después de la Ofensiva Revolucionaria, en 1968, en Cuba el trabajo por cuenta propia y los negocios privados fueron puntos apenas existentes en medio de un mar de estatizaciones. Décadas más tarde, fueron emergiendo en la realidad nacional a partir del proceso de crisis y cambio que sobrevino al cabo de la disolución del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética, con normativas y resoluciones oficiales que los modulan y controlan.
De entonces a acá, el abanico de documentos generados por el Estado ha sido estudiado por juristas y economistas, tanto dentro como fuera de la isla, quienes han señalado los problemas de una trayectoria no exenta de zigzagueo, contradicciones y retrocesos.
Entrevistamos sobre el tema a uno de esos estudiosos, el Dr. Omar Everleny, a quien agradecemos su tiempo en medio de compromisos personales derivados de la investigación y la academia.
¿Cómo definirías las relaciones del Estado cubano con la empresa privada nacional?
Es una relación muy ambigua. El Estado expresa en casi todos los foros que se efectúan nacionalmente que no tiene la voluntad de presionar ni de cerrar la empresa privada. Pero en la práctica sí las presiona, ya que tiende a asfixiarla con innumerables controles, supervisiones, topándole precios… Muchos empresarios —y no son los que subdeclaran o no declaran al fisco— plantean dudas acerca de si deben continuar o cerrar su negocio. Se sienten muy presionados.
El discurso estatal ha ido cambiando después de 2021, cuando se aprobaron las primeras empresas privadas conocidas como mipymes. Sus expresiones iniciales subrayaban que la empresa cubana era una sola, sin importar la forma de propiedad. Hasta decir en la actualidad que es complementaria. Pero también esgrime que deberá estar subordinada a los planes locales en los que se asienten y que tendrán que ponerse a tono con las prioridades de los municipios.
Si vamos a las estadísticas publicadas por la ONEI, se demuestra lo contrario. Por ejemplo, en 2023 se publicó el consumo de los hogares por fuentes de oferta. El sector estatal solo ofreció el 40 % de esa oferta. El resto fueron los privados.
No habría por qué intentar asfixiar a la empresa privada cuando la economía cubana está atravesando la peor crisis de su historia, lo cual incluye severos problemas con la histórica libreta de abastecimientos, toda vez que no se garantizan las entregas mensuales de los pocos productos que antes se garantizaban como arroz, café, azúcar, huevos, pollo y aceite, entre otros.
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¿Cuáles serían los principales obstáculos para el desarrollo de las formas no estatales de producción en la isla?
Para empezar, el mayor obstáculo son las contramarchas que se efectúan cada cierto tiempo. No han madurado las mipymes y, de pronto, cambian la legislación que tenían como guía para el desarrollo de su actividad.
Puedo decir que los empresarios sienten que no hay estabilidad jurídica en Cuba porque las legislaciones se cambian constantemente.
Otro obstáculo para el desarrollo de las formas no estatales es no contar con la posibilidad de adquirir divisas en alguna mercado cambiario oficialo; divisa que le es necesaria para su ciclo de aprovisionamiento. Necesitan comprar materias primas en el exterior porque internamente no se producen. Entonces,se trata de una incongruencia de los hacedores de políticas el no asegurar la legalidad de esas transacciones.
Hay otro tema que persigue a los empresarios privados: los límites imaginarios que se les imponen. Cuando se dice en la Constitución que no se permitirá la concentración de los ingresos, ni de la propiedad, no se sabe a ciencia cierta qué se entiende por eso. ¿Cuál es ese límite? ¿Quién o quiénes lo ponen? Y ese imaginario lleva siempre a las sospechas de los fiscalizadores cuando un negocio va haciéndose más grande y empieza a prosperar y avanzar en los primeros puestos de un pelotón, como si fuera una carrera de maratón.
En Vietnam o China esos avances son bien recibidos porque llevan a incrementar la riqueza de la nación. Pero en Cuba es un demérito acumular cierta riqueza. Se entiende como que regresa el fantasma del capitalismo.
¿Como deberían ser, en tu criterio, las políticas impositivas a la empresa privada?
