El Gobierno cubano aplazó nuevamente la aplicación de aspectos de la controvertida Resolución 56, que restringe el comercio mayorista de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas, así como de las cooperativas no agropecuarias (CNA).
La nueva moratoria, anunciada este miércoles a través de la Gaceta Oficial, extiende el plazo, sin una fecha límite definida, para que estas entidades actualicen su licencia, en el caso de las que tienen la comercialización mayorista como actividad principal.
Además, aplaza también indefinidamente la liquidación de los inventarios de las que tienen aprobado el comercio mayorista como actividad secundaria.
En ambos casos, los plazos se extenderán ahora “hasta tanto culmine la evaluación económica y social de su desempeño en el ámbito territorial o nacional, alineado con las políticas del país”, refiere la nueva resolución del Ministerio de Comercio Interior (Mincin).
La ministra del sector, Betsy Díaz Velázquez, confirmó esta decisión a la prensa y explicó que la misma responde a las evaluaciones realizadas junto a los distintos actores económicos involucrados, según reseña Cubadebate.
La información oficial, en cambio, no ofrece más detalles sobre los motivos del aplazamiento ni sobre los criterios utilizados para la “evaluación económica y social” de las mipymes y CNA.
El pasado 2 de abril, ya el Gobierno había informado que prorrogaba hasta el 30 de septiembre la restricción del comercio mayorista para las cooperativas y mipymes privadas, aunque no para los trabajadores por cuenta propia (TCP).
La fecha límite original para cumplir con los requisitos prorrogados era este 7 de mayo.
NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO ‼️
A partir de la evaluación sobre la implementación de la Resolución 56 del 2024, se ha decidido la extensión de los plazos para realizar el comercio mayorista a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. pic.twitter.com/yYY00a5e9e
— Comercio Cuba (@MincinCuba) May 7, 2025
Una resolución controvertida
La Resolución 56 del Mincin, aprobada en diciembre de 2024, supuso un vuelta de tuerca en el control estatal sobre el comercio mayorista, ante el auge de esta actividad en manos privadas.
La normativa prohibía explícitamente a los trabajadores por cuenta propia (TCP) dedicarse a la venta mayorista y obligaba a las mipymes privadas y las cooperativas a actualizar su objeto social y licencias en un plazo de 90 días hábiles.
En el caso de las que no tuvieran el comercio mayorista como actividad principal, debían liquidar sus inventarios en un máximo de 120 días.
Por su parte, las que sí la tienen, debían operar bajo contratos con participación estatal directa, generalmente a través de empresas comercializadoras mayoristas del Estado.
Con los aplazamientos anunciados todo ello se pospone por el momento, salvo el veto para los TCP. Al cumplirse el plazo originalmente establecido para ellos en la norma, los mismos ya “culminan la liquidación de inventarios y de mercancías en tránsito y en plaza, destinadas al comercio mayorista o a la venta al por mayor”, confirmó Díaz Velázquez.
Solo se exceptúan de esta prohibición las producciones hechas por los propios cuentapropistas. En ese caso sí pueden comerciar de manera mayorista y sin intervención del Estado, algo también válido para las cooperativas y mipymes privadas.
De hecho, la nueva resolución modifica la redacción de ese acápite para ampliar su registro no solo a los actores privados que tienen la producción como actividad principal.
Ahora, según lo normado, las mipymes, las CNA y los TCP “que tienen aprobada la producción, realizan la comercialización mayorista, de sus producciones y minorista, según objeto social o proyecto aprobado, a personas naturales y jurídicas, previa obtención de la licencia comercial, donde se especifica este particular”.
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“¿Burocracia en apuros?”
La Resolución 56 forma parte de un paquete normativo más amplio impulsado por el Gobierno con el objetivo declarado de reorganizar y “actualizar” el funcionamiento del comercio mayorista en la isla, como parte de su programa para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
Sin embargo, la extensión de sus plazos remite, en opinión de expertos independientes, a una política zigzagueante a la hora de lidiar con los negocios no estatales mientras la reforma económica, necesitada de coherencia instrumental, no acaba de implementarse en su integralidad.
El economista cubano Pedro Monreal, uno de los analistas más seguidos en la isla, se preguntó en sus redes sociales si el nuevo aplazamiento no se debería a una “burocracia en apuros”. “¿Aplicaría aquí quizás aquello de que ‘el que tarda en dar lo que promete, de lo prometido se arrepiente’?”, inquirió.
¿Burocracia en apuros? Las MIPYMES cubanas podrán continuar haciendo comercio mayorista hasta una fecha indefinida. ¿Aplicaría aquí quizás aquello de que “el que tarda en dar lo que promete, de lo prometido se arrepiente”? pic.twitter.com/MDpuUOPPNP
— Pedro Monreal (@pmmonreal) May 7, 2025
La norma, en su concepción original, pretendía corregir “distorsiones” y garantizar un mayor control estatal sobre sectores estratégicos, pero su aplicación parecer haber resultado ser mucho más compleja de lo anticipado.
Para los expertos, la decisión de aplazar su aplicación revela las dificultades del Estado para implementar controles efectivos sobre el sector privado sin provocar un colapso en la ya frágil cadena de suministros y distribución.
Previamente, Monreal y otros analistas había fustigado la normativa, porque en su opinión la misma busca “oxigenar” el sector estatal, que sufre de falta de liquidez y eficiencia, y reforzar la supervisión sobre el sector privado, limitando su capacidad de operar con autonomía.
El aplazamiento de sus aspectos referidos a las cooperativas y mipymes privadas representa, por tanto, un alivio temporal para ellas frente a la amenaza de perder su principal fuente de ingresos.
Muchos empresarios privados habían advertido que la aplicación estricta de la Resolución 56 podría llevar al cierre de cientos de negocios y al desabastecimiento de productos en el mercado minorista. Sin embargo, la falta de una fecha definitiva para su entrada en vigor también genera incertidumbre, lo que entorpece la planificación a mediano y largo plazo de los negocios
Pese a ello, las mipymes privadas en Cuba crecieron en el primer trimestre de 2025. En ese período las micro, pequeñas y medianas empresas experimentaron un aumento de 3,4 % respecto a diciembre pasado, según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadística (ONEI).
De acuerdo con el informe oficial, 9550 mipymes privadas operaban al cierre de marzo en la isla, frente a las 9236 contabilizadas al finalizar 2024.
