Audiovisual en Cuba: Nuevas condiciones y viejas preguntas

El decreto Ley del Creador Cinematográfico y Audiovisual Independiente ha sido finalmente publicado, luego de tres meses de firmado por las autoridades. A partir de septiembre, cuando entre en vigor y puedan materializarse muchas de sus indicaciones, los cineastas, técnicos o artistas del audiovisual podrán registrarse, obtener licencias de rodaje, aplicar a fondos, poseer cuentas bancarias, percibir ayudas o financiamentos del exterior y, desde luego, pagar impuestos como todos los que laboran en el creciente sector privado del país. El paquete es tentador, y muchos, con razón, están felices por ello.

Cuba aprueba nueva política para la creación cinematográfica independiente

Este ha sido un largo camino que comenzó en 2008, cuando un grupo de cineastas llevó al VII Congreso de la UNEAC un documento que pedía la reestructuración del ICAIC y la legalización de la cada vez más extendida producción independiente en Cuba.

Aunque fue aprobado por el plenario y las comisiones que lo cobijaron, el pedido se estancó, hasta que en 2013, más de cien creadores, molestos por el estado de cosas relacionadas con el sector, se dieron cita de forma espontánea, para pedir una ley de cine y una completa revisión de las estructuras y normativas que regulaban el sistema cinematográfico de la isla. También la dirección del país le había pedido al ICAIC que hiciera tal cosa, solo que para esos cambios los cineastas apenas fueron consultados. Así que, aplicando un montaje paralelo, ambos relatos marcharon por un tiempo, independientes uno del otro.

Hasta 2017 tuvieron lugar más de veinte reuniones de las que emanaron múltiples propuestas, comprendidas en su mayoría en este decreto recien firmado. Aunque el ICAIC le dio siempre un apoyo total a los cineastas, otras instituciones (como la UNEAC, el ICRT, la UPEC) se mantuvieron distantes, prefirieron hacer mutis o hasta posicionarse contra las demandas y preocupaciones de sus propios miembros. Fueron bastante llamativos los silencios de los medios oficiales, para los que estos asuntos aparentemente no merecían ninguna atención.

Este decreto es una muestra de cómo, desde la perseverancia, la honestidad y el compromiso de un grupo de artistas y especialistas del audiovisual, puede cambiarse el curso de las cosas, sentando a dialogar a las autoridades con propuestas ancladas en una realidad, enfrentando todo tipo de prejuicios para encausar los criterios de todo un gremio, en pos de una transformación que tendrá gran impacto para la cultura nacional.

¿Qué ofrece el nuevo decreto?

En primer lugar: el reconocimiento legal de la figura del creador audiovisual independiente. Es cierto que ya existían y no por ser tomados como “alegales” dejaban de producir sus obras, pero las actuales disposiciones les otorgan un amparo importante, que los representa de cara a las dinámicas que mueven las industrias fílmicas del mundo. Transparenta o naturaliza sus gestiones en el ámbito nacional, los protege (aparentemente) contra las suspicacias de organismos o instituciones que antes se negaban a trabajar con “ilegales” y les ofrece la posibilidad de recibir ciertos fondos, que les estaban vetados al no gozar de  personalidad jurídica ni poseer cuentas bancarias.

El lado oscuro del asunto es que los realizadores, para ser reconocidos, deben antes registrarse en una oficina que se creará con ese propósito. Es decir, solo los inscriptos podrán acceder a los derechos y las oportunidades que ofrece la nueva ley. Si, bajo las nuevas circunstancias, alguien no desea registrarse, no podría ejercer como creador audiovisual en el país y por tanto su labor se verá obstaculizada y pudiera ser hasta sancionada. Cuando no existía la ley, las autoridades miraban para otro lado; pero ahora, un estatus diferente al establecido no tendría legitimidad alguna.

El reconocimento de los Colectivos de Creación Audiovisual representa también un nuevo paso que responde a una demanda de los artistas. Estos grupos están conformados por especialistas de varias ramas (sonidistas, fotógrafos, editores) que desean mantenerse como independientes, ofreciendo sus servicios y profesionalidad. Disponen de equipamiento avanzado y autonomía. Cada uno de sus integrantes debe registrarse previamente de forma individual. Eso está bien, con el detalle de que su aprobación final como colectivo, deberá pasar por el Ministro de Cultura. Algo me dice que, si algunos de esos grupos no resulta del agrado del alto funcionario, deberá esperar… ¿a que cambie el ministro?