Lo más justas posible, atemperadas a la realidad nacional y, sobre todo, no desincentivar a los empresarios privados. Que reflejen el momento de crisis que se vive.
Se ha querido potenciar la bancarización de la economía para tener más control de los movimientos financieros de las empresas. Hasta aquí es correcto. Lo que sucede, sin embargo, es que el sistema bancario padece debilidades y malas políticas que no tienen apoyo de la sociedad, sino que la irritan.
Largas filas para entrar a los bancos, poco personal, locales pésimos… después no te dejan sacar lo que has depositado y lo necesitas para pagarles a individuos que no usan los métodos de pagos modernos —en los mercados agropecuarios, los vendedores ambulantes, entre otros—.
En conclusión, no se deposita todo lo posible. El Estado no conoce la base imponible real de las empresas privadas.
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¿Qué problemas encuentras en las legislaciones sobre la empresa privada cubana, desde el punto de vista económico?
Las disposiciones legales recientes carecen de un enfoque realista y de fomento de la empresa privada. Más bien han puesto su foco en el control. No es descabellado, pero no debe ser el foco principal en estos momentos.
No se hacen los esfuerzos necesarios para atraer instituciones de microcréditos internacionales que se han ofrecido para trabajar en Cuba. No sería lógico crear un banco especializado solo para atraer fondos o prestarles a los empresarios privados, sino uno que respete los fondos depositados para el fomento empresarial privado.
Tampoco se observa un interés real en reconocer que en ciertos sectores las formas de producción privada son mucho más eficientes que el Estado. A modo de ejemplo, se puede mencionar la producción de alimentos, la gastronomía, el vestuario, la elaboración de equipos domésticos, las reparaciones y las construcciones, entre otros.
No se entiende por qué hay un número de actividades prohibidas. Son casi absurdas, como en los casos de arquitectura, ingeniería civil, enseñanzas de idiomas… Me habría gustado conocer el argumento que se utilizó para establecer esas prohibiciones.
Por eso la legislación aprobada es insuficiente para retomar una senda positiva al desarrollo económico. Le faltan artículos. Otros deberían eliminarse.
¿Cuáles son las limitaciones de la empresa estatal socialista para cumplir el papel que oficialmente se le asigna?
Para empezar, los que dirigen la empresa estatal socialista funcionan como simples administradores de los recursos que el Estado le otorga. No llegan a tener el margen de maniobra que tienen los gerentes de las empresas privadas. O sea, no tienen la autonomía necesaria para lograr sacar a sus empresas de la descapitalización y en algunos casos de su paralización.
Están sometidos a presiones de los niveles superiores para el cumplimiento de los planes asignados. Pero sus finanzas pueden ser intervenidas cuando los niveles jerárquicos sean requeridos para una compra del país.
Puede ser pagar un envío de productos necesarios para la casi inexistente libreta de abastecimientos. O para pagar un barco de combustible, decisiones a veces descabelladas, pero también necesarias. Lo que sucede es que se deja a la empresa desprotegida para el cumplimento del papel que se le ha asignado.
Por otro lado, la llamada Ley de Empresas, que al menos debería haber clarificado muchos deberes y derechos de los empresarios, al parecer ha sido saboteada por entidades a las que no convendría su aplicación.
No obstante, al margen del escenario adverso en que han tenido que desarrollarse las formas privadas en la economía cubana después de septiembre de 2021, y a pesar de que el Gobierno quiera controlarlas en exceso, al cierre del mayo de 2024 las empresas privadas eran unas 11 046: 4 548 de reconversión y 6 498 nuevas. De ellas, el 26 % son empresas medianas, es decir, con más de 36 trabajadores.
Su avance se demuestra además en el hecho de que en 2023 el sector privado importó poco más de mil millones de dólares. Solo en el primer semestre de 2024, las mipymes habían logrado importar 622 millones de dólares, en contraste con el plan de las importaciones estatales de ese primer semestre, que se logró en menos del 50 %.
Que no les corten las alas y las dejen volar. A pesar de las críticas a sus precios, ofertan bienes que el Estado no puede ofertar.
