Pymes en Cuba: Dentro del fuego amigo

Hace apenas un año y algo la aparición de las pymes fue saludada con alegría  y esperanza por una buena parte de la población cubana, y también del aparato de gobierno. 

El decreto ley que posibilitó su creación saldó además una deuda de décadas y, a la vez, permitió que muchos trabajadores por cuenta propia materializaran sus aspiraciones. También incentivó a otros muchos ciudadanos a emprender su propio negocio y proyecto de vida. 

Su aprobación, desde mi perspectiva, respondió más a la urgencia de una situación económica y social crítica que a la propia conceptualización del modelo aun cuando en ella se abría un espacio a las pymes como “complemento” del sector estatal.

Hasta enero han sido aprobados cerca de 6 600 nuevos actores económicos, de los cuales son pymes privadas casi 6 500, las estatales rondan las 90; mientras que las cooperativas alcanzan poco más de 60. Alrededor del 50 % son pequeñas empresas y el resto se distribuye casi por igual entre micro y medianas. 

Con una relativamente alta concentración territorial, cerca del 40 % están radicadas en La Habana. En cuanto al tipo de actividades, responde más a una combinación de negocios de oportunidad, acceso a capital y/o experiencia previa que a ninguna estrategia diseñada desde los decisores o que sea coherente con los ejes que tributan a la estrategia de desarrollo del país, o con las estrategias de desarrollo territorial. 

La ausencia de incentivos para inducir, fomentar, promover, facilitar el nacimiento de empresas que respondan a esos objetivos nacionales o locales es notable, con la excepción de los parques científico-tecnológicos. Las razones de esa ausencia pueden ser variadas, desde el desconocimiento hasta las deficiencias de las políticas públicas que induzcan su nacimiento allí donde sean más convenientes.

Ahí están. Sin duda han llenado un espacio, han generado empleo, han contribuido a incrementar y diversificar la menguada oferta de bienes y servicios.

Además han impulsado articulaciones con la empresa estatal sobre la base de prefinanciar sus producciones, de suministrarle las materias primas u otros insumos que la empresa estatal no alcanza a adquirir, de comercializar sus productos o, gracias a la renta de espacios e infraestructura subutilizada en empresas estatales. 

Esto ha sido así gracias a su “dinamismo pyme”, a sus posibilidades de acceder al mercado exterior, a que se han ganado la confianza de los suministradores porque honran los compromisos de pago puntualmente. Y no es casual que así sea. 

Las pymes pueden pagar desde cuentas en el extranjero y, sobre todo, toman riesgo, porque han “aprendido haciendo” y porque son únicos responsables de sus decisiones y no tienen que esperar por nadie “allá arriba” que le diga sí o no.  

Las pymes son una forma más desarrollada del trabajo por cuenta propia, por el hecho de tener personalidad jurídica, lo que les posibilita importar aun cuando sean intermediadas por una empresa import-export estatal;  porque han demostrado que SÍ SE PUEDE y que los cubanos no somos segundos de nadie, porque suman al propósito de la prosperidad, porque han descubierto nuevos nichos de mercado y formas relativamente novedosas de manejarlo, en las condiciones del país.

Por todo eso quizá han concentrado sobre ellas no solo el fuego desde el lado enemigo, sino también, ese otro que como afirmara el expresidente Rafael Correa es más dañino aún: el fuego amigo.

Año y medio después de su nacimiento pareciera que su éxito puede ser su condena. Como en otras ocasiones, los prejuicios han ido ganando espacio. 

Demasiadas pymes versus un número de empresas estatales que no rebasa las 2 mil, fue quizá de las primeras balas desde el fuego amigo, como si lo decisivo fuera la cantidad y no la calidad y como si casi sesenta años sin pequeñas y medianas empresas privadas y vacíos nunca resueltos por las empresas estatales tanto en bienes como en servicios, apenas contaran en esta historia.

Una parte de esas pymes han ocupado esos espacios que las empresas estatales no pudieron o no les dejaron llenar o los llenaron con muchas ineficiencias y deficiencias. Eran oportunidades nunca aprovechadas. 

Es probable que queden otras miles de esas oportunidades, que en su momento no fueron atendidas, esperando por nuevas pymes. Y seguro nacerán nuevas necesidades/oportunidades. 

