El juicio por espionaje contra Alejandro Gil, ex vice primer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, celebró este martes en La Habana su primera jornada entre el silencio oficial y una amplia expectación social.
Gil, que era también un estrecho colaborador del presidente Miguel Díaz-Canel y miembro del Comité Central del PCC, es el mayor alto cargo caído en desgracia en Cuba en al menos quince años.
Según medios oficiales, este proceso ante la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP) se va a ceñir a la imputación por espionaje, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) formalizó once cargos en su contra, la mayoría por corrupción.
El Código Penal cubano prevé para el delito de espionaje penas de “privación de libertad de diez a treinta años, cadena perpetua o muerte”, aunque la petición de la fiscalía no se ha hecho pública.
La vista oral, celebrada a puerta cerrada “por razones de seguridad nacional”, tenía previsto arrancar a las 9:30 de la mañana, según informó en la víspera el TSP en un comunicado.
El proceso, que podría prolongarse por varios días, tiene lugar en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao (calle 100 y 33). Se trata de un sitio de accesos controlados donde este martes apenas se veía más actividad que de normal, según pudo comprobar EFE.
Mutismo y explicaciones
Sobre el juicio por el mayor escándalo político en años, nadie del Gobierno cubano o del PCC ha tomado postura en los últimos días.
Tan solo el secretario de Organización del PCC, Roberto Morales Ojeda, escribió en redes sociales una cita del expresidente Fidel Castro, sin contexto ni aclaración, pero evidentemente relacionada: “El partido de los comunistas tiene que ser un partido de honestos por encima de todo”.
A cambio, Granma difundió este martes una extensa entrevista con Arnel Medina Cuenca, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de la Universidad de La Habana, para explicar detalles de esta causa y pasos del proceso.
Medina apuntó que el delito de espionaje está caracterizado “de manera amplia” en el Código Penal cubano y que conlleva, casi de forma automática, la restricción de acceso al juicio para evitar que salgan a la luz “informaciones que, por su propia naturaleza, pongan en peligro la seguridad nacional”.
También explicó que la FGR “ha presentado, al menos, dos expedientes distintos” por el caso Gil: uno por espionaje ante el TSP, que es el que se dilucida ahora; y otro para los diez restantes delitos, y, al parecer, con más acusados. Medina no aclaró qué instancia asumiría ese segundo expediente.
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De ministro a imputado
Gil, al frente de la cartera de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue cesado en febrero del año pasado, en lo que en un primer momento se atribuyó a los problemas en la aplicación de reformas económicas en el país en un contexto de crisis.
Un mes después, Díaz-Canel anunció en un inusual comunicado que Gil estaba siendo investigado por “graves errores” vinculados a delitos de corrupción y que el exministro había reconocido “graves imputaciones”. Gil permanecía desde entonces en detención provisional.
A finales del pasado mes de octubre, un año y siete meses después del comunicado presidencial, la FGR dio a conocer que Gil estaba imputado por once delitos, incluido el de espionaje, un cargo inesperado que situó el proceso en un nuevo marco.
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Los otros eran malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción, y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
