“La jugada está apretá…”

Frases como la que da título a este trabajo y otras propias del contexto barrial cubano (“han puesto el da´o malo” o “están mandando mucha gente pa´l campismo”) suelen escucharse por estos días con reiteración en las conversaciones de esquina que valoran la realidad social cubana desde el particular prisma de quienes trashuman por los bordes de la legalidad.

La publicación en la más reciente semana de varias actuaciones policiales y de los tribunales en diferentes provincias del país ha incorporado elementos al debate nacional sobre la eliminación de las llamadas “indisciplinas sociales” y las “ilegalidades”, que tomó auge luego del discurso del presidente cubano, Raúl Castro, en la sesión de la Asamblea Nacional este mes de julio.

La desarticulación en Guantánamo de una banda que se dedicaba a robar manualmente traviesas de hormigón empleando, incluso, las herramientas de la brigada encargada del mantenimiento y sustitución de esos propios soportes de ferrocarril, llevó a la Agencia de Información Nacional a atribuirles a los malhechores “una laboriosidad digna de mejor causa”.

A mediados de la semana, la emisora CMHW, de Villa Clara, anunció el esclarecimiento de un robo con fuerza en la principal fábrica de electrodomésticos en el país (la INPUD, de Santa Clara) de donde fueron sustraídos 101 ventiladores y diez refrigeradores.

Los aparatos eran vendidos a precios muy por debajo de los establecidos en la red comercializadora estatal, gracias a lo que encontraron rápidos compradores, varios de los cuales también serán procesados junto con los ladrones por el delito de “receptación”.

Los medios de la propia provincia y los de su vecina del sur, Cienfuegos, dieron cuenta del arresto de varias personas que se dedicaban en ambos territorios a cortar los cables de cobre empleados para la comunicación ferroviaria, con el propósito de venderlos como materia prima reciclable en las casas de compra. El valor del material cortado, a plena luz del día, ascendía a más de cien mil pesos.

En Cienfuegos también, como en la oriental provincia de Granma, ocurrieron durante la semana sendos juicios públicos a personas que se dedicaban a destruir señales del tránsito.

En la localidad centrosureña de Paradero de Camarones los hechos ocurrieron la noche del 13 al 14 de agosto, cuando ocho jóvenes, montados en caballos y bajo los efectos del alcohol,  penetraron en los jardines de varias viviendas y ocasionaron daños a las plantaciones de los vecinos, además de dejar inservibles diez señales de la carretera principal.

Tanto a los involucrados en los sucesos de Camarones, como los de Campechuela, en Granma, fueron juzgados a penas de trabajo correccional sin internamiento en sesiones abiertas en las respectivas localidades, calificadas como “ejemplarizantes”, según reseñaron los medios impresos y radiales que transmitieron la información.

La actuación policial, con su respectivo reflejo mediático, también ha llegado en la urbe conocida como La Perla del Sur a varios comercios particulares, donde bajo la licencia de Elaborador Vendedor de Útiles del Hogar se comercializaban calzados, ropas, útiles de ferretería y otros insumos cuya procedencia legal no pudo demostrada por los cuentapropistas.

Aunque el resumen puede parecer extenso, no es que se trate, por el momento, de un incremento significativo en la habitual actuación de los cuerpos de seguridad del país, sino de una mayor visibilización de su proceder. A pesar de carecer de cifras actualizadas, al menos en Cienfuegos fuentes cercanas a la judicatura así lo aprecian.

Por años han resultado infrecuentes las apariciones en la prensa nacional de sucesos vinculados a delitos y actividades fuera de la ley, razón de más para apreciar como significativa la coincidencia en tan poco tiempo de varios reportes con semejante tema.

Esta aparente apertura viene también a satisfacer una añeja demanda de muchos profesionales de la comunicación pública que ven en la exposición masiva de la actuación policial una vía casi “profiláctica” de advertir a la sociedad sobre las consecuencias legales de las conductas delictivas.

Constituye de igual manera un modo de responder al reclamo ciudadano de mayor actuación de las instituciones de orden público, que cifran en esos cuerpos sus esperanzas de contener los desbordes de violencia e irrespeto por la civilidad que experimenta el país desde la crisis de los noventa. Aunque otros, menos entusiastas, calculan escépticos la duración de lo que identifican como “una nueva campaña”.

El incremento llega también como aviso de un escenario adverso para quienes devienen protagonistas de las narraciones “policíacas”, los trashumantes en los bordes de la legalidad que se pasan en clave beisbolera el mensaje de alerta: “la jugada está apretá y el árbitro (los medios) en contra”.