¿Cómo crecerá la economía cubana durante las próximas décadas?

¿Es posible establecer una relación entre los cambios demográficos y el desempeño económico? En años recientes ha crecido el interés por las relaciones entre uno y otro, por la fuerza con que los primeros irrumpen en el proceso de desarrollo. Los cambios en las estructuras etarias de la población tienden a alterar el equilibrio entre grupos de la población en edades económicamente activas e inactivas. Y ello incide poderosamente sobre la disponibilidad y trayectoria de la fuerza de trabajo.

Cambios demográficos y desempeño económico

Usando un modelo simple, se puede descomponer el crecimiento del PIB per cápita en cuatro factores:

• Tasa de crecimiento del producto por trabajador (productividad del trabajo), que refleja los efectos de las inversiones en capital humano y físico.

• El aumento de la tasa de actividad económica en las edades laborales; si se asume que la tasa de actividad económica es históricamente más alta y relativamente estable para los hombres, el denominado “bono de género” se corresponde con el incremento de la participación femenina.

• La tasa de crecimiento de la población en edad laboral.

• La tasa de incremento de la población total.

El bono (dividendo) u oportunidad demográficos se refiere al período en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas crece de manera sostenida en relación con la de personas en edades potencialmente inactivas (dependientes). Las relaciones de dependencia descienden hasta alcanzar mínimos históricos mientras aún no ha aumentado sustancialmente la proporción de personas mayores. En este período se produce una situación particularmente favorable para el desarrollo, ya que aumentan las posibilidades de ahorro e inversión en el crecimiento económico, siempre que se tomen las medidas adecuadas en materia de salud, planificación familiar, empleo, políticas financieras y capital humano. En este modelo, el bono se calcularía como la diferencia entre las tasas de variación de la población en edad laboral y la población total.

El bono demográfico en Cuba

En Cuba, la manifestación fundamental del bono demográfico se observó entre 1973 y 1995 aproximadamente. Luego hubo una breve reaparición entre fines de los 90 y 2012 (Albizu-Campos, 2019). No obstante, su aprovechamiento fue deficiente. De acuerdo con estimados de la CEPAL (Martínez, Miller, & Saad, 2013), Cuba exhibió un comportamiento peculiar entre 1980 y 2010. Más allá de conseguir tasas de crecimiento económico muy bajas, la contribución de los factores poblacionales, aunque positiva, estuvo dominada por el bono demográfico, mientras que el denominado bono de género [1] tuvo una participación muy reducida. El resultado es llamativo teniendo en cuenta que Cuba se reconoce a sí misma como puntera en políticas orientadas a mejorar la participación femenina en todas las esferas de la vida económica y social.

Esta etapa estuvo marcada por dos períodos completamente diferentes. Hasta 1990, el arribo masivo de personas a la edad laboral encontró niveles de inversión relativamente altos, entre 25-30% del Producto Interno Bruto (PIB), pero con un rendimiento muy bajo. La ineficiencia del proceso inversionista y de los procesos productivos en sentido general, dio cuenta del desaprovechamiento de una parte notable de esos recursos. Ese contraste se puede apreciar en una dinámica muy pobre de la productividad del trabajo.

En líneas generales, no se generaron condiciones para sostener ese proceso a más largo plazo. Las consecuencias de la enorme dependencia externa y los acontecimientos en la Unión Soviética y Europa del Este inauguraron una nueva etapa en la que el bono demográfico se desperdició casi completamente.

El colapso del capital físico

A partir de 1990, la dotación de capital físico por trabajador [2] colapsó como consecuencia de la combinación de bajos volúmenes de inversión junto a la obsolescencia moral de una parte de la planta industrial existente, y el descenso en el aprovechamiento de la capacidad instalada. Los datos sobre el stock de capital físico en Cuba son aproximaciones basadas en supuestos gruesos que deben ser tomados con gran cautela. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en un incremento sostenido del stock de capital hasta principios de los 90, seguido de una reducción notable que tiende hacia una estabilización y ligero aumento a partir del nuevo siglo.as, líneas telefónicas o puertos disponibles como promedio por cada empleado en la economía.

En Palacios (2021) se estima que la dotación de capital físico apenas se habría incrementado un 5,7% entre 1989 y 2014. Esto redunda en una tasa de aumento promedio anual de apenas el 0,2%. Si a ello se agrega que el número de ocupados aumentó a una tasa similar en el período, entonces en el mejor de los casos la dotación de capital por trabajador se mantuvo constante. En estas condiciones, el capital físico apenas contribuye a impulsar el crecimiento de la economía. En estudios que establecen una comparación con América Latina, la menor dotación de capital físico por trabajador explica alrededor de un 55% de las diferencias en PIB per cápita entre Cuba y los países considerados en la muestra (Vidal, 2020).

