No hay cruzada contra ninguna forma de gestión, “ni estatal, ni privada”, insiste el Gobierno

El Gobierno cubano, esta vez por medio de su ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, volvió a insistir en que las nuevas medidas para “corregir distorsiones” no constituyen una campaña contra el emergente sector privado de la isla.

“Yo quiero ser enfático en que no hay ninguna cruzada contra ninguna forma de gestión, ni estatal, ni privada. Al contrario, la cruzada es contra los ilegales, sea estatal o sea privado, porque la ilegalidad es ajena al socialismo”, dijo Alonso en la mesa redonda de este jueves.

El programa radiotelevisivo, que excepcionalmente duró dos horas, cuando por lo general ocupa una, contó, además, con la participación de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, Marta Feitó y Vladimir Regueiro, respectivamente, quienes desgranaron la nueva batería normativa que entra en vigor el próximo 18 de septiembre. 

Se trata de seis decretos-leyes, dos decretos y más de una decena de resoluciones con la que las autoridades pretenden reencausar la gestión del sector no estatal (SNE), léase micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajo por cuenta propia (TCP).

Los esfuerzos disciplinarios del gobierno ocurren cuando ya el SNE ha sumado más de medio millón de trabajadores y controla el 44 % del comercio minorista en el país, supliendo, aún con precios exorbitantes, el gran vacío dejado por el comercio estatal sumido en una crisis que se aceleró con las sanciones estadounidenses y la pandemia.

Monopolio estatal del comercio sufre distorsión 

Entre las distorsiones citadas, Alonso hizo notar que la tendencia establecida desde 2023 al presente es que el “monopolio estatal del comercio se ha ido desplazando en gran medida por la dinámica importadora y comercial de formas de gestión no estatal”.

Tal actividad en muchos casos, estimó el titular, se practica fuera del control del Estado y la legislación vigente, y no siempre se desarrolla en el marco de la legalidad.

Por otra parte, los gobiernos locales, manifestó, “no siempre han ejercido toda la autoridad y autonomía que tienen en su gestión para el desarrollo de la vida social en los territorios”, por lo que hubo que corregir “un grupo de vacíos legales”.  

Foto actualizada del paisaje  económico

El titular del MEP ofreció una foto estadística de última toma del SNE: Aprobadas 11 046 mipymes privadas,  238 mipymes estatales y 71 CNA.

Sin embargo, de ese total de mipymes estarían en operaciones unas 10 000, pues existe más de un millar que por diversas causas no están funcionando.

En 126 de los 168 municipios en los que está dividido el país hay presencia de mipymes y un repaso de su distribución geográfica habla de asimetrías escandalosas.

La mapificación indica que 75 % de los mipymes y CNA están radicadas en La Habana. Todas las provincias, excepto la capital y el municipio especial de Isla de la Juventud,  poseen menos de 50 de estos actores.

En contraste, los municipios capitalinos tienen entre 100 y 200 de tales agentes económicos,  y dentro de ese entramado, los de Plaza y Playa se llevan la mayor tajada con más de 600.

Marco regulatorio con más rigor

El ministro Alonso negó, por otra parte, que el listado  de las actividades permitidas haya sufrido una merma- “lo que existe es una reducción del listado de las no autorizadas”-   aunque admitió que,  en cambio, lo que ha engrosado es el marco sancionador a través de las contravenciones (decreto-ley 91) y las multas.

“Aquí hay más contravenciones que las que había hasta ahora”, reconoció . “Ahí sí crecemos; en exigir la disciplina, la ética, el cumplimiento de las leyes. Ahí hay más exigencia por el gobierno y tenemos que incrementarlo incluso”, advirtió.

Para respaldar la necesidad de subir la parada en el marco sancionador, al que consideró todavía “insuficiente”, el funcionario mencionó el hecho de que las nuevas formas de gestión han aportado a la economía unos 30 mil millones de pesos.

En cambio, solo las  actividades vinculadas a las importaciones, la subdeclaración y la evasión de impuestos se calcula en unos 40 mil millones “y eso es indisciplina, ilegalidad”, fustigó.

“Por la información del pueblo muchas veces hemos actuado con los grupos de inspección y hemos visto cosas que no se puede imaginar quien norma y quien regula, pero todas esas experiencias las hemos vertido a estas normas, a los efectos de buscar la disciplina, el orden, la legalidad”, indicó.

En el caso del sistema de multas, su tarifa creció dado el escenario de “espiral inflacionaria”prevaleciente. “No puede ser que las multas se mantengan sin incremento. Eso tuvo una rectificación y es un tema que tenemos que seguir estudiando, porque hemos visto experiencias de muchos países; algunos las duplican, otros las triplican, y otros la indexan al nivel de inflación”, ejemplificó.

