El suministro de agua en Cuba estuvo afectado este viernes para más de 2,7 millones de personas debido principalmente a la falta de electricidad y por averías en las fuentes de abastecimiento, informó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Una rotura en una conductora principal de Cuenca Sur, la más importante abastecedora de agua a La Habana, tuvo un peso “muy grande” en la afectación del servicio a más de 200 mil habitantes de tres municipios de la capital cubana, según explicó el vicepresidente primero del grupo empresarial de agua y saneamiento del INRH, Yunior González, en la televisión estatal.
Aunque la rotura se había reparado la víspera, el proceso para reanudar el servicio ha demorado entre seis y siete horas, señaló el directivo.
El reporte televisivo que, desde hace un par de semanas hace seguimiento de la situación del abastecimiento de agua —uno de los problemas que inciden en la vida diaria en la isla—, también refirió incidencias en el suministro en las provincias occidentales Pinar del Río y Artemisa, y las orientales Granma y Holguín.
Impacto de los apagones
Los apagones han agudizado el problema del servicio en los últimos meses, debido a que las operaciones de los equipos de bombeo dependen de la electricidad para su funcionamiento.
Estas razones han sido reconocidas por las autoridades del sector, que además señalan el deterioro de las redes hidráulicas por déficit de inversiones y mantenimiento como un factor agravante.
El Gobierno cubano está ejecutando más de 300 obras de manera emergente y ha recurrido al montaje de equipos de energía fotovoltaica para apoyar el bombeo del agua. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado solucionar efectivamente la crisis, y la población sigue enfrentando largas esperas para recibir agua.
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Cuba arrastra una severa crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, a lo que se añade una profunda crisis económica.
Esta circunstancia ha escalado desde enero con el cerco petrolero aplicado por EE.UU. al que ha sumado una serie de sanciones de “máxima presión” a partir de mayo contra sectores vitales de la economía de la isla.