Reformas parciales limitantes 

A los deprimidos niveles de inversión, se adicionó la propia concepción detrás de las reformas económicas parciales en los 90, que limitó la creación de empleos en sectores “emergentes” como el turismo o la inversión extranjera. Estos hubiesen permitido incrementar las tasas de participación y generar un proceso endógeno de acumulación. En la “industria sin chimeneas” se apostó por un modelo basado en las cadenas hoteleras estatales con uso predominante del “todo incluido” como modelo de negocio, y vinculadas con los turoperadores internacionales a través de los “paquetes turísticos” como producto de comercialización por excelencia. Lo anterior limitó los derrames hacia la población y el tejido productivo local, lo que ha sido comprobado en la última década, cuando el turismo internacional se diversificó más allá del producto “sol y playa” hacia ciudades y villas, e incorporó a su cadena de valor al pujante sector privado.

Por otra parte, el sistema impositivo implementado para los cuentapropistas fue especialmente exigente para el segmento que ofrecía servicios en moneda extranjera (Ritter, 2000). Si bien durante la primera década de expansión turística se logró cierta articulación con empresas domésticas, a partir de los 2000 estos encadenamientos se debilitaron (Figueras & Pajón, 2021).

Las concepciones sobre el papel del sector privado en la economía impidieron su expansión duradera, cercenando la posibilidad de crear cientos de miles de empleos. De un lado, el cuentapropismo enfrentó enormes restricciones para crecer, tales como un marco regulatorio sesgado en su contra e impredecible, nulo acceso al sistema bancario, y un sistema impositivo regresivo e injusto. Los tributos exigidos al cuentapropismo en aquella etapa implicaron que los negocios más pequeños estaban sometidos a tasas efectivas más altas (Ritter, 2000), lo cual resultaba un contrasentido en un contexto donde se requería la generación de nuevos puestos de trabajo en medio de la crisis económica. Si acaso más contradictoria resultaba la apertura restringida a actividades muy simples, de escaso valor agregado en su mayoría, aunque algunas resultasen muy lucrativas en virtud del particular contexto cubano de esa época. Condicionantes de ese tipo impidieron mejorar los retornos de la otra inversión sustancial de la Isla: el capital humano.

Consolidar un nuevo modelo

Si el pasado supuso obstáculos en gran medida insalvables para el crecimiento económico en Cuba en el marco del modelo vigente, el futuro se avizora todavía más desafiante. La década que transcurrió entre 2010-2019 pudo sentar las bases de la transición a otro modelo productivo que ofreciera mejores oportunidades para la fuerza de trabajo. Era esencial consolidar un nuevo modelo justamente cuando el bono demográfico se extinguía. El período que va desde la inauguración de la presidencia de Barack Obama hasta su visita a la Isla, en marzo de 2016, se puede considerar el más favorable que ha disfrutado Cuba en términos de las condiciones externas para su desarrollo, por lo menos desde 1985. Sin embargo, las políticas domésticas no se modificaron suficientemente como para aprovechar esa oportunidad única.

Cuando se anuncia el proceso de “actualización” las tendencias del mercado laboral eran ya preocupantes. Se advertían los primeros efectos del bajo crecimiento poblacional y la emigración sostenida. La población en edad laboral apenas crecía y los ocupados en el sector formal se habían estancado. Se comenzaba a observar una brecha creciente entre ambos.

En aquel momento, uno de los anuncios que recibió mayor atención fue la propuesta del gobierno para reducir el empleo en el sector público en unos 1,5 millones de puestos de trabajo. La noticia fue llamativa por varias razones. El tamaño de lo estatal es uno de los sellos distintivos del proceso cubano posterior a 1959. No ha sido menos la obsesión con el dominio del sector público y de las empresas estatales en la estructura del empleo. A esto se añadió la implementación de un marco más flexible para los cuentapropistas en septiembre de 2010 (antes del propio Congreso del Partido Comunista en abril de 2011), lo que fue interpretado como una muestra de la decisión de colocar al país en el terreno de los cambios profundos.

Las reformas necesarias nunca se materializaron 

Se alcanzaron indudables avances en ciertas áreas, aunque siempre bajo la amenaza del retroceso. Entre 2009 y 2020, casi 1,2 millones de empleos fueron eliminados en el sector estatal, que incluye empresas estatales, servicios sociales y administración pública. En ese período, la población en edad laboral aumentó en 255 000 personas, que representan unos 177 000 empleos nuevos que se debían crear para mantener constante la tasa de desempleo con las tasas de actividad económica del período. El sector cooperativo y privado creó unos 726 000 puestos de trabajo netos en ese período, insuficientes para absorber la contracción del sector estatal y los nuevos arribos al mercado laboral.

