Redacción OnCuba
El ordenamiento monetario, con todo lo que el mismo conlleva, va siendo una sacudida en la vida de los cubanos. Aunque largamente postergado y amagado más de una vez por las autoridades, el inicio de este proceso ha cambiado de la noche a la mañana ―la del 31 de diciembre de 2020 al 1ro de enero de 2021― el panorama socioeconómico de la Isla y acontecer diario de sus habitantes.
Los precios, con el aumento significativo del valor de muchos productos y servicios, se robaron la arrancada aun antes del comienzo oficial del ordenamiento, en particular los del sector privado y el mercado informal, espoleados por la escasez, la crisis económica y la pandemia de coronavirus. Luego, con el arranque del nuevo año, se multiplicaron también los del Estado con la eliminación de subsidios y “gratuidades indebidas” ―aun cuando se mantuvo la protección sobre un grupo de productos, sectores sociales y personas vulnerables―, lo que ya desde diciembre había disparado las quejas y comentarios de la población, y motivó rectificaciones de algunos precios y tarifas por parte del gobierno ―la última de ellas, este mismo miércoles―, y la adopción de topes y otras medidas de control y castigo a los infractores.
Los precios de los alimentos, los medicamentos, la electricidad y otros servicios básicos ―tratados en entregas previas de esta serie de trabajos sobre el tema― han estado entre los que han hecho “saltar” a muchos cubanos, que, calculadora en mano, han intentado y siguen intentando, aun con las correcciones estatales, que la cuenta les dé. Sin embargo, como bien dice un conocido refrán, “no solo de pan vive el hombre”, aun cuando la canasta básica de referencia ―empleada para fijar los nuevos salarios y pensiones y ascendente, según cálculos del gobierno, a 1.528 pesos (CUP) ― solo contempla alimentos normados o no, y otros productos y servicios básicos, y deja fuera los bienes y servicios culturales.
Por ello, tampoco faltaron las críticas de una parte de la población cuando salió a la luz cuánto costaría ir al teatro, al cine, a conciertos y espectáculos humorísticos, entre otras actividades de esta naturaleza, a partir del pasado enero. Estos precios están sustentados por la Resolución 328 del Ministerio de Finanzas y Precios ―publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 70―, según la cual el valor de los servicios culturales se incrementaría, como límite, entre tres y seis veces, con respecto al que tenían hasta diciembre pasado.
En particular, causaron una comprensible alteración los nuevos precios del Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”, institución insigne de la cultura cubana en la que, según lo establecido inicialmente para los cubanos, la platea costaría 150 CUP, los balcones, 125, y la tertulia y el paraíso, 50, cifras a todas luces impactantes para un público acostumbrado a disfrutar por mucho menos de la actuación de renombrados artistas y compañías del prestigio del Ballet Nacional de Cuba. Estos y otros precios elevados para un país que ha hecho del acceso masivo al arte y la cultura uno de sus estandartes sociales, motivaron no solo las quejas de los afectados espectadores sino también de no pocos artistas que previeron, con toda lógica, un panorama de salas semivacías en sus funciones.
Ante estos reclamos, y como ha sucedido con otros productos y servicios en las últimas semanas, las autoridades dieron finalmente su brazo a torcer, y rectificaron los precios de los teatros y otras instituciones subordinadas al Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE). Una resolución que entró en vigor este 1ro de febrero fijó un aumento de las tarifas de estas instituciones “dentro del rango de hasta cinco veces el valor de lo aprobado antes del inicio de la Tarea Ordenamiento”, al tiempo que estableció que “los precios de las salas y teatros con subordinación a los gobiernos provinciales, se actualicen en un rango de hasta tres veces el valor que tenían antes”.
Con el cambio, los polémicos precios del Gran Teatro de La Habana ahora varían entre 20 y 60 CUP, en dependencia de la ubicación ―cuantías sustancialmente inferiores a las informadas previamente, aun cuando las establecidas para los extranjeros sí mantuvieron valores muy superiores―, mientras las funciones de teatro y danza en diversas salas habaneras cuestan 20 CUP como promedio; los espectáculos humorísticos, 50; los conciertos, 40, y las funciones para niños entre 5 y 10 CUP, en dependencia del teatro.
No obstante, los cines sí han mantenido ―al menos hasta ahora, al menos públicamente― los precios originales anunciados para el proceso de ordenamiento, superiores en algunos casos a los rectificados para las salas de teatro. Así, si bien las funciones cinematográficas 2D cuestan solo 5 CUP, las de las funciones 3D cuestan el triple para los menores de 12 años y cinco veces esa cuantía en el caso de los adultos, al tiempo que los espectáculos circenses para los niños son más caros que en la propia Carpa Trompoloco del Circo Nacional, y los espectáculos musicales y humorísticos son también visiblemente más costosos en los cines que en los teatros, algo a todas luces contraproducente, aun cuando hoy no se advierta en la práctica debido a los cierres impuestos por la pandemia.