Lo mejor sería que las empresas estatales pudieran competir en velocidad de reacción con las pymes, o que fueran suficientemente proactivas como para idear articulaciones con las nuevas formas de gestión no estatales que les permitieran mejorar sus procesos y elevar su eficiencia. 

Cuando esto ocurre, se debe más a la excepcionalidad de algún empresario estatal que porque las “reglas de juego” impulsen a tomar esas decisiones. 

Muchas oportunidades siguen sin convertirse en buenos negocios, porque esas “reglas de juego” favorecen más  repetir decisiones tipo “perro del hortelano” —ni come ni deja comer—, algo muy arraigado en nuestra cultura de dirección, algo que no parece ser lo más conveniente a las aspiraciones de dinamizar una economía estancada por varios años. 

El objeto social ha sido otro de los blancos del “fuego amigo”. Es “demasiado amplio”, se ha dicho, y eso les permite hacer cualquier cosa. Eso le da “ventajas respecto a la empresa estatal”, se ha afirmado. Así pues, obliguemos a las nuevas que se creen a reducir ese objeto social, a un número determinado de actividades que estén directamente relacionadas con su actividad principal. 

Lo sorprendente es que las empresas estatales, incluso antes que naciera oficialmente la primera pyme, ya disfrutaban de esa misma facultad y pueden, al menos en teoría, ampliar tanto su objeto social como las oportunidades de negocios reclamen.

Si se trata de que todos los actores operan en “igualdad de condiciones”, ¿por qué se les restringe a las pymes? ¿Por qué las empresas estatales que accedieron a esta ventaja antes que las pymes no las han aprovechado? ¿A quién perjudica que las pymes tengan un objeto social amplio? ¿A quién beneficia esa “decisión administrativa o política” de recortarle sus derechos? ¿Cómo es posible entonces que administrativamente se decida constreñir algo que la propia legislación permite? 

¿Es que constreñir el objeto social de las pymes  tiene alguna relación directa con la mejora de la empresa estatal o con el incremento del PIB? ¿O con la mejora de la productividad global? ¿O con la elevación sistémica de la eficiencia en el uso de los recursos? ¿O con una mejor asignación de los recursos del pueblo en inversiones que puedan recuperarse en el tiempo programado? ¿O con el incremento de la producción de alimentos y la reducción de sus precios? 

Otro de los proyectiles que se usan contra las pymes es que existe una desvinculación entre las actividades que desarrollan y las necesidades de los territorios.

Sin duda es así y hay evidencia para confirmarlo. Sin embargo, es la manifestación del fenómeno. Las causas no solo están en que ellas respondan al interés individual de sus dueños, sino además en las limitaciones de las autoridades locales para inducir, motivar, promover el surgimiento de otras pequeñas empresas en aquellas actividades que más convenga a los territorios y a la vez en las pocas posibilidades / recursos/ instrumentos que esos Gobiernos locales tienen en sus manos para lograr algo así. 

Desde el ámbito fiscal (tributos, exenciones tributarias, etc.) los territorios poco pueden hacer pues nuestra política fiscal es altamente centralizada y es esencialmente recaudatoria. 

Es cierto que podrían facilitarles locales e incluso tierras ociosas, pero una buena parte de los locales no son del Gobierno, sino de los ministerios y empresas nacionales; y sobre las tierras ociosas, las facultades descansan en el Ministerio de Agricultura y sus delegaciones territoriales. Pero también es cierto que tienen en sus manos el fondo para el desarrollo local, por ahí podría haber una posibilidad de incentivos, de igual manera que “facilitar” la concreción de esos nuevos negocios podría ser también un recurso para incentivar e inducir la creación de pymes allí donde el territorio necesita.

Que las pymes han “desviado las remesas que antes eran apropiadas por compañías estatales” es parte de los argumentos del fuego amigo. 

Lo cierto es que hoy no tenemos datos sobre el monto de remesas anuales que Cuba recibe. De hecho, esos datos nunca han sido públicos. Más allá de los reportes publicados por Western Union, el resto ha sido estimado. Esas estimaciones coinciden todas en que en sus mejores momentos las remesas oscilaron entre los 2,5 mil millones y los 3,5 mil millones. Es cierto también que en lo fundamental iban a parar a empresas del Estado.

Ocurre que la realidad cambió. Las remesas se afectaron por las dificultades que impusieron las medidas de Trump. Tuvimos la pandemia. El desabastecimiento de las tiendas en MLC así como las propias dificultades para utilizar el dinero plástico junto a la expansión de las plataformas de venta online y al éxodo masivo de unos 300 mil cubanos en poco más de un año, han cambiado el escenario drásticamente.

