En medio de la severa crisis que sufre la isla, el Gobierno cubano admitió que su plan para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” no avanza como desearía, “sobre todo en aquellas cuestiones que más demanda la población”.
Al presentar un informe sobre el tema en el IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), el primer ministro Manuel Marrero reconoció la insatisfacción del Gobierno “al no alcanzar aún los resultados necesarios, a pesar de todas las acciones desarrolladas”, reseña Granma.
Marrero consideró que aunque existen “muchas reservas y capacidades por desarrollar”, para lograr las metas gubernamentales son necesarias una “mayor coordinación, dinamismo, resolutividad y objetividad”, la “identificación de riesgos” y “medidas que mitiguen los impactos negativos” en la población.
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El Primer Ministro lamentó el impacto de “un conjunto de situaciones que han repercutido negativamente” en la materialización del plan, entre las que mencionó las consecuencias del embargo/bloqueo de Estados Unidos —al que consideró “la principal causa de las dificultades que afronta el país”—, así como los fenómenos naturales que golpearon a la isla.
No obstante, de acuerdo con su informe al pleno partidista, se consiguieron “discretos resultados”, “se logró identificar y contener un conjunto de distorsiones y se redujeron sus impactos”.
Impactos e insatisfacciones
En su intervención, Marrero aseguró que el plan gubernamental ha tenido un “impacto favorable en la ejecución del Presupuesto del Estado 2024”, con “una reducción de 57 000 millones de pesos, el 46 % del déficit fiscal aprobado en la Ley”.
Sin embargo, también reconoció a la par “la identificación de impactos en la población en general, o en sectores de esta”, en temas como los precios, la eliminación de subsidios y otros que “por sus efectos transversales pueden ocasionar afectaciones en el poder adquisitivo de las personas y en la capacidad de compra de la moneda nacional”, informa Granma.
En el plano de las insatisfacciones, el jefe de Gobierno se refirió, entre otras cosas, a la “poca participación de la producción nacional en los productos que se distribuyen en la canasta familiar normada”, así como a los incumplimientos en las producciones industriales.
Apuntó, además, a la necesidad de “aumentar la captación de divisas” y de identificar “soluciones novedosas que permitan detener el deterioro que enfrenta la agroindustria azucarera”, así como de superar “problemas subjetivos” que persisten a la par de las carencias materiales.
A pesar de las dificultades y retrasos, Marrero confirmó que el plan evaluado es “la alternativa más viable para enfrentar los retos de la recuperación y el reimpulso de la economía, en condiciones de guerra económica” y, en consecuencia, en 2025 seguirá siendo “el hilo conductor” del trabajo gubernamental.
“Los errores cometidos y las experiencias adquiridas, con toda seguridad, nos ponen en condiciones de pasar a otra etapa, con mayores resultados e impactos favorables en la población”, aseveró.
La postura gubernamental contrasta con las valoraciones y los cuestionamientos a dicho plan por no pocos economistas y académicos, y también por nuevos actores económicos y parte de la población, afectados por la crisis y las medidas y normativas implementadas por el Gobierno en este contexto.
Dicho en otras palabras se priorizan los resultados macroeconómicos a los microeconómicos siendo el bienestar de la población la principal variable de ajuste de los escasos logros alcanzados. Resulta incongruente hablar de reducción del déficit fiscal cdo las jubilaciones permaneces congeladas desde hace varios años, lo q supone un deterioro agudo y sostenido del poder adquisitivo de los jubilados.