Andrea Rodríguez / AP
En 2006, Geraudis Mustelier era un empleado del gobierno cubano cuyo trabajo consistía en apoyar la organización y contabilidad de varias firmas. Ahora tiene su propio negocio de gestión y entre sus 400 clientes destacan importantes corporaciones de la Isla, pero para la ley lo suyo no es una empresa.
La falta de una norma que oficialice a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Cuba -un rezago del estatismo soviético que estigmatizaba al sector privado- aún limita el desarrollo de los emprendedores como Mustelier.
“Hay una resistencia cultural, mental al cambio”, reflexionó Mustelier ante la AP.
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Él y otros colegas operan como “cuentapropistas”, lo que implica que, entre otras cosas, no pueden separar sus finanzas personales de las de sus comercios, contar con esquemas para quiebras o sistemas tributarios diferenciados.
A finales de diciembre se informó que el Parlamento estudiaba la posibilidad de sancionar una Ley de Empresas que regularía a las estatales y a las privadas, pero no hay detalles sobre ésta. Estaría lista para en abril de 2022, señalaron los diputados, aunque funcionarios dijeron que podría avanzarse en medidas regulatorias desde este año.
Mustelier y media docena de emprendedores con los cuales habló AP indicaron, además, que la norma los beneficiaría porque los libraría de verse expuestos a los vaivenes de dirigentes que los exhortan a esperar o dictan decretos contradictorios, daría seguridad a sus clientes y les permitiría importar insumos y exportar productos por sí mismos. Asimismo, podrían participar de un mercado mayorista cuando éste se abra y favorecerse en materia fiscal al deducir impuestos por concepto de inversión en innovación o de acuerdo con el tamaño de sus operaciones.
Para algunos empresarios y expertos, esta ley sería positiva para el país y el desarrollo de las Pymes contribuiría a abastecer a la población, que en meses recientes se topó con anaqueles vacíos en medio de un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos -que limita sus importaciones- y absorber el millón de puestos estatales que podrían desaparecer a causa de una reforma previamente anunciada.
En la última década, Cuba dio algunos pasos hacia la iniciativa privada -lo que permitió por ejemplo el surgimiento de Gemus, la firma de Mustelier, y otros negocios- pero en los últimos años el nivel de éstos parece haber tocado un techo.
El expresidente Raúl Castro arrancó en 2010 una política de apertura en un país en el que 80% de la fuerza laboral estaba vinculada al Estado y el emprendimiento de los particulares era estigmatizado como un peligro capitalista. Incluso la propiedad privada logró reconocimiento hace apenas unos meses, bajo la nueva Constitución, vigente desde abril de 2019.
Al calor de los cambios, muchas zonas se transformaron con el establecimiento de cafeterías, restaurantes, casas de alojamiento, talleres o venta de productos. Los emprendedores buscaron la forma de atraer clientes y se triplicaron los ingresos de muchas familias.
De 157.351 licencias que había en 2010 en algunos oficios como reparador de calzados o taxistas pasaron a 600.000 en la actualidad en muchos sectores.
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Durante este tiempo, la relación entre el gobierno y los emprendedores no estuvo exenta de altibajos. En algún punto las autoridades cancelaron la entrega de licencias, aunque luego la reanudaron.
La economía cubana enfrenta desafíos además de las sanciones estadounidenses -unificar su moneda, entre ellos-, por lo que algunos expertos opinan que la eventual Ley de Empresas impulsaría las finanzas.
A finales de 2019 las autoridades informaron que el PIB de Cuba había crecido 0,5% en lugar del 5% o 7%, como los propios dirigentes mencionaron que era necesario para sacar al país de la crisis.
“Al punto en que está la economía cubana no se puede seguir funcionando en base a las urgencias, debe haber una sedimentación a futuro”, dijo a la AP el economista cubano Omar Everleny Pérez, quien apoya la pronta sanción de la Ley de Empresas.
Dado que en el país hay varias tasas de cambio y que benefician a algunas grandes empresas estatales, la reforma financiera mostraría cuáles son ineficientes y deben ser cerradas, lo que dejaría trabajadores sin puestos de trabajo.
“Si vas a permitir el quiebre de la empresa estatal (con la reforma), esos operarios ¿a dónde irían?”, se preguntó Pérez. “No se trata de meter el germen capitalista o la economía de mercado, sino de balance”.
Economías como la japonesa, la mexicana y las de algunas naciones europeas basan su desarrollo y generan empleos a través de los pequeños y medianos empresarios.
“El 85% de los empleos en Europa son de Pyme”, explicó a la AP el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. “Nos gustaría tener un fondo de inversiones relevante para impulsar la Pyme europea y la cubana, pero para eso hace falta que Cuba apruebe también la pequeña y mediana empresa”.
La Pyme “es más resistente frente a las sanciones, frente al bloqueo de los Estados Unidos porque Estados Unidos puede poner multas o sanciones a una gran empresa, a un gran banco, pero le va a ser mucho más difícil atacar a la pequeña y mediana”, auguró Navarro.
Estados Unidos impuso sanciones tan fuertes a Cuba este año para asfixiar su economía y presionar un cambio de modelo político, que incluso Washington persiguió a los barcos que traen petróleo a la isla o limitó los viajes para evitar que la nación caribeña recibiera ingresos por turismo.
La Administración del presidente Donald Trump fue tan lejos como para permitir que se presentaran juicios a empresas de terceros países que se atrevan a operar con Cuba a fin de disuadir su participación aquí.
“La inexistencia de una ley de empresas… limita grandemente al sector privado en Cuba”, expresó a la AP Camilo Condis, un ingeniero industrial que desarrolla un negocio de servicio eléctrico. “Es nuestro propio bloqueo interno. El sector privado se encuentra atado de pies y manos e impedido de crecer orgánicamente para alcanzar un papel de mayor peso en el desarrollo de la economía”.
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