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Por María López Belloso, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
A 31 de julio de 2026, Ceuta afronta un episodio fronterizo de una magnitud sin precedentes. Las primeras estimaciones de las fuerzas de seguridad sitúan por encima de 40 mil el número de personas que habrían entrado en la ciudad durante unas 24 horas. Algunas fuentes elevaron provisionalmente la cifra a 49 mil, aunque todavía no existe un recuento oficial consolidado y esa estimación fue retirada de la página del Departamento de Seguridad Nacional sin explicación pública.
Hasta el momento de escribir estas líneas, al menos 41 personas han muerto ahogadas tratando de rodear a nado el espigón fronterizo.
La cifra de entradas resulta especialmente difícil de absorber en una ciudad de aproximadamente 83 600 habitantes. La capacidad de acogida de Ceuta se encontraba ya desbordada antes del último incremento de llegadas.
Tras la entrada de unas 1 500 personas en la última semana, los recursos destinados a menores no acompañados funcionaban, según el presidente de la Ciudad, al 2400 % de su capacidad, una situación que calificó como una “emergencia humanitaria y social absoluta”.
Ceuta no afronta solo una crisis migratoria, sino una crisis multifactorial en la que confluyen desigualdades estructurales, presión diplomática, dependencia europea de Marruecos, limitada capacidad de acogida y polarización política.
Su análisis exige combinar una perspectiva internacional –centrada en la externalización fronteriza y las alianzas geopolíticas– con otra interna, atenta al impacto sobre el Estado de derecho, los servicios públicos, la convivencia y el discurso político y mediático.
Factores externos: la dimensión internacional de la crisis
La utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión política no constituye una mera hipótesis. La politóloga estadounidense Kelly M. Greenhill denomina “coercive engineered migration” —migración forzada y orquestada— al uso deliberado o la amenaza de flujos migratorios para obtener concesiones de otros Estados.
En Ceuta, esta dinámica debe situarse dentro de una sucesión de crisis fronterizas registrada desde 2005, y no como un episodio aislado. En mayo de 2021, más de 5 mil personas entraron en la ciudad tras la relajación de los controles marroquíes, en plena crisis diplomática provocada por la acogida hospitalaria en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
Esta capacidad de presión se ve reforzada por la externalización de la política migratoria europea, que ha desplazado parte del control fronterizo hacia terceros países como Marruecos. A su vez, la representación de estas llegadas como una amenaza para la seguridad alimenta el proceso de securitización, que tiende a privilegiar la protección del Estado frente a la seguridad y los derechos de las propias personas migrantes (2017).
El propio Parlamento Europeo condenó expresamente en junio de 2021 el uso por Marruecos del control fronterizo, de la migración y, particularmente, de menores no acompañados como mecanismo de presión política contra España. El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) calificó el episodio como un caso paradigmático de weaponisation of migration —instrumentalización de la migración—: la conversión de personas en instrumentos de coerción interestatal.
Aunque en 2021 se explicó la presión marroquí por la acogida al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño, no puede pasarse por alto que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia el mismo año supuso el cierre del Gaseoducto Magreb-Europa, lo que supuso una pérdida de ingresos y de influencia para el país alahuí.
En 2026, el contexto inmediato es distinto, aunque presenta elementos que también pueden resultar incómodos para Rabat. El 20 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una visita oficial a Argelia y anunció la celebración de una reunión bilateral de alto nivel en otoño. El Gobierno español volvió a calificar a Argelia, principal rival regional de Marruecos, como “socio estratégico” y “nación amiga”.
El 23 de julio, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen de la proposición que facilitaría la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, todavía pendiente de aprobación parlamentaria. Su coincidencia con el acercamiento español a Argelia y con la crisis fronteriza ha alimentado la hipótesis de que Rabat estuviera advirtiendo del coste de adoptar decisiones contrarias a sus intereses sobre el Sáhara Occidental.
La fragilidad del “socio fiable”
La externalización del control migratorio ha convertido a Marruecos en un socio indispensable, pero también en una fuente de dependencia: en 2023, la Comisión Europea destinó 152 millones de euros a reforzar su gestión fronteriza. Esta delegación otorga a Rabat capacidad para condicionar la cooperación migratoria.
