Los equipos de protección personal fabricados o importados no cubren en número, ni en calidad, las demandas empresariales en la Cuba, tanto del sector estatal como privado.
Según un reportaje publicado este martes en el periódico oficial Granma, tal escenario es uno “de los grandes desafíos para el sector laboral cubano”.
El material periodístico cita entre los factores que “más atentan contra lo que podría ser una gran oportunidad de mercado se encuentran la falta de insumos, los elevados precios de la materia prima nacional de calidad, y la ausencia de un mercado mayorista para la adquisición de recursos que respalden los niveles de producción”.
Igualmente, refiere Granma, deficiencias organizativas como trabas en el encadenamiento productivo, el sistema tributario, el otorgamiento de créditos bancarios, el comercio electrónico y la inserción internacional.
A todo lo anterior se suman la lentitud del proceso de contratación con las entidades y las dificultades para adquirir las divisas en los bancos al cambio establecido.
Por otra parte, golpean varios males cotidianos en la economía doméstica, léase déficit de combustible y de energía eléctrica.
CCEPP: funciones y alcance
Según Valia Carbó Vázquez, jefa del Centro de Registro y Aprobación de los equipos de protección personal (CCEPP), perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se reciben quejas de clientes sobre “la falta de calidad de los equipos de protección personal de los trabajadores, evidenciando que algunos proveedores, con el objetivo de lograr precios más competitivos, adquieren productos y materiales de inferior calidad”.
En funciones desde 2011, el CCEPP evalúa, registra y aprueba los equipos de protección personal, tanto de importación como de producción nacional que se vayan a comercializar en el país para uso de los trabajadores.
En 2022 la institución amplió su alcance, hasta entonces restringido a los importadores, comercializadores y productores nacionales estatales, para incluir también a los nuevos actores económicos.
Para esos emprendiminetos, desde 2023 resulta obligatorio obtener la certificación del CCEPP si desean vender sus producciones con fines de seguridad laboral.
Como promedio anual, unos 500 modelos o referencias de equipos de protección son aprobados en esa agencia gubernamental.
Entre 2019 y 2021 decrecieron las solicitudes debido a las afectaciones económicas a nivel mundial, explicó Carbó Vázquez, en referencia a la crisis agravada por la COVID-19.
Tradicionalmente los equipos que más se presentan son para las extremidades superiores, inferiores y las vías respiratorias; aunque con la pandemia se incrementó la aprobación del vestuario de protección biológica, precisó la funcionaria.
Faltan laboratorios de certificación
Otro de los grandes problemas técnicos, es la ausencia de laboratorios nacionales para certificar la calidad de los equipos y artículos de protección.
Por ejemplo, un número importante de calzado de seguridad con casquillo, arneses contra caídas y botas de materiales sintéticos ha sido rechazado por no existir posibilidad de certificar su calidad protectora.
Por igual sufren los modelos y equipos similares importados, que no cuentan con la certificación de laboratorios acreditados en el exterior, lo que estrecha el margen de maniobra para las empresas cubanas.
“Como una alternativa, los productores nacionales pueden llevar sus muestras al Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Industria Ligera (Cidil), pero solo hacen pruebas a algunos materiales, fundamentalmente talabartería, hilo, costura, pvc, etc”, dijo Carbó Vázquez.
Una opción para los productores podría ser solicitar la certificación a laboratorios de países cercanos a Cuba.
Esa acción podría salvar las producciones una vez adquiridas las materias primas y las maquinarias y moldes necesarios, pero se trata de una opción muy costosa que no muchos están dispuestos a asumir.
El sector privado
“Hay falta de confianza en el sector privado”, de acuerdo con declaraciones de funcionarios ministeriales cubanos, además del desconocimiento de las empresas estatales de firmar convenios con esa forma de gestión.
Valia Carbó Vázquez, jefa del Ccepp, cuantificó que entre 2001 y 2023, de los 2 975 equipos de protección con certificación vigente, solo 435 son de producción nacional (14,62 % ).
En la actualidad, de un total de 289, hay 193 entidades extranjeras y 96 nacionales registradas como productores, comercializadores o importadores de equipos de protección personal para uso de los trabajadores.
Entre las cubanas, suman 53 productores, comercializadores e importadores estatales, diez trabajadores por cuenta propia, un Proyecto de Desarrollo Local (PDL), tres cooperativas no agropecuarias (cna), 20 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) productoras y 20 usuarias.
Del sector estatal han sobrevivido a las diversas crisis económicas Talabartería (Thaba), Calzado Combell, y Producciones Textiles Boga; el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Unión de Industrias Militares, entre otras.
En el no estatal sobresalen las empresas de Camajuaní, en Villa Clara, como la mipyme Jireh Ebenecer, dedicada a la producción de chancletas y botas para agua de PVC, así como de confecciones textiles.
También están Triple a, especializada en calzado de seguridad; Entaya, enfocada en el vestuario de protección, como overoles antiestáticos para la Unión Eléctrica; y hay trabajadores por cuenta propia dedicados a la elaboración de guantes y kits de soldadura, entre otros implementos.
En el presente, en Cuba coexisten más de 11 140 actores económicos; de ellos 10 857 son micro, pequeñas y medianas empresas privadas y 212 estatales; en tanto, poco más de 70 son cooperativas.
El reportaje de Granma asegura que los índices de accidentes mortales de trabajo en Cuba no son elevados, pero no calza la afirmación con alguna estadística.
