Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para la aplicación del proceso de “ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales en Cuba”, gracias al acuerdo 10108 del Consejo de Ministros, fechado el 27 de marzo.
La medida, publicada el pasado viernes 23 en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 26, convierte en propietarios a quienes ocupen cualquiera de estas construcciones “sin status legal o sin observar las formalidades en su construcción”, según explica el documento.
El Consejo de Ministros decidió prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2025, el plazo para la aplicación del proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales en el país.
#RevolucionEsConstruir pic.twitter.com/GtQB3PVb4r— Ministerio de la Construcción de Cuba (@CubaMicons) May 27, 2025
Con las modificaciones al proceso, “se facilita y promueve” la legalización “siempre que no violen las regulaciones territoriales y urbanísticas”, según apuntaba Marvelis Velázquez, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción (Micons), citada en reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
“Las personas van a poder seguir presentando sus solicitudes ante las direcciones municipales de la Vivienda o de Ordenamiento territorial y urbanismo con el fin de obtener la propiedad, pues les da el derecho de hacer uso, disfrute y disposición del inmueble”, subrayó la funcionaria.
Arrendatarios permanentes y usufructuarios
El reporte subraya que pueden beneficiarse los arrendatarios permanentes de viviendas del Estado, excepto quienes la tengan confiscada por sanciones legales ante hechos de enriquecimiento ilícito, drogas, corrupción y otros actos, y por sentencias penales.
También tienen derecho a la propiedad los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias convertidas en viviendas adecuadas, o que pueden serlo, así como las viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado, sin cumplir las formalidades legales.
En el proceso se incluye a los ocupantes de viviendas rurales y urbanas, y se facilita la atención a las personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Un trámite menos
En cuanto a trámites, la funcionaria explicó que esta medida “deja sin efecto la realización del levantamiento en planta y descripción del inmueble por las direcciones municipales de la Vivienda”, por lo que solo quedaría el dictamen de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. De esa manera se logra reducir los términos en 15 días el trámite.
La funcionaria aclaró que los más de 19 mil casos en alguna de las fases del proceso anterior recibirán la respuesta de las direcciones municipales de la Vivienda, aunque explicó que esto sucederá “en su momento”.
Desde mayo de 2019 estaba vigente el anterior acuerdo, pero la propagación de la COVID-19 impidió a muchas personas hacer las solicitudes correspondientes, apunta ACN.
Ahora, esta medida mantiene “la mayoría de términos y obligaciones” de la anterior, el Acuerdo 8574 de 2019, que estuvo vigente hasta el pasado lunes, apuntaba el diario Granma.
Nuevas normas para el ordenamiento y la legalización de viviendas en Cuba
Según Granma, de mayo de 2019 al pasado marzo se habían solucionado 223 920 trámites reportados por las direcciones municipales de la Vivienda; de ellos, más de 130 000 corresponden a casas hechas por esfuerzo propio y más de 50 000 consisten en la conversión de arrendatarios a propietarios.
Cuba tiene un déficit de más de 900 mil viviendas, mientras que cerca del 40 % de sus 3,8 millones de casas están en regular y mal estado técnico, según datos oficiales.
