Por décadas, la cadena de producción agropecuaria ha padecido el desgaste de sus eslabones de distribución y comercialización.
El sistema de acopio estatal no cuenta con todas las simpatías de los campesinos, que sufren la excesiva centralización y hasta el burocratismo de este intermediario, al que muchos le achacan el establecimiento de precios unilaterales, morosidades en el pago, así como ineficiencias en la recogida, manipulación y transportación del producto que, en ocasiones, deriva en el lamentable desperdicio de alimentos.
El profesor Armando Nova analiza en su artículo La cadena productiva y comercializadora en el sector agropecuario en Cuba, las transformaciones recurrentes en estas áreas, antes y durante el proceso revolucionario, lo que ha conllevado a períodos de distanciamientos entre el agricultor y el mercado.
Un punto crítico en estas relaciones se vivió a finales de 2008. El Estado reguló el abastecimiento agrícola e impuso precios fijos para lograr una distribución más o menos equitativa de alimentos, ante los estragos de tres huracanes. La medida causó una paralización de las fuerzas productivas, que en este punto del camino se intenta revertir.
Para ello se requiere de una gestión dinámica del proceso productivo. En los lineamientos puede leerse la necesidad de trazar pautas para la transformación del sistema de acopio y la comercialización agropecuaria mediante mecanismos ágiles que simplifiquen los vínculos entre la producción primaria y el consumidor final.
Entre las estrategias más coherentes destaca la posibilidad de vender el excedente productivo, tras el cumplimiento de los compromisos con el Estado y la puesta en marcha de un paquete jurídico que en un primer momento autorizaba la comercialización directa entre las formas de producción cooperativas y las entidades turísticas del país; y ahora, en una segunda fase, abre el diapasón a los agricultores pequeños, entendidos como propietarios y usufructuarios de tierra.
Hasta el momento, estos productores naturales se habían visto constreñidos a comerciar a través de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y en lo adelante se les posibilita, incluso, la creación de cuentas en los bancos comerciales para depositar el dinero de estas nuevas relaciones laborales.
A la eliminación de los tradicionales intermediarios (Empresa de Frutas Selectas, de Cultivos Varios o Acopio), se añade la diversificación de los productos comerciables en las normativas de 2011. Al arroz y al carbón vegetal, se suman flores frescas, plantas ornamentales, especies y condimentos secos, huevos de gallina y de codorniz, arreglos florales y servicios de jardinería.
La meta, ahora, es crear una coherencia entre la disposición de la política a nivel macro y la aplicación en las pequeñas realidades de base. El especialista del Centro de la Economía Cubana, doctor Omar Everleny Pérez Villanueva, relataba su tránsito por el Hotel Pernik en Holguín, desabastecido totalmente de frutas en su mesa buffet. “Sales rumbo a Guardalavaca, y a ambos lados están las carretillas llenas de todo tipo de frutas, -recuerda el economista-. “¿Por qué no se ejecuta lo que dice Raúl al nivel de base? Existen todavía una serie de trabas burocráticas que impiden el avance”.
Ciertamente esta política no es capaz de eliminar todo el lastre. Incentivará, ¡sí! la calidad del producto, en la medida de los insumos que se tienen a la mano; disminuirá, ¡sí!, el desperdicio de alimentos, y hasta puede que estimule un tanto la sustitución de importaciones en el sector turístico. Pero, ¿qué pasa con el mercado poblacional, el mercado en el que transcurre y discurre la vida del cubano “de a pie”? Para ese continuará el sistema de acopio con su natural mediación, y el sistema de precios con su natural inflación.
En las tablillas de venta se comercializa a precios de estratosfera. El doctor Everleny Pérez ha afirmado que “los cubanos usan del 70 al 90 por ciento de su salario para la compra de alimentos”, con el inevitable ensanchamiento de la brecha entre ingreso y gasto, una agudización de la problemática social y de la corrupción.
La vox populi aporta parte de la explicación del problema: los campesinos evaden, en ocasiones, la comercialización con el Estado, por los bajos precios, la demora en el pago y la ineficiencia en la recogida; prefieren dialogar con este tipo de revendedores. La cadena productiva cae en un limbo legal, que estimula la buena salud del mercado negro.
Se gravan los precios sin piedad, y el resultado son unas ganancias netas para los intermediarios, muy por encima del productor y a costa de las venas abiertas de sus coterráneos, apremiados por poner un plato en la mesa.
El periódico Granma del 11 de octubre de 2013, reproduce la preocupación del lector D. Álvarez Rosales ante la disonancia ingresos-gastos, en un país donde se da el pasto fértil para el “engorde” de los precios. “Tal parece que es una competencia para ver quién vende más caro, lo que hace imposible cubrir todas las necesidades alimentarias con el salario o la pensión (…) Una libra de frijoles cuesta 12 CUP y una calabaza hasta 22 CUP (…) La política de precios no se corresponde con los costos de producción, sino con un plan de utilidades muy superior al poder adquisitivo de la mayoría”
Y esta reflexión va para los privados y los estatales, porque sería reduccionista empalar únicamente a la figura del trabajador por cuenta propia, sin pensar en prácticas que, no por diarias, dejan de ser contradictorias.Roberto G. Peralo reflexionaba sobre estos temas en el blog La Joven Cuba: “El costo de producción de un galón de puré es de 46 CUP, y el precio de venta establecido por resolución es de 60 CUP (…) Quien comercializa este producto, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), lo vende con un sobreprecio (…) es simplemente un intermediario que recibe un margen de ganancias cercano al 110 por ciento”, sentencia.
Los precios multados se viven en las placitas, puntos de venta de cooperativas y organopónicos, Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) y Mercados Agropecuarios de Oferta y Demanda (MAOD), sin soslayar a los carretilleros. Unas formas de comercio se abastecen de otras y cada cual impone su presencia ante el consumidor.
En este minuto se espera por la aprobación jurídica de un nuevo método de comercialización, en Artemisa, Mayabeque y La Habana, que pudiera generar nuevos actores legales. Un artículo publicado en la revista Bohemia advierte que se trata de transformar “una parte significativa de los centros comercializadores de estas provincias en cooperativas no agropecuarias (…) Pagan un arrendamiento por el inmueble, tienen libertad para contratar mercancías a las formas productivas, y deciden de manera colectiva los salarios y ganancias de los asociados”. Pero más allá de la modalidad de venta, los “precios siguen cuestionados”, concluye el artículo.
Mientras el peso cubano se revaloriza para la adquisición de alimentos en el país y la agricultura busca la anhelada autosuficiencia, todos los caminos gubernamentales deben llegar hasta el consumidor. La nula aplicación de políticas que aboguen por su defensa lo hace cada vez más vulnerable a la inflación que hoy experimenta su subsistencia.
Quizás sea el momento de repensar variantes nacionales con sus respectivas resoluciones, apoyo interministerial, sistema de controles y multas, para aquellos comercializadores que sobreexcedan los costos de producción. De lo contrario, una gigantesca burbuja inflacionaria podría estallarnos en nuestras caras, sumiendo todo un proyecto económico de nación en la nada.
Por: Malvy Souto López
Foto: Abel Rojas
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