“Contenedor de aceite de 900 ml. 30 mil pomos 500 CUP cada pomo en efectivo, solo CUP, no se acepta transferencia”. De anuncios como ese están llenos los grupos en Facebook de mipymes cubanas, que a diario dan cuenta de los numerosos contenedores importados por las “nuevas formas de gestión”, y la posterior comercialización de su contenido en la isla.
Hasta finales de 2022, en muchas de esas operaciones se empleaba moneda digital. Pero desde que en enero de 2023 el Banco Central de Cuba (BCC) limitó el monto de las transferencias, comenzó a crecer el porcentaje de transacciones en efectivo. Aunque formalmente la limitación solo iba dirigida a los intercambios entre personas naturales, en la práctica afectaba el funcionamiento de las nuevas empresas privadas debido a la singular dinámica económica de Cuba.
No es raro que dueños de emprendimientos paguen gastos contingentes —como transporte o compras de último momento— con dinero propio y luego compensen tomando lo gastado de las cuentas de la empresa. Al acotarse los márgenes para esas y otras operaciones digitales, la reacción natural fue la de “apostar” por el dinero en mano. La política de bancarización, dictada a comienzos de agosto, ha consolidado la tendencia, que no parece vaya a revertirse en el futuro cercano.
Así piensa Marcos, administrador de una mipyme camagüeyana especializada en ventas minoristas. “La actividad económica se basa en la confianza, en primer lugar en las instituciones financieras, y esa confianza en Cuba está maltratada. Si ahora mismo fuera al banco a extraer 10 millones de pesos de la cuenta de mi empresa, sería prácticamente imposible que me los dieran. Pero sin ese dinero no puedo comprarles a quienes importan, o comprar ‘en la calle’ los dólares para importar. Tampoco el Estado garantiza suministros mayoristas ni vende divisas. En esas circunstancias la única opción es ‘evitar’ el banco”.
La logística para cualquier importación mayorista a Cuba por parte de las empresas pasa por la compra de divisas en el mercado informal, su traslado hacia el país en el que se realizará la compra, y complicadas gestiones para depositarlas en una cuenta bancaria con la que pagar a los proveedores extranjeros. Ese último paso del proceso puede implicar gastos adicionales por parte de los empresarios cubanos, pues la mayoría de los bancos no acepta el depósito de grandes cantidades de efectivo.
Diálogo de sordos
Antes de la bancarización, la mipyme de Marcos era una de las muchas que aceptaban pagos mediante transferencia. También por esa vía pagaba a algunos de sus proveedores de servicios, como los transportistas.
El esquema funcionó hasta que, con la Resolución 111, se decidió “bancarizar” el grueso de las operaciones comerciales. La norma fue promulgada el 2 de agosto, en un intento por atajar la crisis de falta de efectivo a que se abocaba el país por causa de la inflación y la disminución de las transferencias digitales. Este 16 de octubre, en una intervención televisiva en la Mesa Redonda, Díaz-Canel reconoció que la falta de dinero físico fue el principal motivo para la bancarización: “Si no la aplicamos, el déficit de efectivo hubiese sido mayor”, dijo.
Con la medida, el BCC buscaba “transparentar” al menos una parte del creciente volumen de negocios que se realizaban sin pagar contribuciones o impuestos.
Aun cuando oficialmente se planteó un plazo de seis meses para la puesta en vigor de “la 111”, y tres meses adicionales para determinadas prórrogas, el BCC ordenó aplicarla sin haber capacitado siquiera a sus trabajadores. Los “encuentros con actores económicos” también comenzaron a celebrarse después.
Marcos, que acudió a uno de los primeros organizados en Camagüey, recuerda haber salido de allí con más dudas que con las que llegó.
“Hubo quien preguntó por la forma en que accederíamos a divisas, teniendo nuestro dinero depositado en cuentas, y los del banco no supieron qué decir; otro reclamo sin respuesta fue el de la impresión de más papel moneda, o de billetes con mayor denominación; y la solicitud de que el Estado vendiera POS, o permitiera su importación y luego los certificara. A aquella reunión solo nos citaron para repetirnos que ‘la bancarización es buena’, sin más argumentos. Al menos no pasó como una en Las Tunas, en la que se atrevieron a hacerse los sorprendidos cuando alguien planteó lo de la compra de divisas. ‘Ustedes saben que es ilegal hacerlo por la calle’”.
Las autoridades bancarias insisten, sin embargo, en que no hay motivos para la resistencia de una parte del sector empresarial —estatal y privado— a digitalizar las operaciones. El 13 de septiembre el vicepresidente del BCC, Alberto Quiñones, le dijo al periodista Lázaro Manuel Alonso: “Vamos a analizar críticamente con aquellos actores económicos que hoy conocemos que han retirado el servicio cuando antes lo brindaban […] cada uno de los bancos con sus clientes van a analizarlo, van a revisarlo, van a evaluar las causas y a partir de ahí van a existir los compromisos de cómo se incorporan estos pagos digitales en todos los actores económicos, que es como está la norma hoy”.
En la misma entrevista, Quiñones desmintió los rumores sobre una supuesta impresión de billetes de mayor denominación o el incremento del volumen de efectivo circulante.
