El gobierno cubano y la emigración

La convocatoria del gobierno cubano a una conferencia en la Habana para dialogar con los emigrados comenzó con un mal nombre. La emigración cubana no es un ente separado de la nación. El emigrado es, desde su vínculo ciudadano con la república donde nació y el pasaporte que se le exige para retornar a su patria, parte inseparable de la nación. La cuestión central no es como se relaciona la emigración con una nación ajena sino reparar la injusticia, de cuya responsabilidad el gobierno cubano es parte; por la cual se la ha privado de derechos que son suyos en virtud del principio de la igualdad ciudadana. La vara para medir las relaciones del sistema político cubano con los emigrados, de hecho, con todos sus ciudadanos; es el modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Lo de “Nación y la Emigración” entra sin duda en el mantra “Somos Continuidad”. Es “continuar” embistiendo empecinadamente con una política que debe ser cambiada: la de concebir al emigrado, no desde la igualdad ciudadana, sino como un agregado fuera de la nación, con una conexión ambivalente. El gobierno, que es quién dialoga con los emigrados, le concede, como dádivas, derechos que le asisten a cada ciudadano cubano viva donde viva, y que solo pueden ser derogados legalmente bajo situaciones de emergencia debidamente proclamadas. Si hay una libertad o derecho limitado, el gobierno debe argumentar legalmente cuál es el peligro a la nación que es atajado. Para cualquier otro problema, incluyendo contratos no cumplidos, fondos robados, violaciones legales, o colaboración con políticas antipatrióticas, el gobierno debe procurar otros remedios, con oportunidad de someter su decisión a un debido proceso de revisión.

El desfase con la realidad se asienta en que el partido comunista se abroga la representación de la nación toda. Partido viene de parte. El gobierno representa, en el mejor de los casos, a una mayoría del pueblo en la Isla, desde una sociedad cada vez más plural, con vínculos cada vez más cercanos con los emigrados en su vida cotidiana. Esa mayoría del pueblo puede delegar temporalmente su representación en el gobierno. Sin embargo,  en una república, la autoridad legítima de las mayorías es limitada. No alcanza para situar a la diáspora fuera de la nación. Se trata de ciudadanos definidos como tales al nacer en la isla, por el criterio jus soli. El voto mayoritario no concede la autoridad para bloquear a un ciudadano la entrada a su país de origen, un derecho inalienable, según la Declaración Universal de Derechos Humanos.

No hay soberanía ni principio de autodeterminación de partido. Ese derecho corresponde a la nación, al pueblo cubano integrado por sus ciudadanos, vivan donde vivan, profesen la idea política que profesen. Solo integrando los conceptos de ciudadanía y república, la invocación de la soberanía adquiere su plena dimensión. La soberanía estatal en 2020 adquiere su verdadera dimensión en la medida en que se alinea con el propósito moral de manejar los conflictos públicos de intereses y valores entre cubanos patriotas, desde “el respeto a la dignidad plena del hombre” y la mujer (habría que complementar la frase martiana).

Viaje a la semilla

El patriotismo,  en tanto versión positiva del nacionalismo, se enriquece al sumar cubanos. No se trata solo de agregar números, ni buscar rejuvenecimiento en la emigración patriótica,  sino de abrir avenidas institucionales a que el país crezca desde su diversidad social, cultural, económica, política e ideológica.

La fórmula “Con todos y para el bien de todos” para la relación entre el gobierno y los emigrados no es un pacto suicida. Nadie espere que el patriotismo se diluya ni se tomen los símbolos patrios o la seguridad nacional a la ligera. Pero “con todos y para el bien de todos” significa esencialmente lo que José Martí enunció con dos condiciones que lejos de chocar se complementan.

Primero, un país independiente.  Nunca más debe volver el plattismo a las relaciones entre Cuba y EE.UU. Reconforta que no hay diplomático norteamericano que pueda decir del presidente cubano lo que afirmó el embajador norteamericano en Ucrania, Gordon Sondland, al presidente Trump desde Kiev: “El presidente Zelenski le quiere besar el culo”. Desde 1959 a nadie se le ocurre pensar eso de alguno de los cinco presidentes cubanos. El emigrado que abogue por un retorno a esos tiempos, no puede esperar cariño ni comprensión de sus conciudadanos.

A la vez, un gobierno soberano no es suficiente.  José Martí y Máximo Gómez abogaron por una república digna y misericordiosa en la victoria, incluso hacia sus oponentes, no un campamento militar.  El gobierno tiene la misión de conciliar los elementos naturales del país, sin atropellos al discrepante patriota. El país que soñaron y el movimiento que lideraron nuestros próceres, era lo mas ajeno al odio. A todos los odios, los de raza, los de clase, los de ideología.

