Las nuevas medidas adoptadas en favor de desburocratizar el funcionamiento de la Empresa Estatal Socialista en Cuba, anunciadas recientemente, coinciden con el proceso de ajustes necesarios para insertar a la Isla en una dinámica de funcionamiento coherente con modelos probados y en la debida descentralización del Estado como administrador microeconómico.
No podemos ver esto como un paso de avance en sí mismo, o como un logro: es simplemente la corrección de un error que ha conducido a la ineficiencia, descontrol, malversación y corrupción. Los modelos establecidos a partir del proceso de institucionalización, así como el papel de los ministerios como administradores de las entidades, condicionaron la pérdida de la iniciativa empresarial y una extensa trama de regulaciones que hacían prácticamente imposible el pleno funcionamiento y la productividad.
Un aspecto fundamental es que la política de estímulos entre las décadas del setenta y mediados de los noventa se hizo sobre bases erróneas, afincados en postulados ideológicos y no productivos. Estímulos morales, diplomas y medallas, unidos a la concesión proletaria de televisores, refrigeradores y ventiladores y, en el caso de los más abnegados, casas en la playa y estancias en hoteles, no propiciaban en su justo propósito los incrementos de productividad necesarios.
Es importante señalar que la flexibilización del objeto social de la empresa posibilita que aquellas entidades, que por sus características lo puedan hacer, instrumenten vías secundarias para generar utilidades.
Otro giro importante es que se eliminan las restricciones administrativas para la formación del salario, de modo que este jugará un papel decisivo en la regulación de la oferta y la demanda, y podrá ser un patrón de referencia sobre la función real de las profesiones y los servicios.
Aunque alentadoras, estas medidas aún arrastran vicios del pasado. Si bien las empresas gozarán de una relativa autonomía y se liberan del yugo de la dirección central del Estado, los planes todavía deberán ser aprobados por el Presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) que, en la práctica, sustituye al Ministro correspondiente. No es un paso de avance: es la sustitución de una entidad por otra; es enmascarar la centralización de las decisiones.
Si existiera un entramado lógico de funcionamiento empresarial, convenios colectivos, sistema tributario coherente y garantías de distribución pública y privada de las utilidades, la creación de supraentidades controladoras carecería de sentido. La burocracia no se elimina creando más burocracia.
Es evidente que existe una voluntad de liberar al Estado de funciones que lastran su pleno funcionamiento. La Empresa estatal –que no es exclusiva de la sociedad socialista– tiene que ser eficiente. Si el proceso de toma de decisiones ejecutivas tiene que esperar por la firma de un Presidente, la necesaria vinculación de la productividad con el objeto público de la empresa se verá limitado, en tiempo y posibilidades.
Las medidas aprobadas también señalan “indicadores” para evaluar el desempeño de las empresas: ventas netas totales, utilidades, la satisfacción del encargo estatal, ventas para la exportación, rotación del capital de trabajo y el aporte de divisas. Este último advierte que existirá mientras exista la dualidad monetaria, lo cual demuestra una forma errónea de entender la coexistencia monetaria, evidente vicio del pasado que aún considera al Peso Cubano Convertible solo en su expresión cambiaria y no como una moneda nacional. En este aspecto quizás se debió ser más flexible y considerar el cambio oficial como patrón único de referencia monetaria.
Una buena nueva es que el excedente o las inejecuciones sobre el encargo estatal podrán ser comercializados, en relación con los precios vigentes, de acuerdo con la oferta y la demanda. Un aspecto realmente novedoso es que por primera vez en la práctica empresarial estatal socialista en Cuba se renuncia a la imposición regulada de precios y servicios, y se deja que el mecanismo de mercado los defina. A fin de considerar la economía cubana en concordancia con los sistemas admitidos como funcionales, este es un gran paso de avance.
Además, la posibilidad de comercializar excedentes de forma mayorista hará que se dinamicen otros sectores de la economía. Aunque no está definido, ni en un sentido u otro, las regulaciones no imposibilitan que se establezca un vínculo comercial entre el sector estatal y el privado.
La relación entre la empresa estatal y el cuentapropismo podría convertirse en un eje que dote de autonomía a los procederes que hoy son, cuando menos, no demasiado transparentes. Es vital que se establezca una relación natural entre empresas, ceñida no a su condición ante la sociedad, sino a los beneficios que reportan. Una de las quejas de los trabajadores por cuenta propia (eufemismo de pequeño empresario) es que se le dificulta acceder a ciertos productos y servicios porque la empresa estatal no está habilitada para ofrecérselos. Quizás estas regulaciones corrijan ese dislate.
Otro elemento a tener en cuenta es que a mayor poder de decisión en las empresas, la posibilidad de caer en conductas corruptas es mayor; de ahí que la retribución salarial tenga que erigirse en elemento de justa compensación y, junto al sistema tributario y de control, evite robos, malversaciones y situaciones anómalas.
El Estado cubano tiene que dejar, definitivamente, de ser un administrador de empresas. La posibilidad de que las entidades mercantiles, tanto estatales como privadas, operen en mutua relación y de manera natural, no solo es ventajosa para estas, sino que también le permite al Estado cumplir su función, que es, únicamente, garantizar la correcta distribución de los bienes públicos. No es función del gobierno decidir precios, niveles de producción o asignación de materias primas.
A pesar de que aún late la sospecha en los decisores, quienes liberan a los Ministerios pero crean la OSDE desburocratizando a unos para hacerlo con otros, es innegable que este es un paso de avance que afirma que las actualizaciones y reformas económicas emprendidas por la dirección del Estado cubano son irreversibles. Cuba cada vez se acerca más a esquemas de funcionamiento eficientes, movimiento indispensable para garantizar un mejor futuro para todos.
No vivo actualmente en Cuba y reconozco mi imposibilidad de entender algunos detalles de lo que señalas como ventajoso, en cuanto a la estructura del sistema Empresarial, anteriormente se basaba en ministerios, uniones de empresa y debajo las empresas, ahora aparece esta Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) que tu señalas, en que escalón de la estructuras empresarial socialista esta esa OSDE, básicamente de quien depende y a quien atiende. Es una nueve estructura que aglutina varia de las viejas estructuras intermedias. En otra parte del escrito aseguras “las regulaciones no imposibilitan que se establezca un vínculo comercial entre el sector estatal y el privado”. Mi pregunta existe legalmente la propiedad privada en Cuba, por lo que entiendo cuando se definió el trabajo x cuenta propia por los años 94 yo estaba en Cuba y me gane los frijoles de esa forma, nunca existió reconocimiento jurídico ni institucional como trabajo privado, salió a la luz como una solución temporal de tolerancia a la actividad privada individual, se pagaba impuesto sobre ingresos personales como trabajador independiente sin derecho de asociación ni reclamo legal. Hoy se habla además de las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias como entidades con personalidad jurídica privadas, pero en ambos casos en la concreta son contratos administración y gestión de actividades no interesantes ni rentables bajo la administración estatal. Intento creer que cambian y se modernizan que tanto necesitan, pero veo que las bases legales y jurídicas de la sociedad no avanzan en ese sentido de acoger como legal la existencia de la propiedad privada, es como si intentaran crear primero la solución y después el problema.