La terca realidad
A la misma hora en en que se emitían esas declaraciones, Cuba sufrió su mayor ola de apagones del año: 1 021 megawatts de afectación. Luego de una mejora temporal, la semana siguiente el déficit de generación volvió a mantenerse por encima de los 750 megawatts (casi una cuarta parte de la demanda nacional).
La falta de electricidad interrumpe las operaciones de los bancos y cajeros automáticos, y limita los servicios de telefonía digital (las torres repetidoras pueden funcionar apenas un par de horas a base de sus baterías); sin celulares no es posible utilizar plataformas de pago como Transfermóvil o EnZona.
¿Cómo vive la bancarización uno de los cien municipios sin cajeros automáticos?
Una situación similar se vivió en 2022, cuando otra crisis eléctrica entorpeció durante meses la actividad comercial. Pero a juicio de David, cambista informal de divisas, el contexto era menos complicado porque no había límites en cuanto a cantidad y monto para las operaciones a través de las plataformas digitales.
“En negocios como este, que emplean cifras tan grandes, muchas operaciones se podían hacer sin efectivo, lo cual era una ventaja para quienes necesitaban el dinero para otros usos. También había más movimiento en el mercado del MLC, y no faltaba quien te dijera ‘la mitad de ese pago házmelo en transferencia’; además, el peso no se había devaluado tanto. ¡En septiembre del año pasado el dólar rondaba los 180 pesos! Ahora, cualquier mula viaja con 2 mil o 3 mil dólares, y si se trata de un contenedor, la inversión no baja de los 30 mil dólares. A 250 pesos, como está el cambio, estamos hablando de 7 millones y medio de pesos, una cantidad que en cualquier otro país sería impensable mover en efectivo”.
A poco de emitirse la Resolución 111, Dariel García, director de la Gestoría Confías, alertaba en Facebook acerca del impacto negativo que podría tener la medida sobre el mercado interno cubano. “Al limitar a las empresas privadas las posibilidades de adquirir el MLC o la divisa que necesitan para sus operaciones, la primera respuesta ha sido detener las compras e importaciones […] estamos hablando de importaciones de alimentos, de materias primas, de insumos, de maquinarias y equipos […] si el sector privado no sigue haciendo importaciones, entonces no tendremos más productos, volverá la escasez y los precios volverán a subir”.
No es una alerta menor. Ante el desplome de la oferta estatal, las mipymes se han convertido en proveedoras de productos como pollo, aceite, confituras y cerveza, precisamente los ítems que en los últimos meses registraron mayores rebajas, y han forzado una ralentización en la tendencia inflacionaria del Índice de Precios al Consumidor.
La libra de pollo, que a comienzos del año se pagaba a 350 pesos, ahora puede encontrarse por poco más de 200, en tanto el litro de aceite bajó de mil pesos a 650. “¿A quiénes beneficia la reducción de estos precios? Sobra cualquier discusión”, apuntó el economista Oscar Fernández, partidario de que se revise la Resolución 111 para eliminar “sus efectos recesivos”.
El malestar ciudadano llegó al punto de que el 8 de agosto Díaz-Canel se vio obligado a tenerlo en cuenta en un mensaje a través de X, convocando a “dar más información y responder dudas de la población y los actores económicos”.
Cuestión de divisas… que se van
En julio, la viceministra primera de Economía y Planificación, Leticia Morales, informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que durante el primer semestre de 2023 las mipymes habían importado 246 millones de dólares, en lo fundamental de “productos finales”.
Aunque ese monto representaba el 5,3 % de las compras realizadas por Cuba en el exterior, Morales insistió en las “distorsiones” que ocasionaba en cuanto a “los actores no estatales de la economía, con retención de divisas en el exterior para pagar a proveedores, sin pasar por el sistema bancario nacional”.
Su intervención tuvo lugar el 18 de julio, menos de dos semanas antes de que el BCC dictara la Resolución 111, acerca de la cual en la ANPP no se brindó ningún anticipo, a pesar de que habría sido el espacio ideal para discutir la medida. La bancarización no fue, por otro lado, una decisión de último momento.
En mayo, también en la ANPP, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anticipó la posibilidad de esa suerte de “corralito bancario”, al lanzar una genérica denuncia contra la “especulación”.
“A nadie se le va a pedir que trabaje con pérdida, pero tampoco se puede permitir la especulación, no ganar cinco veces más”, dijo Gil en una intervención que apuntaba directamente a las mipymes.
“Para las importaciones tienes que conseguir las divisas al precio que estén en la calle, sin importar si el Estado sólo reconoce el cambio de 1×120. Y fuera de Cuba estás obligado a pagar comisiones de hasta el 10 % para depositar el dinero que llevaste en efectivo. Es una operación compleja, mucho más difícil desde que en enero se restablecieron los aranceles aduaneros y se eliminó la exención de impuestos que beneficiaba durante un año a las nuevas mipymes, y seis meses a las reconvertidas de negocios anteriores”, detalló uno de los dueños de la mipyme en que trabaja Marcos. En principio, no está en sus planes dejar el negocio, pero sí confiesa haber limitado sus compras de insumos para el cierre del año, “hasta ver qué pasa”. No es el único.
Nota: Se han cambiado los nombres de los entrevistados para preservar su anonimato.