Como consecuencia, se han expandido tanto el trabajo informal como la emigración. Todo indica que la intención era descargar al Estado de responsabilidades consideradas “excesivas” sin ampliar el espacio correspondiente para los ciudadanos y el sector privado. En un trabajo publicado en el mismo momento en que echaba a andar la reforma económica de Raúl Castro, el Banco Interamericano de Desarrollo advertía que uno de los lastres para la mejora de la productividad en América Latina proviene de la existencia de un enorme número de pequeñas empresas (muchas de ellas informales) ubicadas en actividades simples que no crecen (Pagés, 2010). El pequeño tamaño y el estancamiento se relacionaban con la imposibilidad de acumular, innovar y acceder a mercados externos.

La reforma necesaria nunca se materializó. Más de una década después, la situación ha empeorado. La población en edad laboral aumentó continuamente hasta 2015, hasta un máximo de 7,2 millones de habitantes, pero a partir de ese año se ha reducido más de un 2%, mientras que la edad media de los ocupados ha continuado aumentando.

Como consecuencia, la relación de dependencia demográfica [3] ha pasado de 524 en 2006 a 596 en 2021. Y se proyecta que alcance un valor de 807 en 2030. El propio gobierno ha reconocido que más de un millón de ciudadanos no tenía empleo formal, a pesar de tener capacidades para trabajar en uno. La pandemia de la COVID-19 solo ha acentuado una tendencia ya existente.

La emigración y el aumento de la edad media

La emigración no es nueva en el contexto cubano, pero los datos recientes son alarmantes. De acuerdo con las cifras oficiales cubanas, entre 1990 y 2020 la migración representó la salida de más de 910 000 personas. De acuerdo con datos de agencias de Estados Unidos. El número total de los que han salido de la Isla es mayor teniendo en cuenta todos los posibles destinos y los migrantes en tránsito. Esa cifra es muy superior al crecimiento natural de la población y se añade al decrecimiento demográfico de la franja de población en edad laboral. Se estima que casi el 80% de estos se ubican en la franja entre 15 y 59 años (Albizu-Campos & Díaz-Briquets, 2023).

Todas las proyecciones indican un crecimiento negativo, tanto para la población en su conjunto como para el segmento en edad laboral. Esto redundará en un deterioro progresivo de la relación de dependencia. Las variables demográficas solo se modifican en el muy largo plazo, y sus tendencias se mantienen durante décadas. De hecho, un incremento repentino de la natalidad solo incrementaría la presión durante dos décadas como mínimo, dado el aumento resultante en la relación de dependencia. La buena noticia es que tanto la tasa de actividad económica como la productividad del trabajo pueden modificarse en el medio plazo si se implementan políticas efectivas.

¿Aumentar la tasa de actividad económica como remedio?

Una menor cantidad de personas en edad laboral, junto al aumento de su edad mediana, suponen una menor movilidad laboral. Esto es una mala noticia porque la estructura económica debe continuar cambiando, y ello implica el trasvase de fuerza de trabajo entre sectores. Por ejemplo, la demanda insatisfecha en la manufactura ligera, los servicios personales y al hogar, y los servicios a la empresa crean un enorme potencial de generación de empleos en esas actividades. Este proceso siempre es más difícil cuando el número de trabajadores es menor. Una mayor edad promedio genera fricciones adicionales para cambiar trayectorias profesionales e incorporar nuevas habilidades. Y esa necesidad requiere un nuevo enfoque del sistema educativo para orientarlo adecuadamente hacia el aprendizaje permanente, y el entrenamiento de trabajadores adultos.

Pero la menor disponibilidad en la franja de la edad laboral se puede compensar con el incremento de la tasa de actividad económica. En la actualidad, debido al avance de la transición demográfica, las políticas se orientan crecientemente hacia el aprovechamiento del denominado bono de género.

El estudio de la CEPAL mencionado identificaba a esta como una fuente muy relevante para Cuba, dado el escenario adverso en el plano demográfico. No obstante, incluso en el caso de los hombres, las tasas de participación en la ocupación formal se han contraído durante la última década. Los escasos incentivos monetarios y de desarrollo profesional que dominan el mercado laboral cubano constituyen un problema transversal que requiere ser atendido para revertir la tendencia actual. La materialización del bono de género supone la necesidad de considerar el aporte económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y la urgencia de avanzar más rápidamente en la igualdad de género en el mercado laboral.

Con demasiada frecuencia las mujeres se concentran en categorías ocupacionales “femeninas” de acuerdo con la división sexual del trabajo. Asimismo, se mantiene la segregación vertical a partir de una mayor aglutinación de las mujeres en puestos de baja jerarquía, a pesar de contar con niveles de calificación similares a sus pares varones.  Si la brecha en las tasas de actividad económica entre ambos géneros se redujera a la mitad considerando los niveles de 2020, esto representaría alrededor de 300 000 trabajadores adicionales en el mercado laboral.