De odios hay que hablar.  Nada se gana con no reconocerlos. A pesar de los contactos abiertos por las aperturas de Cuba en el terreno migratorio y la luna de miel que trajo la administración Obama a los viajes familiares, es evidente que en lo político sigue habiendo un conflicto civil, cargado de emociones entre diferentes partes de la nación cubana. Ese conflicto tiene espacios y narrativas distintas en las orillas del Estrecho de la Florida. En ambas hay una buena cantidad de cubanos a los que emocionalmente les molesta la paz, al menos la que es posible, sin victorias totales, cruzando ideologías. Muchos lo admiten, pero culpan siempre a los del otro lado. Esa escalada de reproches no atiende a las razones de los otros.

La relación vertical Gobierno-emigración es un paradigma agotado

Hay que cambiar de paradigma. Ningún conflicto dura sesenta años con toda la razón de un lado. El odio sueña con ajustes de cuenta, más que en la construcción positiva. No es útil a nadie, ni al que odia. Pero esas emociones hay que atenderlas. Ningún trauma justifica que cubanos sigan apoyando una política tan inmoral, ilegal y contraproducente como el bloqueo. Los principales problemas entre cubanos se beneficiarían de una política de Washington constructiva y respetuosa hacia Cuba.

Esperar que hoy, bajo el gobierno de Donald Trump y su complicidad politiquera con Marco Rubio y los Diaz-Balart, se haga eso que es correcto, es pedirle peras al olmo.

En política, la virtud no está en proclamar lo correcto sino en hacerlo viable. No se trata solo de llamar a filas y predicar a los ya convencidos de que el bloqueo es ilegal e inmoral, sino de persuadir para una coalición de todos los opuestos al bloqueo. Todos indica agrupar sin discriminación, sin anticomunismos divisionistas, pero también conciliar con aquellos que, opuestos al sistema vigente, entiendan que su condición irrenunciable de cubanos se enaltecería con las posibilidades abiertas en una Cuba sin bloqueo.

Desmontar odios es reconciliar. La emigración fue salida para cubanos plegados a opciones plattistas, y también, en las condiciones de la Cuba post-1959, de hombres y mujeres, dignos y trabajadores, empujados por los abusos y exclusiones generadas dentro del proceso revolucionario. No se trata de flojedades, como siguen presentando algunos voceros oficiosos. Hubo identidades pisoteadas, de cubanos y cubanas con iniciativa empresarial, talento artístico, espíritu de trabajo, estudiosos  prominentes en sus carreras, que así lo han demostrado en EE.UU., España, Canadá, México, y otros lugares. Adicionemos que ser religioso u homosexual representó por décadas vivir en Cuba una vida de humillaciones.

De la misma forma que se impone en la emigración visiones que reconozcan los méritos del gobierno, y el ejercicio por este de la soberanía cubana, es urgente que se entienda desde el Palacio de la Revolución, la necesidad de dar pasos de reconciliación nacional, en los que se reconozcan abusos y remedios de reparación para los mismos. Es obvio que hay culpas de parte y parte,  que las revoluciones no son paseos por la rivera del Almendares, y que Cuba ha sido un país sitiado. Pero es obvio también, reconocido hasta por el propio Fidel Castro, que hay abusos que tienen orígenes propios. El gobierno, al ser depositario de la condición soberana, tiene una responsabilidad con la historia de Cuba de reparar injusticias que no la tiene ningún grupo exiliado.

Plantearse otra vez una conferencia al estilo de las anteriores, desde 1994 a la fecha, es apelar a un formato agotado. El partido-estado, desde su alegada condición de vanguardia, convoca, pone la agenda, define prioridades, y exhorta a los emigrados a cerrar filas con el país tal y como está. Al final se anuncian algunas aperturas puntuales dentro del mismo esquema, a veces un dinero que se ahorrarán los emigrados por la reducción del ordeño abusivo del que son victimas por múltiples trámites como la prorroga cada dos años del pasaporte más caro del mundo que apenas dura seis. Se discute esos temas con los de adentro que, representados por el partido-estado, se abrogan ser la nación de la que apenas son una parte, para dialogar con los de fuera, que tampoco somos representación organizada de todos los que operan desde el rechazo patriótico a toda injerencia indebida en los asuntos nacionales.