La dependencia resulta especialmente problemática porque la eficacia para contener las salidas no equivale a fiabilidad democrática: Freedom House —una organización no gubernamental estadounidense cuyo objetivo principal es la expansión y defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo— clasifica Marruecos como “parcialmente libre”, con 37 puntos sobre 100, y destaca el predominio político y económico de la monarquía.
Human Rights Watch —organización no gubernamental internacional independiente dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos en más de 90 países— documenta en su informe de 2026 una intensificación de la represión contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, así como la persecución de quienes defienden la independencia del Sáhara Occidental. Se emplean delitos de difamación, difusión de noticias falsas, ofensa a las instituciones o menoscabo de la monarquía para restringir el espacio de crítica política.
Este contexto obliga a formular una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede Europa presentar como garante fiable de su frontera a un régimen que restringe persistentemente la libertad de prensa, reprime la disidencia y utiliza su cooperación internacional para reforzar su posición sobre el Sáhara Occidental?
El alineamiento Marruecos–Israel–Estados Unidos
El eje Marruecos–Israel–Estados Unidos se consolidó en 2020 con la normalización de las relaciones entre Rabat y Tel Aviv y el reconocimiento estadounidense de la soberanía reclamada por Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y se reforzó en 2021 mediante un memorando de cooperación militar. Este alineamiento contrasta con el deterioro de las relaciones españolas con Israel y las crecientes fricciones con Washington.
La crisis de Ceuta ha evidenciado esa tensión: el embajador israelí ante la ONU cuestionó la soberanía española sobre la ciudad y la Casa Blanca responsabilizó a las políticas “globalistas” y de “extrema izquierda” del Gobierno.
Estas declaraciones muestran una instrumentalización diplomática de la crisis y una convergencia retórica contra España, pero no prueban una actuación coordinada para facilitar la apertura de la frontera.
Factores internos: derecho, capacidad institucional y construcción del miedo
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio no es que prohíba las “devoluciones en caliente” de los migrantes que pretenden entrar a nado en Ceuta y Melilla, sino que excluye el procedimiento excepcional de “rechazo en frontera” para quienes son interceptados en el mar, al no estar superando un elemento físico de contención como la valla. Sin embargo, su interpretación simplificada circuló ampliamente en Marruecos, y pudo incentivar los cruces al generar la expectativa de que quienes llegaran a nado no serían retornados.
Para el presidente del Gobierno, las mafias migratorias han instrumentalizado esta sentencia. Por tanto, la resolución judicial pudo actuar así como factor facilitador, pero no explica por sí sola la magnitud de la crisis ni la simultánea reducción del control fronterizo marroquí.
La fabricación discursiva de una “invasión”
Las crisis fronterizas crean un contexto favorable para la radicalización del discurso público. Este estudio identificó un endurecimiento de la retórica política y la normalización del discurso racista; durante la crisis de 2021, Vox dedicó más del 70 % de sus publicaciones a Ceuta y la migración.
A través de este otro estudio se comprobó que el 80 % de los mensajes de odio analizados se centraba en la confrontación política, no en las causas o soluciones migratorias.
En la crisis actual, expresiones como “invasión”, “hombres en edad militar” o “sicarios” reproducen esta construcción de las personas migrantes como amenaza colectiva. Los medios no generan necesariamente estos discursos, pero pueden normalizarlos cuando reproducen marcos alarmistas sin contextualización ni contraste.
Los derechos humanos como límite y como respuesta
En una crisis de esta naturaleza, los derechos humanos no son un obstáculo para la gestión fronteriza, sino su límite jurídico y ético. La recuperación de más de 40 cadáveres en aguas de Ceuta evidencia el coste humano de una política que convierte la frontera en un espacio de riesgo extremo.
España debe proteger la vida, garantizar el rescate y evaluar individualmente cada caso, con especial atención a menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
Pero quienes pierden siempre son las propias personas migrantes: Marruecos puede utilizarlas como instrumento de presión, los partidos como argumento electoral y determinados discursos como una amenaza anónima.
Mientras los Estados disputan influencia y responsabilidades, estas personas arriesgan la vida y quedan expuestas a la desprotección, las devoluciones arbitrarias y la deshumanización pública. La respuesta no debe enfrentar los derechos de la población ceutí con los de quienes llegan, sino impedir que ambos colectivos —y especialmente quienes ocupan la posición más vulnerable— sigan pagando el precio de estrategias políticas que no controlan.
María López Belloso es Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
