Redacción OnCuba
El Gobierno cubano decretó la imposición de multas de entre 2.500 y 15.000 pesos –entre 104 y 625 dólares al cambio oficial– a quienes violen los precios máximos establecidos por el Estado o retengan mercancías, con el país sumido en serios problemas de abastecimiento agravados por el embargo de EEUU y la pandemia de la COVID-19.
Las rigurosas sanciones aprobadas abarcan también el decomiso y la venta forzosa de esos bienes, según trascendió durante una reunión del Consejo de Ministros reseñada este sábado por el diario oficial Granma.
En la reunión, la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños explicó que, “teniendo en cuenta el actual escenario que vive el país”, “resulta imprescindible actualizar la cuantía de las multas, para que realmente cumplan un efecto sancionador, y ayuden al enfrentamiento de las violaciones de precios, en especial la lucha contra aquellos que se consideran abusivos y especulativos”, cita la publicación estatal.
Las sanciones más altas (de 12.000 a 15.000 pesos) corresponden a los administradores de comercios donde se incumplan obligaciones como la de incluir todos los datos en la factura de compra o la de mostrar los precios en una tablilla a la venta del público. Mientras, quienes alteren el peso de la mercancía, mientras, tendrán que pagar sanciones de hasta 8.000 pesos (333 dólares).
Los precios del ordenamiento (III): de topes, violaciones y medicamentos
El salario mínimo estatal en Cuba es de 2.100 pesos (87,5 dólares), tras el aumento general aprobado este año como parte de la reforma monetaria y cambiaria emprendida por el Gobierno de la Isla.
En la reunión, que analizó, además, el citado proceso vigente desde el 1 de enero, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció las “complejidades” del momento actual, y aseguró que ante estas “hay que trabajar con inteligencia”, porque “no es momento de estar apesadumbrados ni agobiados”.
Cuba unificó sus dos monedas a partir del pasado 1ro de enero, una importante reforma económica pospuesta desde hace ocho años y que llegó acompañada por una revisión al alza de los salarios, las pensiones y los precios, junto con la retirada de buena parte de los subsidios estatales a alimentos y otros bienes básicos.
Sin embargo, muchos ciudadanos critican que si bien los sueldos han crecido, algunos precios lo han hecho en una proporción aún mayor, incluyendo productos que no estaban previamente subsidiados. Otros, en cambio, se mantuvieron igual que antes o fueron rectificados ante las quejas de la población.
En este contexto, la red comercial de la Isla ha sufrido nuevamente el desabastecimiento de productos como el pollo, la leche, el yogur y otros, lo que ha provocado largas colas y aglomeraciones en plena pandemia del coronavirus, encendiendo las alarmas de las autoridades.
La respuesta gubernamental ha sido vender de forma racionada una serie de productos para evitar el acaparamiento y la reventa y mantener la comercialización de otras mercancías como el arroz, azúcar y huevos en la llamada “libreta de abastecimiento”, establecida desde 1962, así como limitar los precios de los productos “liberados”. A ello se agrega esta “actualización” de las multas a los infractores de los precios establecidos.
EFE / OnCuba
