Silencio, por favor

No piden nada exagerado. Silencio es lo que están tratando de lograr desde hace dos largos años los vecinos de N entre 23 y 25, quienes han sido torturados por el estilo ferial que invade cada vez más con sus ruidos y musicangas el entorno urbano habanero.

La zona de La Rampa en el Vedado es frecuentada por turistas extranjeros y pobladores nómadas que pasean, compran, se conectan a la WiFi pública, hacen trámites en bancos o reservan boletos de avión. Pero en esas calles, roídas por el trasiego mundano, infestadas de forasteros, ocupadas por los cuarteles generales de varios ministerios y otras instituciones estatales, no todo es diversión, trámite o comercio. También residen personas que comparten, como cualquiera, los cotidianos deseos de descansar. Es también un barrio donde conviven miles de ciudadanos con derechos.

La historia de los rampeños –valga el gentilicio– es la de una puja permanente con los invasores diurnos y nocturnos –faunas distintas– que ponen en peligro su tranquilidad. Así lo cuenta el crítico de cine Gustavo Arcos que vive allí “de toda la vida” y recuerda gestas vecinales anteriores y actuales.

“Hemos tenido muchas broncas, con el parqueo, los ruidos, la basura, la polución, los huecos que el Estado abre y no cierra durante meses. Ahora mismo hay de nuevo un ómnibus parado desde hace ya seis meses frente al edificio…”

Pero la “bronca” actual es el resultado de un absurdo de marca superior.

En febrero de 2016 se inauguró el Boulevard D´25. Un antiguo parqueo y taller de equipos automotores se convirtió en una especie de hub de servicios que brindan cuentapropistas, y en él se encuentran tiendas de regalos, artesanías, cafeterías, peluquerías y restaurantes y un área de juegos con juguetes inflables, carritos y niños que corren, se divierten, bailan, gritan. Cómo gritan.

“Tan pronto como en mayo del mismo año, ya el lugar contaba con innumerables denuncias a la policía por motivo de los disímiles ruidos que se originaban en sus instalaciones y que cambiaron drásticamente la calidad de vida de los vecinos de sus alrededores”, así lo describe Liane Cossío, vecina del número 330 de la calle N entre 23 y 25, quien ha utilizado las redes sociales para visibilizar una denuncia que por otros “canales” no ha tenido resultados.

Desde una ventana de su edificio Cossío ha filmado suficiente evidencia sonora y visual sobre las molestias que sufren los vecinos los inmuebles multifamiliares cuyos fondos –donde suelen estar las habitaciones de descanso– colindan con el Boulevard.

“Hay cafeterías y restaurantes con sillas y mesas “al aire libre” –describe Cossío– y equipos de sonido hacia afuera de sus establecimientos. Y para colmo, a apenas dos metros de distancia de nuestras ventanas, y en un espacio que constructivamente funciona como un amplificador (por sus paredes bajas y su techo de zinc) funciona un parque infantil. Al bullicio que por naturaleza genera un lugar como este, hay que sumarle que entre sus juegos hay unas pelotas grandes dentro de las cuales se meten los niños, que necesitan gritar para ser escuchados por sus mayores. Sus mayores, además, están mientras tanto disfrutando en cualquiera de los distintos establecimientos del lugar y también necesitan gritarles a sus niños para ser escuchados. Todo este escándalo que los vecinos soportamos a diario, a cualquier hora del día y de la noche (porque los horarios de cada negocio se solapan desde temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche y luego las madrugadas con los limpiadores y recogedores de latas y botellas), ha acabado con nuestra calidad de vida impidiéndonos descansar, estudiar, ver la televisión a volúmenes normales e incluso a veces, hasta escucharnos a unos metros de distancia dentro de nuestras propias casas.”

¿Es tan difícil solidaridarse con esta descripción? ¿Es posible que alguien pueda disculpar este grado de agresión que cometen sostenidamente los dueños de estos negocios, los trabajadores y los usuarios de estos servicios?

¿Quedan dudas de que este lugar está mal ubicado o de que, al menos, algunas actividades que se realizan allí sí lo están? ¿Cómo regula la comunidad y quienes se supone que la representen esta contradicción entre el interés meramente comercial y el derecho ciudadano a convivir en un ambiente descontaminado donde pueda desarrollarse la vida cotidiana sin interferencias?

¿Con quién hay que hablar?

Mejor sería escribir “con quién más hay que hablar”. Estos vecinos ya han denunciado la situación a varias instancias y repetidas veces, y no se ha resuelto el problema; algo que podría ser tan simple como eliminar toda actividad que genere ruidos o cualquier otro tipo de contaminación en el área interior de una manzana ocupada por edificios de vivienda.

“La desconsideración por la comunidad ha sido absoluta. Para empezar, el lugar se hizo a espaldas de los compromisos creados con anterioridad con los vecinos de que de ninguna manera lo que hicieran allí afectaría nuestros derechos”, cuenta Liane Cossío.

Según la información brindada por los vecinos, ya han sido notificados el Partido Comunista a nivel Provincial, el Ministerio de Salud Pública, la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Monumentos, el Consejo de Estado, la Fiscalía Municipal de Plaza, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Dirección Integral de Supervisión y Control, el Instituto de Planificación Física y el periódico Granma.

“Los dueños de los negocios con los que nos hemos quejado del ruido, nunca han sido sensibles a nuestras quejas y, por ejemplo, ha sido necesaria la actuación de la Fiscalía, incluso de la PNR, para que retiraran, después de meses de sufrimiento, algo tan agresivo como un bafle con música hacia nuestras ventanas todo el día y toda la noche. Pero para colmo de males, los vecinos llevamos dos años escribiendo a nuestro gobierno, al Partido y a distintas organizaciones… sin que nunca nadie nos haya brindado una respuesta”, concluye Cossío.

Los trabajadores por cuenta propia que fueron autorizados para realizar estas actividades ruidosas allí son ahora también víctimas de una mala decisión que no tuvo en cuenta a la comunidad donde estaba echando raíz un negocio emergente. Estas personas probablemente estén violando más de una norma jurídica y quizás, si se lograra justicia, tendrían que pagar por ello.

Este caso ilustra perfectamente las nuevas tensiones que van proliferando en torno al uso privado del espacio público.

En dos años no ha habido respuesta ni solución. Y este no es el tipo de silencio que desean lograr los vecinos del Boulevard D´25.