Esta cuestión representa el centro neurálgico que atraviesa   todo el decreto. Hay demasiadas comisiones, intermediarios, oficinas y permisos por los que transitar para ser nombrado Creador Independiente. Parece un contrasentido, porque de independiente se tiene muy poco cuando hay que atravesar tantas dependencias, siendo la oficina del Ministro de Cultura la que posee la última palabra.

¿Qué películas veremos dónde?

Otro aspecto del que apenas se habla en el decreto es el de la exhibición de los filmes. No existe garantía alguna de que las obras rodadas en Cuba, ni siquiera por los que formen parte del registro, paguen sus impuestos, tengan sus licencias y cumplan con lo establecido, puedan ser estrenadas y vistas de manera regular en todo el territorio nacional.

Nunca ha sido transparente este asunto. Y el decreto no ofrece nuevas perspectiva. ¿Es el ICAIC, el Ministerio de Cultura o el Departamento Ideológico del Partido el que decide lo que se exhibe o no en nuestras salas? La cuestión “política” o la definición de lo que es un cine revolucionario y lo que no, sigue pesando sobre la creación artística en el país. ¿Quién determina o bajo qué preceptos se identifica una película, un tema musical, una obra plástica… “revolucionaria”?

Los cineastas tratarán cada vez más temas complejos, incómodos para el criterio de muchos decisores y autoridades. Serán llevados a la pantalla asuntos e historias de las que nuestros medios prefieren prescindir, a menos que ofrezcan una lectura políticamente correcta y unívoca. Ya sabemos, porque lo hemos comprobado cada día, cómo las voces del otro suelen ser estigmatizadas, son acusadas de responder a “las agendas del enemigo” o de ofrecer una visión “poco educativa” de nuestra realidad. Como si la función del arte fuera didáctica, o representar un mundo feliz.

Pienso ahora mismo en los cientos de cortos, películas y filmes documentales que permanecen sin estrenarse comercialmente en nuestras salas. Una cinematografía deprimida como la nuestra, que ha perdido a su público, que apenas cuenta con espacios de exhibición, no puede darse el lujo de mantener tantas obras de calidad, incluso premiadas en eventos nacionales, en la sombra, condenadas por la censura.

Obras como Santa y Andrés de Carlos Lechuga (apoyada por los cineastas y prohibida por un ministro), La obra del siglo de Carlos Quintela, El tren de la ruta Norte de Marcelo Martín, los filmes de Miguel Coyula, los últimos documentales de Enrique Colina, toda la obra de cortos y mediometrajes de la serie Nicanor dirigida por Eduardo del Llano, las películas de Jorge Molina y muchísimas otras obras generadas en el ámbito de los jóvenes creadores, ¿encontrarán espacio y amparo bajo estas nuevas regulaciones?

Debe aclararse, además, que lo firmado no es una Ley de Cine, ni anula la ley que creó el ICAIC en marzo de 1959. Son disposiciones que pretenden regular varias figuras y prácticas, existentes en Cuba desde hace décadas.

Habrá que esperar a ver qué sucede en los meses venideros, cuando lo que aparece escrito en papel se confronte con las acciones reales. ¿Qué pasará con los artistas visuales que se mueven en plataformas virtuales o redes sociales? ¿Y los periodistas que trabajan con imágenes para medios alternativos o páginas web y no pertenecen al ICAIC ni al ICRT? ¿Si un campesino de Pinar del Río quiere financiar una película sobre su labor, digamos en la producción de tabaco, puede hacerlo? En Cuba no hay muchas experiencias de acciones filantrópicas o donaciones desde entornos privados, ¿cómo operaría la ley ante estos nuevos retos?

El decreto le da algunas fortalezas y responsabilidades a los creadores independientes, pero no olvidemos que el control sobre nuestros medios, las salas de cine y video, los teatros, la prensa y televisión siguen estando en manos de funcionarios e ideólogos del Partido. Una parte substancial de toda obra fílmica es su relación con el consumo, es decir con el público. Sin éste, el fenómeno queda mutilado. Por eso, la única certeza es que, con ley o sin ella, el arte y la creación segurirán abriendose caminos, porque forman parte de la naturaleza humana.