Responsabilidad social de los negocios privados

Entre las novedades que trae consigo el nuevo paquete legislativo, según el ministro Alonso, está que por primera vez se incorpora el tema de la  responsabilidad social de los nuevos actores económicos con la comunidad donde están insertados y su vocación de servicio, tal como algunos emprendimientos demostraron durante los días más aciagos de la pandemia.

Se trata de expandir y validar la “solidaridad, que tanto caracteriza al cubano con el otro”, dijo.

“Tienen que contribuir con el desarrollo armónico, con la belleza que tenemos que imprimirle a nuestro entorno. No concebimos un actor en la economía que vierta los desechos en la esquina”, refirió el funcionario, cuando en La Habana se padece una prolongada crisis de recogida de basura que ha configurado un escenario  de inseguridad sanitaria.

La rotura de la mitad del parque automotor de camiones colectores, en su mayoría nipones, entre otras causas, como la falta de carburantes, ha generado barricadas de desperdicios en numerosos municipios capitalinos.

Por otra parte, con las nuevas disposiciones, el monopolio del gobierno central en la toma de decisiones será desagregado para que los municipios asuman la conducción administrativa de los nuevos actores en sus territorios conforme a intereses y necesidades locales.

De acuerdo con Alonso, “hay un municipio en cada provincia que ya está capacitado con todas las condiciones- plataformas digitales, autoridad fiscal, los juristas, los bufetes, los bancos” en un movimiento integrador para que “tengan todas las capacidades  para investigar, comprobar y aprobar”.

Igualmente, en las disposiciones se redefinieron los perfiles del objeto social de las empresas privadas.

 “Cuando uno observa a los actores económicos, muchos de ellos se dedican a lo que definieron como objeto secundario. El más lucrativo es el comercio, y muchos apuestan a este. Por ejemplo, hay mipymes que se crearon para ser peluquerías, con una cafetería, y al final se dedican más a lo segundo que a lo primero”, ilustró el ministro.

Sector privado entraría en la agenda de la planificación estatal

Aunque todavía en una perspectiva de estudio, otra de las novedades develadas por el jefe del MEP es que su cartera buscará insertar al sector privado como una pieza más en el rompecabezas del plan general de la economía.  

“Porque ese sector privado demanda recursos y va a hacer aportes y todo eso nosotros tenemos que ser capaces de introducirlo en el plan, no solo en el presupuesto por la vía de los ingresos , sino también en la planificación material y de recursos financieros que tiene que hacer el MEP”, explicó.

“Empezamos ahora a construir los modelos de planificación para ese sector y a eso hay que ponerle mucha inteligencia, porque no podemos ni dejar de llegar, ni pasarnos”, anunció con cautela.

Sobre el flamante Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, opinó Alonso que tendrá dos funciones básicas: “representar a los actores y representar al Estado ante ellos también”, creando un sistema de interconexiones con todos los organismos de la administración central.

Acoso de inspectores, ¿qué hacer? 

Ante una pregunta de la moderadora Arleen Rodríguez Derivet, en torno a eventuales acosos administrativos sobre los emprendedores, el ministro recomendó que ante tales casos, la presunta víctima debe denunciar la situación.

“Lo primero es combatir cualquier ilegalidad, porque cuando sienta algún acoso es porque algún inspector o funcionario estatal está actuando mal. No hay ningún diseño para acosar a ningún actor económico, ni privado, ni estatal”.

En paralelo,  dijo: “No se me ocurriría pensar que porque le hacen una auditoria a una entidad, están acosándola; eso es parte del control. Ahora, una auditoria todos los días ya hay que pensar mal”, razonó el ministro del MEP. 

Otras ópticas

El nuevo paquete legislativo no dejó indiferentes en el sector no estatal, que, pese a las garantías del gobierno, observa con recelo el ejercicio normativo, al que tilda más como una movida de contención, que una práctica de control necesario.

“Quizás, el mayor y más indiscutible resultado de estas normas, cuando entren en vigor, es que disminuirá el flujo de aprobación de nuevas empresas o que se vuelva más lento”, escribió en redes Osniel García, cofundador de AUGE, una mipyme de consultoría para emprendimientos con sede en La Habana.

Por su parte, desde su cuenta en la red social X, el economista y académico Pedro Monreal  describió los nuevos decretos como “prohibiciones y restricciones al sector no estatal en Cuba”, lo cual “confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado como parte de medidas estatales para supuestamente “corregir distorsiones y reimpulsar la economía.”

Monreal, quien monitorea milímetro a milímetro la actividad gubernamental en materia económica y se hace respaldar por gráfica estadística de fuentes oficiales, escribió en su hilo en X que “47,8% de las restricciones se concentran en el comercio, una actividad que en el contexto de la actual crisis ha funcionado como salvavidas para muchas entidades privadas”.