En esa relación vertical, la divisoria entre el emigrado y la condición del ciudadano residente en la isla persiste. No es que no pueda haber progresos.  Han ocurrido por convergencia de buenas voluntades desde la reforma de 2013. El tema es que el tiempo es una variante política. Los conciliadores y dialogantes tenemos que correr mas rápido que los que expanden el odio.

Es tiempo ya de salir de trincheras que obnubilan el sentido común. ¿Cómo se van a discutir oportunidades económicas para los emigrados sin un dialogo sustantivo con los actores que viven en Cuba día a día? ¿No es incoherente apelar al patriotismo y ejercicio crítico del ciudadano emigrado para que defienda una relación respetuosa de su país de residencia con su país de origen, mientras se fomenta una actitud adocenada y suspicaz desde el departamento ideológico del PCC sin distinguir la apostasía de la oposición leal al país? ¿Es acaso una buena representación del pueblo en la isla el criterio economicista que exprime al emigrado con tarifas abusivas de pasaporte? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por ese obstáculo a una relación más activa de los emigrados con su patria de origen? ¿Por quién hablan los que defienden esas políticas?  ¿Alguien del PCC ha explicado por qué es preferible o patriótico seguir ese esquilme a la ciudadanía, antes que abrir mayores espacios a su inversión y la de sus allegados en la Isla?

Hacia un nuevo paradigma

En Cuba es evidente la presencia de funcionarios que no conciben otra salida a sus diferencias con la mayoría de los emigrados y muchos de sus compatriotas descontentos en la isla, que aquella en la que los primeros, para participar de los cambios, acepten la doctrina del socialismo irrevocable y que los segundos encuentren una manera de irse. En Miami, hay grupos para los cuales ningún cambio en Cuba será significativo sino incluye tratar a la revolución- al decir del Senador Marco Rubio- como “un accidente de la historia” que habría que borrar.

Para ellos nada habría que preservar -no importa que lo reconozcan muchos internacionalmente- ni la alfabetización, ni la seguridad pública, ni el sistema de salud, ni la soberania. No tienen reglas de juego a  respetar, ni siquiera las estandarizadas por el derecho internacional. Esos grupos han alimentado una polarización en la que, en lugar de discutir sobre derechos en Cuba balanceados estos con regulaciones apropiadas de defensa del país contra políticas de cambio de régimen desde fuera, se exige una incondicionalidad a su bando, y el deseo de una victoria maximalista.

En esas antípodas, no tratan de construir una patria compartida en la que quepan “todos para el bien de todos”. Por el contrario, hablan de una Cuba o una emigración, en la que aquellos que difieren de sus posiciones centrales no tienen cabida. O se van, o se les aniquila, o “¿por qué no regresas para Cuba si no te gusta Trump?” En el mejor de los casos, los discrepantes tendrían para siempre una posición de segunda categoría en expiación de pecados reales o imaginados. Hagan negocio, pero sin política.

Para salir de eso, y poner a esos sectores radicales en desventaja, se necesita algo más drástico y dramático que rebajas de precios de documentos y la ratificación de que se cuenta con los emigrados en la lucha contra el bloqueo. Es urgente usar la nueva constitución como cuerpo de reforma, y arrancar por declarar que los cubanos de dentro y fuera, disfrutan de la igualdad ciudadana, y que por tanto van a pagar las mismas tasas por los mismos documentos, y votar para elegir y ser elegidos con la mínima condición de estar empadronados en un registro electoral según estándares internacionales. Nada de dos años fuera y pierdes la residencia o si saliste antes de 2013 necesitas un procedimiento por sabe Dios qué para regresar a tu pais. Igualdad ciudadana significa, pues, igualdad ciudadana, principio constitucional.

Los emigrados dialogueros -¡Qué gran mérito frente a las intransigencias!- deben ser voz y no eco.  Se impone demandar el fin total y sin condiciones del bloqueo norteamericano contra Cuba. Se impone también ventilar demandas legítimas sobre el ordenamiento político interno de Cuba acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Proclamar la expectativa de que en la medida en que desaparezcan las condiciones excepcionales que vive el país; por el asedio impuesto por Estados Unidos con su política de cambio de régimen, no solo se normalizaran las relaciones con esa gran potencia, sino también el ejercicio de los derechos humanos en Cuba. 

Normalizar no es un término a torcer con ideologias. Entre Cuba y EE.UU, normal es una relación basada en el derecho internacional.  Entre el gobierno cubano y sus ciudadanos, normal es una relación basada en el paradigma de la Declaración Universal, un estado republicano,  liberal-democrático y de bienestar general.