Habría que agregar la pasividad / lentitud para implementar programas que incentiven el envío de remesas para destinos de interés de los remesantes —fondos para la construcción de viviendas o para ser utilizados como microcréditos, por ejemplo.

Resulta conveniente recordar que el envío de remesas durante mucho tiempo tuvo como finalidad fundamental la compra de bienes de consumo y hoy una parte de ese consumo es satisfecha por la oferta de los nuevos actores, ante la poca efectividad de las tiendas en MLC.

El fuego amigo también se ha concentrado en la relación entre la inflación y las pymes. Es verdad que existen quienes lucran con la oportunidad que brinda una economía que hace años padece de una insuficiente oferta; pero confundir causas con consecuencias no es bueno. 

Las primeras pymes surgieron en octubre de 2021. Los datos del comportamiento de los precios muestran lo siguiente:

Un año antes del surgimiento de las pymes, ya los precios mostraban un comportamiento altamente inflacionario producto de factores externos como el incremento de los precios internacionales de bienes y servicios, en especial de los fletes. También por factores internos, como muchos especialistas y las propias autoridades han reconocido: un profundo shock de oferta, el incremento del dinero en circulación debido en lo fundamental a la emisión monetaria para cubrir un elevado déficit fiscal, el casi nulo éxito de la Tarea Ordenamiento y el efecto de la devaluación de la tasa de cambio oficial, la reducción de la oferta de dólares y, consecuentemente, la elevación de la tasa de cambio junto a la creación de un mercado informal de divisas y las expectativas de la población.

No obstante, podemos hacer la pregunta que naturalmente se desprende: Si mañana desaparecen las pymes y, en especial, las comercializadoras y las plataformas de venta online privadas, ¿se reduciría o desaparecería la inflación? 

Que la diferenciación social ha crecido en Cuba y con ello la desigualdad es indiscutible y es parte del arsenal del que se nutre el fuego amigo. Que los actores no estatales lo han hecho más evidente tampoco es discutible. 

Sin embargo, el crecimiento de las desigualdades no es un fenómeno que sobrevino luego de la aprobación y surgimiento de los nuevos actores. Data también de varios años antes. No hay datos públicos sobre el Índice de Gini en Cuba en los últimos años, sin embargo, es bueno recordar que ya a inicios de este siglo y bajo la dirección personal de Fidel fue lanzado un programa de formación de trabajadores sociales ante la evidencia de serias desigualdades que se han hecho aún más profundas con el transcurso de los años. 

Mas de 1 millón 800 mil personas jubiladas y pensionadas (16 % de la población total del país) viven hoy en Cuba. Desde el presupuesto del Estado se intenta respaldar a esas personas, sin embargo, la pensión media (jubilados, invalidez y muerte) es de alrededor de 2000 cup (por debajo del salario mínimo que en 2022 fue 2 100 cup). 

Esa pensión, al igual que el salario mínimo, apenas si alcanza para obtener esa canasta de bienes elementales que es la “libreta”; y queda lejos de los ingresos necesarios para complementarla. 

Las pymes nacieron diez meses después de la Tarea Ordenamiento, que fue la que convirtió en sal y agua el ingreso de esas personas pensionadas, a pesar de los incrementos y, como expliqué, un año antes de que la inflación redujera significativamente la capacidad de compra de esas pensiones. 

Habría que decir, además, que las pymes también contribuyen a la seguridad social, tanto los trabajadores como los socios.

Volvamos pues a la misma pregunta: ¿Si no existieran las pymes mejoraría la situación de nuestros jubilados y pensionados y de las familias en riesgo? ¿Mejoraría la situación de las 367 887 personas que reciben 1 362 cup mensuales?

Quizá un buen argumento a favor de una respuesta positiva sería que, de no existir las pymes, esa riqueza que ellas concentran se podría distribuir mejor, solo habría que asumir que alguien antes la hubiera producido. ¿Quién?

Un buen amigo versado en los temas de la influencia de las instituciones en la economía cubana me dijo hace algún tiempo que la mejor manera de hacer que la dinámica de las pymes se detenga es crear el Ministerio de las Nuevas Formas de Gestión No Estatal y armar OSDEs por tipo de actividad principal. Sin duda, podría ser el más poderoso proyectil desde el fuego amigo.