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¿El Salvador de Haití?

La intervención salvadoreña en Haití pone a prueba la capacidad de Bukele para exportar su modelo de seguridad a un país asediado por las pandillas.

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noviembre 18, 2026
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Integrantes de las fuerzas armadas de El Salvador recorren este jueves una calle de Puerto Príncipe, Haití. Después de tomar el área, la Policía Nacional de Haití (PNH) entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador. Foto:EFE/ Jonet St. Élois.

Integrantes de las fuerzas armadas de El Salvador recorren este jueves una calle de Puerto Príncipe, Haití. Después de tomar el área, la Policía Nacional de Haití (PNH) entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador. Foto:EFE/ Jonet St. Élois.

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Por Pedro José Tocuyo

La llamaban la Perla de las Antillas. En el siglo XVIII, Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría en Haití, fue uno de los grandes productores de azúcar y café del mundo. Su riqueza descansaba en el trabajo de personas esclavizadas. De su rebelión surgió, en 1804, la primera república negra del mundo y la primera nación independiente de América Latina y el Caribe.

La independencia no aseguró estabilidad ni bienestar. Conflictos internos y por el control de La Española —la isla que hoy comparte con República Dominicana—, intervenciones extranjeras y dictaduras marcaron su historia. Hoy, sus aproximadamente doce millones de habitantes enfrentan la violencia de las pandillas y la debilidad estatal. En ese escenario, El Salvador ha ampliado una intervención cuyos objetivos y límites requieren explicación.

La zona fronteriza entre Haití y República Dominicana conocida como “Tierra de Nadie” es un tramo de carretera que antecede la línea fronteriza donde militares, armados con fusiles, vigilan los movimientos de la multitud que a diario llega a comprar en el mercado binacional. Foto: EFE/ Orlando Barría.

El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. Apoyaban las evacuaciones médicas de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente Nayib Bukele envió refuerzos para recuperarlos. El contingente superó los dos mil efectivos y comenzó a participar en ofensivas contra las pandillas. El 12 de noviembre, tras una operación conjunta con fuerzas haitianas, Bukele anunció que el estadio Sylvio Cator serviría como base operativa.

El rescate ofrece una razón inmediata para actuar, pero no explica toda la relación. En 2023, ambos gobiernos habían anunciado cooperación bilateral. En marzo de 2024, Bukele ofreció intervenir con tres condiciones: consentimiento haitiano, una resolución del Consejo de Seguridad y cobertura de los gastos. La emboscada aceleró una cooperación anterior a la emergencia.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aim, durante una visita a la localidad de Kenscoff, al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Fils-Aimé agradeció el apoyo de las tropas salvadoreñas y de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en la lucha contra las bandas armadas. Foto: EFE/ Oficina del Primer Ministro de Haití.

Esa continuidad obliga a examinar qué obtiene El Salvador de su participación. Para un presidente cuyo reconocimiento internacional descansa en el combate contra las pandillas, conseguir resultados en Haití podría facilitar nuevos acuerdos de seguridad y ampliar su influencia diplomática al presentar la experiencia salvadoreña como exportable. La solidaridad con la población y la protección de sus compatriotas pueden coexistir con ese beneficio político.

Conseguir esos resultados exige enfrentar condiciones distintas. El armamento y el control territorial de las pandillas haitianas dificultan trasladar automáticamente la experiencia salvadoreña. Sus vínculos con actores políticos y económicos añaden otra dificultad: una ofensiva puede debilitar a los grupos armados sin desmantelar las redes que los financian y protegen.

Tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS, en inglés) llevaron a cabo una operación contra bandas armadas en Puerto Príncipe en la que murió un pandillero y “cómplices” suyos huyeron con el cadáver, según informó la misión internacional creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Foto: EFE / Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS).

El Salvador tampoco es el primer país latinoamericano que asume responsabilidades militares en Haití. Brasil dirigió el componente militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) entre 2004 y 2017, acompañado por otros contingentes regionales. La particularidad actual reside en la ampliación del despliegue salvadoreño: a comienzos de noviembre, según la ONU, la mayoría de los refuerzos operaba fuera del marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, al frente de un gobierno de transición sin mandato electoral, agradeció el 3 de noviembre el apoyo salvadoreño y afirmó que a Haití le corresponde dirigir a las fuerzas extranjeras. Sin embargo, los términos del acuerdo que regula el contingente ampliado no se habían hecho públicos, lo que impedía precisar sus atribuciones, mando operativo y duración.

El presidente dominicano Luis Abinader, en una rueda de prensa donde afirmó que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) y el Ejército de El Salvador deben coordinar sus acciones en Haití, donde participan en operaciones contra las bandas armadas, y reiteró el respaldo a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Foto: EFE/ Presidencia de República Dominicana.

La coexistencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la fuerza internacional y el contingente salvadoreño, con mandos y atribuciones distintos, puede dificultar la coordinación y la determinación de responsabilidades ante daños a civiles. Esa complejidad aumenta con la estructura de seguridad apoyada por contratistas privados que también opera en el país.

