Un masivo robo de 1660 cajas de pollo, equivalentes a 133 toneladas, fue ejecutado en la empresa comercializadora de alimentos Copmar, de La Habana, y sus perpetradores y cómplices fueron arrestados por las autoridades.
Un reportaje televisivo, que reprodujo el modus operandi de los malhechores, graficó los hechos en los que no faltaron negligencias y descontrol administrativo.
Según la narrativa periodística, los presuntos implicados entraron a los almacenes refrigerados de la empresa entre las 12:00 y las 2:00 de la madrugada, auxiliados por personal interno de seguridad.
Las cámaras de video-protección aledañas a la entidad también captaron movimientos de “vehículos sospechosos” en esa franja horaria, de acuerdo con los investigadores policiales que brindan su testimonio en el reportaje.
Suplantación de sellos de seguridad
En la inspección del lugar del hecho, el sello que se encontró estaba troquelado, confirma el reporte.
“Había trabajadores implicados que sustituían los sellos oficiales de la entidad y transformaban esos sellos por sellos que traían de la calle”, reveló el teniente coronel Rafael Galera Cerrera, primer oficial operativo del Departamento Técnico de Investigación (DTI ).
Según detalló Dayana Castro Cruz, directora de la UEB Habana (Unidad Económica de Base) los cómplices internos proporcionaron el número foliado de los sellos.
En la operación de robo, los ladrones sustituyeron el sello original por uno falsificado que ya poseían para el recambio. Tal ardid “impedía detectar de forma inmediata que se había forzado o se había entrado en la cámara de frío”, detalló Castro Cruz.
Igualmente, los cómplices internos malograban la seguridad de los sellos y los dejaban tal cual en las puertas, pero ya “picados”, lo que permitía no violentarlos y aparentar normalidad en la escena.
Tamaño del robo
“Inicialmente por la información que teníamos habíamos visualizado la sustracción de unas 26 toneladas de pollo, pero a raíz de este resultado de la guardia, indicamos hacer un inventario del cien por ciento a la dirección de la UEB”, explicó, por su parte, Rigoberto Mustelier, actual director general empresa comercializadora de alimentos Copmar.
Luego del análisis y las inspecciones a todas las cámaras del frigorífico se confirmó “que el faltante era de 133 toneladas de pollo”, contabilizó la capitana Olga Lidia Paneque, Jefa de Sección de Instrucción del Ministerio del Interior (Minint).
Esa cantidad “es la distribución que estamos haciendo del pollo de la canasta básica de una provincia mediana”, estimó Mustelier.
Entre los presuntos autores y como parte de la cadena delictiva se encuentran jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa, precisó el reporte periodístico.
Según la oficial Paneque, en la actualidad hay 30 imputados. De ellos, 11 están asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Dividendos monetarios
Las pesquisas determinaron que cada caja de pollo se comercializaba en el mercado informal a un precio de 3 800 pesos.
“Era vendido ilícitamente en casas de personas que se hacían pasar por TCP (Trabajadores por Cuenta Propia) o trabajadores de mipymes”, indicó el Mayor Yunier Ocampo Suárez, Jefe de Sección del DTI.
Las ganancias se repartían de acuerdo con la participación y responsabilidad de los presuntos autores en la gestión delictiva y oscilaban entre 50 mil pesos y los 200 mil pesos.
Durante los ocho registros domiciliarios que se realizaron en las casas de los imputados fueron ocupados diversos bienes, adquiridos, según la investigadora Paneque, con el dinero de la venta del atraco.
Se hallaron laptops, computadoras de escritorio, aires acondiciones de ventana y splits, además de neveras donde los implicados guardaban las cajas de pollo. “También se ocuparon alrededor de tres millones de pesos y otras monedas como dólares estadounidenses”, agregó la oficial.
El reporte informó que, como resultado de las medidas aplicadas, fue separado de la entidad el director general y la dirección de la UEB Habana.
Eventuales castigos de la ley
De acuerdo con la legislación penal vigente —el nuevo código aprobado en 2022— “preliminarmente podrían tipificarse los hechos como delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento de preservar los bienes de entidades económicas o receptación”, adelantó la relatoría de prensa.
Sobre esos cargos, la solicitud sancionatoria de la fiscalía “podría ascender a penas máximas de hasta 20 años de privación de libertad, según las circunstancias agravantes y atenuantes, el grado de participación, las características de los imputados y todos esos elementos”, agregó el reporte.
“Todo eso estará en correspondencia con la culminación de la investigación”, comentó Martha María González del Sol, Fiscal del Departamento de Procesos Penales de La Habana.
“En este caso va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita, la lesividad está, el hecho está, las consecuencias son graves, los perjuicios también y el momento histórico que estamos viviendo, el producto afectado y la población requiere entonces una decisión de esta naturaleza”, concluyó la fiscal.
La empresa comercializadora de alimentos Copmar, del Grupo Empresarial Pesquero perteneciente al ministerio de la Industria Alimentaria, se encarga de la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de productos importados y nacionales.
El reporte aseguró que luego del estudio de las causas y condiciones del robo, se aprecia “un cambio en el régimen especial de seguridad, protección y control interno” en la empresa.
“No había un control estricto del tema de los sellos… Hoy se entregan todas las grabaciones de las cámaras al puesto de dirección, y de los jefes de turno de los agentes que entran aquí. Hay un control por parte de la dirección de la UEB más estricto sobre eso”, aseguró Mustelier.
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Un fenómeno extendido sin estadísticas públicas
Esporádicamente, los servicios noticiosos de la televisión y la prensa oficial exponen casos resueltos de robos y otros delitos, cuyos escenarios son principalmente almacenes estatales de alimentos u otros bienes de alta demanda.
La sustracción ilegal en los almacenes de empresas estatales ha sostenido por décadas las ofertas del mercado negro en la isla.
Los establecimientos, ahora deprimidos por la severa contracción económica de la isla, han sido presas del descontrol, negligencia o la corrupción de los propios administrativos o veladores de la seguridad de los depósitos y bodegas.
Un reportaje de la revista cubana Bohemia acerca de la violencia sobre las personas, publicado el pasado noviembre, citó al antropólogo Pablo Rodríguez Ruiz, quien señaló que los delitos patrimoniales (hurto, robo con fuerza sobre las cosas), si bien no encajan en la definición de delitos violentos, sí inciden en la percepción que sobre la seguridad se tiene.
Este tipo de casos no posee niveles tan elevados de esclarecimiento, a lo que se añade un número no despreciable de personas que no denuncian el robo o las lesiones leves, manifestó el experto.
De acuerdo con Rodríguez Ruiz, quien ha sido premiado cuatro veces por la Academia de Ciencias de Cuba, existe una llamada cifra negra del delito (casos que no son denunciados o asentados debidamente), la cual no es recogida por las estadísticas o informes institucionales, pero sí comentada en los entornos comunitarios, lo cual ha reforzado la idea de inseguridad en los imaginarios sociales.
Hasta el presente, la ONEI, Oficina Nacional de Estadísticas e Información, no remite referencias porcentuales sobre indicadores delictivos o criminales en el país.