Esperando poco

Desde el diagnóstico presentado, no sorprenderá que mi pronóstico sobre la conferencia anunciada, cuando sea que la crisis de salud mundial permita desarrollarla, es bastante modesto. La reversión de las aperturas de Obama por la administración Trump cierra espacios políticos al tipo de discusión necesaria. En medio de la crisis economica que se avecina, de profundidad  y duración impredecibles, uno se pregunta si es óptimo hacer una Conferencia ahora, o realizar los cambios fundamentales que el gobierno iba ya a hacer, posponiendo el dramatismo de una conferencia para el momento en que se pueda proclamar un nuevo paradigma.   

El gobierno de Trump no ha dado señales de querer jugar constructivamente. El gobierno cubano no. ha dado señales de querer trascender el modelo “Nación y Emigración”. En el exilio, la jauría ultraderechista se afila los colmillos contra los dialogueros, embriagada con unas redes sociales desde varias plataformas llenas de troles, grosería, sesgos confirmados, bajezas y el pensamiento de manada. En Cuba se palpa significativo malestar ante la demora en el calendario de reformas tan prometidas y consensuadas como dilatadas. Mientras tanto, en un ambiente de cambio a medio camino, la corrupción, los privilegios inmerecidos, y la desidia se expanden.  

¿Quiere decir eso que la conferencia no amerita participación?  En política se trata siempre de escoger entre las opciones disponibles. A pesar de todas sus limitaciones,  los que participen en la conferencia pueden hacer más diferencia en las relaciones de los emigrados y la sociedad cubana que todos los actores intransigentes juntos. Estos últimos marcan puntos retóricos e ideológicos desde la viralidad vana de las redes sociales. Con todos sus defectos y limitaciones, siempre de los diálogos se puede esperar algo.  En contraste, los inquisidores, conversos y Savonarolas, pontificando al coro de indoctrinados, no producen nada. Son todo denuncias sin ningún anuncio, figurándose vírgenes vestales. 

¿Hay algunas propuestas que ameritan ser valoradas en las vísperas de la conferencia?  Seguro. En el plano social, el gobierno cubano debe pensar en el fin de los abusos asociados al uso del pasaporte. En el económico, es importante dar a los emigrados la opción de invertir como cubanos pero también como empresas de su país de adopción. Son lógicos el escepticismo y la suspicacia desarrollados por los emigrados ante la historia de inconsistencias, política fiscal predatoria y abusos del gobierno cubano a sus empresarios.  Como buenos comunistas, si hay crisis el estado-partido antes de reformar sus estructuras y cortar gastos, ha preferido incumplir contratos y hasta apropiarse de fondos y empresas privadas.  Si el gobierno deja a los  emigrados escoger invertir con la nacionalidad de su elección, quizás mitigue los miedos que genera su pasado comportamiento.

El emigrado también tiene el amor por su patria chica, su tierra, su pueblo y su provincia. ¿Por qué no descentralizar a nivel de provincia las decisiones sobre la autorización de empresas mixtas locales entre empresarios emigrados y el gobierno, el sector privado local,  o capital extranjero dispuesto a invertir con cubanos emigrados o no, con capacidad para recolectar e invertir fondos? En varios países, particularmente en Europa, hay fondos en los cuales los emigrados reciben apoyo de sus países de adopción para invertir en sus países de origen. ¿Por qué no empezar con ellos y poner esos incentivos a los ojos de aquellos a los cuales el bloqueo norteamericano les prohibe hacerlo?

La agricultura es un área donde facilidades para importar tecnología moderna puede marcar una gran diferencia en el uso de tierras yermas. Después de 1898, el secretario de la agricultura del gobierno interventor, Perfecto Lacoste, amigo de Antonio Maceo, permitió la importación libre de impuestos, de cercas, y aperos de labranza. Salvando las distancias, de esa ordenanza se beneficiaron emigrados cubanos que regresaron a tierras cubanas tras la derrota de España. ¿Se podría imitar esa experiencia?

Más que ubicar propuestas concretas, que sería más factible producir si el gobierno cubano invita a economistas, politólogos, sociólogos y científicos de diversos campos a talleres específicos, de conjunto con contrapartes de la Isla; es importante repensar desde diferentes puntos de vista formatos de diálogo sincero, fraternal y de conciliación. Si eso no ocurre, habrá que ir a las conferencias que se convoquen para obtener lo que se pueda y poner a prueba los límites del modelo adoptado de diálogo. Por lo menos los dialogueros han traído resultados positivos a las relaciones entre cubanos, a diferencia de los extremistas, sin causar jamás daño.