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La captura ilegal de aves silvestres se ha convertido “en la principal amenaza para la avifauna cubana”, por encima, incluso, del cambio climático.
La afirmación, del biólogo del Instituto Cubano de Biodiversidad Hiram González Alonso y compartida en Facebook por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Armando Rodríguez Batista, indica que en los últimos cuatro años, el número de localidades afectadas por esta práctica se duplicó, pasando de 98 en 2021 a 199 en el último trimestre de 2025.
González Alonso, con 50 años de experiencia y doctor en Ciencias Biológicas, describe el fenómeno como una “verdadera masacre” que causa extinciones locales y daña el patrimonio natural del país.
La actividad, que pasó de tradición cultural a negocio comercial descontrolado, afecta tanto a migratorias como a endémicas y amenazadas, entre las que figuran cotorra, catey, tomeguín del pinar y negrito.
Los métodos incluyen talar árboles y palmas para robar nidos, destruyendo hábitats enteros. “No hay grupo que pueda resistir esta masacre”, advirtió el experto en entrevista con Naturaleza Secreta.
En una publicación anterior sobre el tema, el ministro del Citma señaló que a esta realidad se suma la dimensión económica y social que hace aún más complejo el problema.
“Un campesino que necesita obtener ingresos para el sustento suyo y el de su familia, y que acepta recibir 25 mil o 30 mil pesos por un pichón de cotorra, para lograrlo, tumba las palmas, captura el ave y la vende”, escribió el funcionario.
A su juicio, “hay quienes esconden los pichones en cajitas, tapados con un pañito, y son personas buenas, pero pueden estar sometidos a la presión relacionada con pagos atrasados por su trabajo o dificultades para acceder al efectivo”.
Agregó que, en esas circunstancias, “vender un ave puede aparentar ser la única salida para comprar productos de primera necesidad. El dilema ético se mezcla con la urgencia de la cotidianidad”.
Cuba dispone de un marco legal sólido (Constitución, Código Penal, Ley 150 y convenios internacionales), con sanciones que incluyen multas altas y prisión. Sin embargo, González Alonso señaló que “se está incumpliendo la legislación como tal” y que el Cuerpo de Guardabosques necesita más respaldo policial y municipal para aplicar la norma.
El biólogo denunció amenazas y ofensas contra científicos que denuncian el problema en redes o entrevistas. Propuso impulsar el turismo de observación de aves como alternativa económica sostenible para comunidades, ya que genera empleo sin dañar la biodiversidad.
“Hay muchos muchachos que se han convertido en guías y son muy buenos”, afirmó. González Alonso aclaró que especies como canarios, jilgueros y periquitos australianos se crían legalmente en cautiverio y pueden ser mascotas sin impacto negativo.
Pidió más educación ambiental en medios, canales de denuncia accesibles y cierre al tráfico internacional con Aduana. La preocupación es compartida por el CITMA, ORSA y el Programa Nacional de Diversidad Biológica hasta 2030, que busca beneficios equitativos de la conservación.
