La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó este miércoles sobre más sentencias firmes a participantes en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 en la Isla.
En esta ocasión, la Fiscalía aseguró que las sentencias a más de 70 acusados fueron dictadas entre los días 16 y 21 de junio por tribunales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, por delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
Según lo informado, se impusieron sanciones a 74 acusados, en tanto dos fueron absueltos. De los sancionados, 56 fueron condenados a penas de privación de libertad de hasta 18 años, distribuidas de la siguiente forma: 22 con penas de hasta diez años, 30 entre 11 y 15 años, y cuatro entre 16 y 18 años de cárcel.
Mientras, “a 18 acusados las sanciones privativas de libertad se subsidiaron por trabajo correccional con y sin internamiento y limitación de libertad”. En este caso se incluyen 12 jóvenes entre 16 y 18 años de edad, de acuerdo con la FGR, que no especifica las edades de los condenados a privación de libertad.
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS PROVOCADOS EL 11 DE JULIO DE 2021#Cuba #CubaPorLaPazhttps://t.co/cUGdFyxCHn
— Fiscalía de Cuba (@FGR_Cuba) June 22, 2022
De esta forma, aumenta la cifra de personas con sentencias firmes por las protestas. Cinco días atrás, la Fiscalía informó de las sanciones impuestas a 33 manifestantes que habían presentado recursos en contra de sus condenas, y previamente había comunicado sobre otras sentencias contra 381 personas, 16 de ellas con edades entre los 16 y 18 años.
Como en aquellas ocasiones, la FGR reiteró que “el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por los Tribunales en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, conlleva a la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad”.
Además, confirmó “la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades”.
“Para estos casos igualmente se inicia el proceso de ejecución de las sanciones, velando porque durante su cumplimiento se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social“, concluye la nota de la Fiscalía, la cual ha afirmado en comunicaciones previas que “durante la tramitación de estos procesos, se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”.
Lo anterior contrasta con testimonios de activistas y familiares de condenados, así como de organizaciones no gubernamentales, que han alegado falta de garantías, fabricación de pruebas y otras irregularidades en los procesos, al tiempo que han criticado lo elevado de las penas impuestas, si bien recientemente se informó que el Tribunal Supremo de la Isla había reducido la condena de algunos manifestantes.
