Alejandro Ulloa García
Este domingo, cuando los cubanos votaron por sus representes a los parlamentos provinciales y nacional, ejercieron uno de los votos más importantes de las últimas décadas. Luego del Sexto Congreso y la Primera Conferencia del PCC, en abril de 2011 y enero de 2012 respectivamente, y después de haber comenzado el proceso de “actualización” de la economía nacional –que ha llegado a todas las esferas y sectores de la sociedad y la política– los próximos cinco años serán cruciales para el país.
El más cercano y visible cambio se dará en la misma presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular cubano, cuando Ricardo Alarcón de Quesada, actual presidente y en el cargo desde el 24 de febrero de 1993, entregue responsabilidades a su sucesor o sucesora. Después de 20 años presidiendo el parlamento cubano, Alarcón no fue nominado como candidato a estas elecciones y posiblemente ocupe funciones en la arena internacional de interés para el gobierno del Presidente Raúl Castro.
Electos ya los parlamentarios, habrá que esperar a las elecciones en la Asamblea Nacional, donde se decidirá si asumir la renovación generacional –reclamada en todas las esferas por el presidente cubano– o solamente de la figura y visión de la dirigencia del parlamento.
Respecto a los diputados, tendrán durante cinco años la responsabilidad de legislar y proveer al Estado y Gobierno cubanos los marcos legales y constitucionales para los próximos cambios –económicos sobre todo– que, como anunciara Marino Murillo en la última sesión de la Asamblea, serán más profundos, complicados y fundamentales.
Algunas de las potenciales transformaciones a la Constitución de la República serán, por ejemplo, al artículo 32, que priva de la ciudadanía cubana a aquellos que adopten la de otro país. Este es un tema que repercute sobre todo en los ciudadanos cubanos que han adoptado la ciudadanía española.
Respecto al tema, algo se ha resuelto con las regulaciones migratorias puestas en vigor el pasado 14 de enero, donde se le mantiene la categoría de cubano, incluso, a aquellos que hayan decidido emigrar.
Otro caso será la añadidura a la Constitución de las cooperativas no agropecuarias como formas de propiedad, ya que esta solo reconoce como cooperativas a las de tipo agropecuaria. Ese será un punto crucial para el Estado y el Gobierno cubanos en sus intenciones de fomentar nuevas formas de producción y generación de ingresos e impuestos, con vistas a lograr una mayor productividad y necesarios niveles de organización económica.
Igualmente, los parlamentarios estarán encargados de aprobar los nuevos presupuestos del Estado, que tendrán como particularidad en los próximos años, los resultados que pueda alcanzar la aplicación de la nueva Ley Tributaria. Además serán responsables de su gradual puesta en funcionamiento, en espera de las condiciones económicas necesarias para diferentes impuestos, como por ejemplo, el que se aplicará sobre el salario.
En materia legislativa, también, la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) deberá ordenar sobre los procesos comunicativos de la nación, en busca de un proyecto en este ámbito, coherente con los resultados del congreso partidista de 2011 y para proveer de identidad, imagen y canales comunicativos oportunos y eficientes a la totalidad de las instituciones y población en general de la isla.
Un caso pendiente desde hace años es, del mismo modo, lo concerniente al nuevo Código de Familia, que ha sido presentado a los legisladores cubanos desde hace años y no ha sido siquiera debatido. Su aprobación se considera esencial, sobre todo, para la comunidad cubana de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGBT), por el aval que puede hacer de sus derechos a formar parejas legalmente reconocidas.
A instancias locales y provinciales, y luego de terminadas las elecciones generales Cuba 2012-2013, los experimentos gubernativos y económicos de las jóvenes provincias Artemisa y Mayabeque deberán comenzar a generalizarse, dando como resultado más próximo –que ya se viene anunciando y/o ensayando en varios lugares del país– una mayor independencia en la administración de los gobiernos locales.
De hecho, con la nueva Ley Tributaria se introdujo el primero de esos cambios, al ser receptores los Consejos de la Administración Municipales de una mayor cantidad de ingresos por concepto de impuestos. Además, en los municipios se realizan, desde hace un par de años, proyectos de iniciativa de desarrollo locales, enfocados en captar ingresos en divisas y moneda nacional para su reinversión en las necesidades propias de los municipios.
Fundamentales serán también los cambios requeridos en el poder de gestión de los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular, quienes carecen actualmente de mecanismos efectivos en la solución de los problemas de sus circunscripciones –base electoral de Cuba.
Otro de los acápites donde hará énfasis en los próximos cinco años la dirigencia del PCC y el gobierno cubanos –actualmente unificados en sus dos figuras cimeras– será en la separación de funciones partidistas y gubernativas-administrativas que hoy se entremezclan, a decir del Presidente Raúl Castro, y que deberán tomar cada una su sitio, sobre todo a niveles locales y provinciales.
Finalmente, y uno de los más impactantes resultados de este período de mandato de cinco años que comenzarán los diputados de la ANPP será que, de ser reelegido Raúl para el cargo, este será su último mandato pues, en enero de 2012 –en la 1ra Conferencia Nacional del PCC– expuso “que será necesario introducir a la Constitución de la República y al marco legislativo complementario (…) la decisión de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales principales. Al respecto, considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias pertinentes podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por la reforma constitucional (…)”. Raúl Castro, luego de asumir el cargo de Primer Secretario del PCC en el Sexto Congreso de dicha organización, dijo en sus conclusiones que asumía este nombramiento como su “última tarea” en la preservación y perfeccionamiento del Socialismo en Cuba.
Luego de las elecciones de este domingo 3 de febrero –con sus segundas y terceras vueltas correspondientes de ser necesarias– los cubanos habrán elegido a quienes conformarán el “órgano supremo del poder del Estado” –como declara la Constitución de la República– en tiempos donde se anuncian cambios de gran calado en la realidad nacional y la precisa conceptualización del modelo de desarrollo económico-político y social cubano.
Los próximos cinco años, con las implicaciones descritas aquí –generales y someras aproximaciones a lo que podrá ser la vida nacional– serán cruciales en la dirección y efectos que puedan tener los cambios realizados anteriormente en la búsqueda de la construcción del socialismo desde una perspectiva cubana.