Se necesita una verdadera reforma

Por último, el aumento de la productividad del trabajo se presenta como la respuesta más duradera y sostenible al desafío del desarrollo en las nuevas condiciones, pero requiere un cóctel más complejo de medidas interrelacionadas con retroalimentación a lo largo del tiempo. Se pueden destacar dos dimensiones claves que han fallado en el pasado. Por un lado, es imprescindible aumentar la inversión en capital físico y humano. La disponibilidad de recursos no garantiza ganancias en este aspecto, como se demostró durante la bonanza de los 80. La planificación centralizada es especialmente defectuosa a la hora de generar eficiencia en la inversión productiva. La acumulación de capital requiere un marco regulatorio que la haga posible y la promueva sin ambigüedades.

El enfoque que ha predominado se basa en la ampliación del acceso al ahorro externo a través del crédito y la inversión extranjera. Si bien se puede mejorar el ambiente de negocios para continuar avanzado en ambos planos, lo cierto es que la efectividad en el uso de esos recursos sigue dependiendo del modelo económico.

Sin una verdadera reforma, la nación solo se endeudará peligrosamente. Además, se ha demostrado que la inversión extranjera, que no es gratuita, solo favorece el desarrollo en un marco de políticas públicas de clara vocación productiva y funciona como complemento del capital nacional. El problema ideológico para el modelo cubano es que equipara nacional a estatal. Por ese camino no hay solución a esta urgencia.

En un entorno adecuado, el sector privado tiene la capacidad de atender simultáneamente la necesidad de crear puestos de trabajo y de movilizar nuevas fuentes de capital que no están disponibles para el sector público. Todavía más importante: los emprendimientos exitosos generan los recursos para financiar su desarrollo futuro. La capacidad de creación de empleo se puso de manifiesto desde 2010, en condiciones retadoras. Debido a la naturaleza de estas actividades, la inversión necesaria por puesto de trabajo es varios órdenes menores a la norma en las grandes empresas estatales e incluso en los negocios con capital extranjero.

La productividad del trabajo también dependerá de una mejor correspondencia entre la formación de la fuerza de trabajo y los empleos disponibles. Cualquier política dirigida a aumentar la dotación de capital humano debe considerar esta condición. Por ello, es imprescindible garantizar este emparejamiento, ampliando el acceso del sector privado a las actividades más complejas. Se trata de más y mejores empleos. El aumento de la productividad proveerá recursos y liberará trabajadores para garantizar los cuidados que requiere una franja creciente de la población sin comprometer el crecimiento económico a largo plazo.

Conclusión

Este escenario no tiene que condenar a la Isla a una senda perpetua de bajo crecimiento y empobrecimiento generalizado. Sin embargo, mitigar los efectos negativos y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo sí supone una ruptura, en algunos casos radical, con el paradigma actual. Si la Isla puede adentrarse en esta senda es una pregunta que solo tiene respuesta en el plano político.

Notas

Referencias

Albizu-Campos, J. C. (2019). Hacia una política de población orientada al desarrollo humano. En R. Torres, & D. Echevarría, Miradas a la Economía Cubana. Un plan de desarrollo hasta 2030 (págs. 123-136). La Habana: Ruth Casa Editorial.

Albizu-Campos, J. C., & Díaz-Briquets, S. (23 de Febrero de 2023). Cuba y la emigración. La salida como voz. Obtenido de Cuba Capacity Building Project.

Bértola, L., & Ocampo, J. A. (2012). The Economic Development of Latin America since Independence. Oxford: Oxford University Press. 

Figueras, M. A., & Pajón, D. (2021). Pensar el turismo en Cuba en una etapa poscovid. En R. Torres, & D. Echevarría, Miradas a la Economía Cubana. Elementos claves para la sostenibilidad. (págs. 115-130). La Habana: Ruth Casa Editorial.

Martínez, C., Miller, T., & Saad , P. (2013). Participación laboral femenina y bono de género en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL.

Pagés, C. (2010). The Age of Productivity. Transforming the economies from the bottom up. New York: Palgrave Macmillan.

Palacios, J. C. (2021). Internal and external constraints of the Cuban Productive Sector. Growth and Change, 52, 492-517.

Ritter, A. (2000). El régimen impositivo para la microempresa en Cuba. Revista de la Cepal, 145-162.

Vidal, P. (2020). Where the Cuban economy stands in Latin America. Cuban Studies, 49, 97-118.

*Este artículo se reproduce con la autorización de Horizonte Cubano, publicación del Cuba Capacity Building Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.