República Dominicana ha elegido otra modalidad de participación. Compartir frontera aumenta su interés en la estabilidad haitiana y los riesgos de intervenir directamente. Su Gobierno ha confirmado apoyo logístico y de inteligencia a El Salvador, pero evita el combate. Las autoridades dominicanas invocan los antecedentes históricos bilaterales para justificar esa decisión.

Integrantes del Ejército de República Dominicana custodian un destacamento fronterizo este jueves, en la localidad de Jimaní, de unos 13 mil habitantes. Es el paso fronterizo más cercano a Puerto Príncipe, la capital de Haití, con la que se conecta por la Ruta Nacional No. 8, de circulación restringida actualmente por la violencia de las bandas y por donde solo pueden transitar vehículos y ciudadanos haitianos. Foto: EFE/Orlando Barría.

Estados Unidos también participa. Proporcionó transporte aéreo para trasladar tropas salvadoreñas y respalda la fuerza internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en fortalecer ese mecanismo. Washington aporta respaldo sin asumir una campaña terrestre, mientras El Salvador compromete tropas de combate. Los límites de esa colaboración y las responsabilidades de cada parte requieren mayor claridad.

El financiamiento merece atención. Bukele sostiene que El Salvador cubre el 90 % de los gastos de la operación, pero no ha divulgado su costo total. Su oferta condicionada a tener los gastos cubiertos dio paso, según la versión oficial, a un despliegue sostenido principalmente con recursos nacionales. Sin un desglose, resulta difícil evaluar cuánto tiempo podría sostenerse.

Un integrante de las fuerzas armadas de El Salvador custodia el principal estadio de Haití, el Sylvio Cator en Puerto Príncipe. Después de tomar el área, la Policía Nacional de Haití (PNH) entregó el control a las fuerzas armadas de El Salvador, que disponen de más de 2 mil soldados en el país, las que estarán “a cargo de garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado”, indicó la Policía en un breve comunicado. Foto: EFE/ Jonet St. Élois.

También hay reservas dentro de El Salvador. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, expresó preocupación por la duración de la intervención y sus posibles bajas. Aunque matizó que su impacto fiscal podría ser relativamente pequeño frente a otras obligaciones nacionales, señaló que esos recursos podrían atender necesidades sociales.

La población haitiana duplica aproximadamente la censada en El Salvador. Dos mil soldados pueden apoyar operaciones y asegurar posiciones. Garantizar estabilidad nacional exige un esfuerzo mayor, compartido con fuerzas haitianas y otros contingentes. Recuperar territorio requiere después policías, tribunales, cárceles y autoridades capaces de administrar las zonas y atender a sus habitantes.

Haitianos detenidos por agentes migratorios dominicanos son deportados en el paso fronterizo de Jimaní (República Dominicana). El sueño de buscar una mejor vida fuera de Haití y escapar de su crisis termina para muchas personas en los pasos fronterizos con República Dominicana, a donde todos los días llegan camiones de la Dirección General de Migración (DGM) para deportar a decenas de haitianos detenidos por estar ilegalmente en el país. Foto: EFE/Orlando Barría.

El componente penitenciario, pilar del modelo salvadoreño, plantea quién detendrá, juzgará y custodiará a los sospechosos. Las operaciones necesitan procedimientos definidos y capacidad para procesar y recluir a los detenidos. El acuerdo remunerado de custodia con Estados Unidos constituye un antecedente, pero no hay constancia pública de un arreglo semejante con Haití.

Desde la sociedad civil surgen expectativas y advertencias. Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, valoró la rapidez del despliegue, pero reclamó proteger a los residentes de barrios dominados por pandillas. Amnistía Internacional pidió garantizar que las operaciones respeten los derechos humanos. La organización de análisis de conflictos ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) advierte que, sin coordinación y una presencia institucional más sólida, los avances difícilmente impedirán el regreso de las pandillas.

Todos los días a las ocho de la mañana, una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. Foto: EFE/Orlando Barría.

La reapertura sostenida de carreteras, el acceso humanitario y la seguridad de los residentes permitirán evaluar resultados más allá de las posiciones recuperadas. La permanencia de esas mejoras dependerá de que las autoridades haitianas puedan ejercer sus funciones, responder ante la población y conducir una transición hacia instituciones con legitimidad democrática.

El rescate explica la urgencia del despliegue; la cooperación anterior muestra que el interés salvadoreño precedía a la emboscada. La intervención también ofrece a Bukele una oportunidad para convertir su experiencia de seguridad en influencia internacional. Para El Salvador, la prueba será definir los límites de ese compromiso, sostenerlo con recursos proporcionales a sus capacidades y rendir cuentas. Para Haití, que la ayuda exterior fortalezca su capacidad de gobernarse. El resultado más duradero será la seguridad que sus propias instituciones puedan garantizar cuando las tropas extranjeras se marchen.


*Escritor y consultor en comunicación política e institucional. Analiza política, sociedad y dinámicas de movilidad en América Latina, con énfasis en sus implicaciones institucionales y en la construcción de comunidad política.

 

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