El Tribunal Supremo Popular de Cuba volvió a desmentir el supuesto próximo establecimiento de normas para un “amplio monitoreo” de las redes sociales.
Se trata de un nuevo desmentido de la máxima autoridad judicial cubana sobre este tema, en respuesta a rumores al respecto que han circulado en más de una ocasión en las propias redes.
“En esta oportunidad, se divulga a través de dichas redes, que el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba instrumentará normas estableciendo un amplio monitoreo, vigilancia y grabaciones de todas las llamadas y la mensajería que se produce por los citados medios”, explica una nota oficial.
En respuesta, el Tribunal Supremo asegura que tal información es “totalmente FALSA, y su contenido está plagado de mentiras y embustes malintencionados”.
Sobre esta y otras noticias similares, el ente judicial apunta que las mismas están “dirigidas a desorientar, crear inseguridad y malestar en sus destinatarios; con la pretensión, además, de desacreditar públicamente la actuación oficial de instituciones estatales”.
Como es habitual en los desmentidos oficiales, la nota pide a los cubanos “no hacerse eco” de la información falsa e ” informarse siempre mediante los perfiles y canales institucionales”.
Además, confirma que el mensaje ahora desmentido “es exactamente igual al que, con similar propósito, se circuló el 18 de noviembre de 2024“.
Antes, en junio de 2023, el Tribunal ya había negado otra noticia sobre la presunta implementación de una norma de control a las comunicaciones basada en un supuesto “nuevo orden judicial”.
El texto que fue difundido entonces en las redes advertía sobre el control de llamadas telefónicas y mensajes, así como un monitoreo de redes sociales como Twitter y Facebook, incluidos los foros.
En los últimos tiempos se han hecho frecuentes los desmentidos oficiales sobre rumores y noticias divulgadas en las redes relacionadas con presuntas medidas o anuncios de instituciones cubanas.
Las autoridades de la isla afirman que estas noticias falsas forman parte de una estrategia comunicativa opositora que busca alimentar aún más la tensión y el malestar social en medio de la severa crisis que atraviesa el país.
En los últimos años, el Gobierno y el parlamento cubanos han aprobado varias normativas sobre el ámbito comunicacional, incluidas las redes y otras plataformas digitales. En opinión de analistas y activistas independientes, estas normas, a la par de establecer pautas funcionales, incrementan el control y restringen la libertad de expresión, algo que las autoridades niegan.
