Un lustro de lucha contra la corrupción

La Contraloría General de la República (CGR) cumple 5 años de existencia y el aniversario se celebra junto con el juicio más importante de corrupción, donde se solicitan duras penas de prisión para destacados empresarios extranjeros y altos funcionarios cubanos.

El nombramiento de Gladys Bejerano al frente de la CGR dijo poco a la mayoría de los cubanos pero despertó las alarmas de muchos políticos que trataron de influir sobre el Presidente Raúl Castro para evitar que la convirtiera en “zarina” de la anticorrupción.

Tras un lustro de actividad ya todos los demás empezamos a comprender los resquemores del funcionariado. La Sra. Bejerano ha mandado a la cárcel a ministros, viceministros, gerentes, directores, administradores, empresarios extranjeros y muchos “hijos de papá”.

Señales no faltaron, incluso el Presidente Raúl Castro advirtió en un discurso público que ningún cubano debería creer que está por encima de la ley, en un mensaje que llevaba como claro destinatario a la clase dirigente y a sus familiares.

La CGR era imprescindible para combatir la corrupción interna, un cáncer que había hecho metástasis en todo el cuerpo de la nación, al punto de que el propio Fidel Castro sintió la necesidad de advertir que la revolución podía destruirse a sí misma.

A pesar de la escasa información que se brinda sobre la lucha anticorrupción, este quinquenio deja claro que el flagelo es tan inmune a la formación ideológica de los cuadros políticos y de gobierno como a la ética empresarial de algunos millonarios extranjeros.

Los elementos que facilitan la corrupción

Cierto que no es problema exclusivo de Cuba pero en la isla tiene una larga tradición, hasta Fulgencio Batista decía en 1951 que el peculado era uno de los 3 grandes problemas del país y que “la crisis no existía porque se cometieran delitos, sino porque quedaban impunes”.

Nada ni nadie podrá evitar que algunos se corrompan pero hay elementos que lo facilitan. Un buen caldo de cultivo son la excesiva centralización, la falta de control, la poca transparencia, la carencia de una prensa fiscalizadora y los mecanismos burocráticos.

El gobierno promueve cambios en todos esos campos pero avanza con mucha lentitud. Los propios ministerios van soltando a regañadientes sus empresas y la apertura de cooperativas para sustituir algunas de ellas se aprueban a paso de tortuga.

La enorme cantidad de empresas en manos del gobierno repercute directamente en la falta de control sobre ellas y en la necesidad de mantener un aparato burocrático gigantesco, armado de mecanismos que, muchas veces, generan más dificultades que soluciones.

Se crean empresas para manejar a otras empresas como es el caso de las importadoras, las que alejan al cliente final del proveedor y generan un escalón más de posible corrupción. Los presos y destituidos en estos lugares dan testimonio de que a veces es peor el remedio que la enfermedad.

Y como el Estado no puede ser juez y parte, la fiscalización de todas estas actividades se hace muy difícil. En una empresa de alimentos que conozco el ministerio del cual depende avisa con semanas de antelación sobre la inspecciones “sorpresa” que prepara.

Tampoco se avanza mucho en el tema de la transparencia, imprescindible si se pretende que la población participe de alguna forma en la lucha contra la corrupción. Cuando la gente no puede exigir información a los funcionarios se crean zonas de sombra que facilitan los delitos.

La prensa podría transparentar mucho pero los pasos que se han dado aún son mínimos. Los funcionarios siguen creyendo que la pueden manejar a su antojo, hace apenas unos días un periódico denunciaba que el director de un hospital pretendió prohibirles escribir.

El trabajo de la Contraloría durante estos 5 años ha sido muy meritorio pero el cáncer renacerá una y otra vez si la lucha contra la corrupción no se acompaña de otras transformaciones sociales, económicas y políticas en la nación.