Servicios jurídicos, entre aumentos y rectificaciones
Como era de esperar, los servicios jurídicos también subieron al tren del ordenamiento monetario e incrementaron sus precios y tarifas, aunque no en todos los casos en la misma medida, como puede comprobarse en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.77 del pasado año. Y como era de esperar, luego de la publicación de sus cuantías, no faltaron las críticas y opiniones de la población y, también, algunas rectificaciones por parte de las autoridades competentes.
“En el caso de las tarifas que se prestaban habitualmente en pesos cubanos a las personas que residen en Cuba, se multiplicaron por el indicador establecido. Mientras, las otras que cubren los servicios para extranjeros, se ajustaron según la tasa de cambio vigente. El incremento responde a esa actualización”, aseguró al sitio oficial Cubadebate Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia (Minjus), una explicación que busca responder a las quejas de no pocas personas tras la divulgación en redes sociales de las tarifas para los no residentes en el país y personas jurídicas con capital extranjero como si fuesen las mismas para los cubanos residentes.
El “indicador establecido” para los residentes permanentes en la Isla, de acuerdo con Pérez Díaz, está entre tres y seis; es decir, los nuevos precios aumentaron entre tres y seis veces con relación a los existentes hasta diciembre de 2020. Sin embargo, en algunos casos “de especial sensibilidad” el incremento fue menor, como en el del testamento ―que aumentó solo el doble: de 50 a 100 CUP― y el del matrimonio si se realiza en la notaría ―que subió de 50 a 75 CUP―, aunque si el notario debe trasladarse hasta otro sitio su valor asciende hasta el máximo posible (300 CUP). Las excepciones son los Palacios de Matrimonios y los Registros del Estado Civil, donde “la formalización del matrimonio es gratuita” y “solo se cobra el sello de timbre, a razón de cinco pesos”.
En general, según detalló la directiva, “en las oficinas registrales del Estado Civil los servicios prestados continúan siendo gratuitos. Solo se cobra el impuesto sobre el documento, que se materializa en el sello de timbre definido en el Anexo 4 de la Resolución No.113 del Sistema Tributario”. El caso opuesto es de los Bufetes Colectivos, que cuentan con otra tarifa de precios, más elevada, porque supone la contratación de un abogado “para que haga una gestión por el ciudadano”, aunque, como recuerda Pérez Díaz, “ese trámite no es obligatorio”.
Estos últimos han sido, precisamente, blanco de las quejas de los cubanos por los nuevos precios de sus servicios, un aumento que su presidente, Ariel Mantecón Ramos, justificó en el principio de autonomía y autofinanciamiento de la organización que dirige en busca de garantizar el “derecho a la defensa técnica, la representación procesal y la asistencia a la población” y, a la vez, “adecuar la dinámica de los servicios de abogacía en un nuevo contexto económico”. Según explicó a Cubadebate, “aun cuando la población quiere enfrentarse lógicamente a precios asequibles, no debe perderse de vista que se trata de un modelo estrictamente autofinanciado, integrado por unos 4.000 trabajadores, y ese es el costo como ciudadanía para sostener una abogacía socialista colectiva”.
Aun así, ante la presión social los Bufetes también rectificaron, a través de la Resolución 46/2021, su tarifa inicial del ordenamiento tras “una revisión y reevaluación de los precios entrados en vigor en enero”, principalmente en el caso de las materias no penales. No obstante, recordaron que “la formación de las tarifas tiene en cuenta los gastos en que deben incurrir los Bufetes Colectivos para respaldar la prestación de los servicios que se contraten, sin incluir el cobro del impuesto sobre los documentos expresados en sellos de timbre, ni el costo de los aranceles en temas que así lo precisan, pues estos últimos corren a cuenta del cliente” y ratificaron “la garantía tradicional en la oferta del sistema de consultas gratuitas a la población”.
Como cierre de esta entrega le dejamos entonces con varios gráficos que, a manera de ejemplo, ilustran los precios de algunos de los servicios prestados por estas instituciones, incluyendo comparaciones entre los actuales y los anteriores al ordenamiento monetario, y los rectificados o no tras la revisión realizada luego de las críticas recibidas. Porque, como mismo sucede con los servicios culturales, no solo de pan vive el hombre.
