El Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de Cuba, desmintió la próxima entrada en vigor de supuestas normas sobre vigilancia en las redes sociales.
La noticia desmentida había venido circulando en estas mismas plataformas, lo que a juicio de la entidad persigue “desorientar” y “crear inseguridad y malestar en sus destinatarios; con la pretensión, además, de desacreditar públicamente la actuación oficial de instituciones estatales”.
Según lo divulgado en las redes, el Tribunal Supremo instrumentaría nuevas normas para establecer un “amplio monitoreo, vigilancia y grabaciones de todas las llamadas y la mensajería que se produce por los citados medios”.
En contraposición, el ente judicial sostiene que esa información es “totalmente falsa” y “su contenido está plagado de mentiras y embustes malintencionados”.
En tal sentido, el Tribunal pide a la población cubana “no hacerse eco” de la misma “e informarse siempre mediante los perfiles y canales institucionales”, donde —asegura— las personas podrán “documentarse, fehacientemente, sobre la labor y las atribuciones que atañen al Tribunal Supremo Popular y demás tribunales del país”.
En los últimos tiempos se han hecho frecuentes los desmentidos oficiales sobre rumores y noticias divulgadas en las redes relacionadas con presuntas medidas o anuncios de instituciones cubanas.
Las autoridades de la isla afirman que estas noticias falsas forman parte de una estrategia comunicativa opositora que busca alimentar aún más la tensión y el malestar social en medio de la severa crisis que atraviesa el país.
En los últimos años, el Gobierno y el parlamento cubanos han aprobado varias normativas sobre el ámbito comunicacional, incluidas las redes y otras plataformas digitales. En opinión de analistas y activistas independientes, estas normas, a la par de establecer pautas funcionales, incrementan el control y restringen la libertad de expresión, algo que las autoridades niegan.
