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Por Pedro José Tocuyo
La llamaban la Perla de las Antillas. En el siglo XVIII, Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría en Haití, fue uno de los grandes productores de azúcar y café del mundo. Su riqueza descansaba en el trabajo de personas esclavizadas. De su rebelión surgió, en 1804, la primera república negra del mundo y la primera nación independiente de América Latina y el Caribe.
La independencia no aseguró estabilidad ni bienestar. Conflictos internos y por el control de La Española —la isla que hoy comparte con República Dominicana—, intervenciones extranjeras y dictaduras marcaron su historia. Hoy, sus aproximadamente doce millones de habitantes enfrentan la violencia de las pandillas y la debilidad estatal. En ese escenario, El Salvador ha ampliado una intervención cuyos objetivos y límites requieren explicación.

El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. Apoyaban las evacuaciones médicas de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente Nayib Bukele envió refuerzos para recuperarlos. El contingente superó los dos mil efectivos y comenzó a participar en ofensivas contra las pandillas. El 12 de noviembre, tras una operación conjunta con fuerzas haitianas, Bukele anunció que el estadio Sylvio Cator serviría como base operativa.
El rescate ofrece una razón inmediata para actuar, pero no explica toda la relación. En 2023, ambos gobiernos habían anunciado cooperación bilateral. En marzo de 2024, Bukele ofreció intervenir con tres condiciones: consentimiento haitiano, una resolución del Consejo de Seguridad y cobertura de los gastos. La emboscada aceleró una cooperación anterior a la emergencia.

Esa continuidad obliga a examinar qué obtiene El Salvador de su participación. Para un presidente cuyo reconocimiento internacional descansa en el combate contra las pandillas, conseguir resultados en Haití podría facilitar nuevos acuerdos de seguridad y ampliar su influencia diplomática al presentar la experiencia salvadoreña como exportable. La solidaridad con la población y la protección de sus compatriotas pueden coexistir con ese beneficio político.
Conseguir esos resultados exige enfrentar condiciones distintas. El armamento y el control territorial de las pandillas haitianas dificultan trasladar automáticamente la experiencia salvadoreña. Sus vínculos con actores políticos y económicos añaden otra dificultad: una ofensiva puede debilitar a los grupos armados sin desmantelar las redes que los financian y protegen.

El Salvador tampoco es el primer país latinoamericano que asume responsabilidades militares en Haití. Brasil dirigió el componente militar de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) entre 2004 y 2017, acompañado por otros contingentes regionales. La particularidad actual reside en la ampliación del despliegue salvadoreño: a comienzos de noviembre, según la ONU, la mayoría de los refuerzos operaba fuera del marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad.
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, al frente de un gobierno de transición sin mandato electoral, agradeció el 3 de noviembre el apoyo salvadoreño y afirmó que a Haití le corresponde dirigir a las fuerzas extranjeras. Sin embargo, los términos del acuerdo que regula el contingente ampliado no se habían hecho públicos, lo que impedía precisar sus atribuciones, mando operativo y duración.

La coexistencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la fuerza internacional y el contingente salvadoreño, con mandos y atribuciones distintos, puede dificultar la coordinación y la determinación de responsabilidades ante daños a civiles. Esa complejidad aumenta con la estructura de seguridad apoyada por contratistas privados que también opera en el país.
República Dominicana ha elegido otra modalidad de participación. Compartir frontera aumenta su interés en la estabilidad haitiana y los riesgos de intervenir directamente. Su Gobierno ha confirmado apoyo logístico y de inteligencia a El Salvador, pero evita el combate. Las autoridades dominicanas invocan los antecedentes históricos bilaterales para justificar esa decisión.

Estados Unidos también participa. Proporcionó transporte aéreo para trasladar tropas salvadoreñas y respalda la fuerza internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en fortalecer ese mecanismo. Washington aporta respaldo sin asumir una campaña terrestre, mientras El Salvador compromete tropas de combate. Los límites de esa colaboración y las responsabilidades de cada parte requieren mayor claridad.
El financiamiento merece atención. Bukele sostiene que El Salvador cubre el 90 % de los gastos de la operación, pero no ha divulgado su costo total. Su oferta condicionada a tener los gastos cubiertos dio paso, según la versión oficial, a un despliegue sostenido principalmente con recursos nacionales. Sin un desglose, resulta difícil evaluar cuánto tiempo podría sostenerse.

También hay reservas dentro de El Salvador. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, expresó preocupación por la duración de la intervención y sus posibles bajas. Aunque matizó que su impacto fiscal podría ser relativamente pequeño frente a otras obligaciones nacionales, señaló que esos recursos podrían atender necesidades sociales.
La población haitiana duplica aproximadamente la censada en El Salvador. Dos mil soldados pueden apoyar operaciones y asegurar posiciones. Garantizar estabilidad nacional exige un esfuerzo mayor, compartido con fuerzas haitianas y otros contingentes. Recuperar territorio requiere después policías, tribunales, cárceles y autoridades capaces de administrar las zonas y atender a sus habitantes.

El componente penitenciario, pilar del modelo salvadoreño, plantea quién detendrá, juzgará y custodiará a los sospechosos. Las operaciones necesitan procedimientos definidos y capacidad para procesar y recluir a los detenidos. El acuerdo remunerado de custodia con Estados Unidos constituye un antecedente, pero no hay constancia pública de un arreglo semejante con Haití.
Desde la sociedad civil surgen expectativas y advertencias. Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, valoró la rapidez del despliegue, pero reclamó proteger a los residentes de barrios dominados por pandillas. Amnistía Internacional pidió garantizar que las operaciones respeten los derechos humanos. La organización de análisis de conflictos ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) advierte que, sin coordinación y una presencia institucional más sólida, los avances difícilmente impedirán el regreso de las pandillas.

La reapertura sostenida de carreteras, el acceso humanitario y la seguridad de los residentes permitirán evaluar resultados más allá de las posiciones recuperadas. La permanencia de esas mejoras dependerá de que las autoridades haitianas puedan ejercer sus funciones, responder ante la población y conducir una transición hacia instituciones con legitimidad democrática.
El rescate explica la urgencia del despliegue; la cooperación anterior muestra que el interés salvadoreño precedía a la emboscada. La intervención también ofrece a Bukele una oportunidad para convertir su experiencia de seguridad en influencia internacional. Para El Salvador, la prueba será definir los límites de ese compromiso, sostenerlo con recursos proporcionales a sus capacidades y rendir cuentas. Para Haití, que la ayuda exterior fortalezca su capacidad de gobernarse. El resultado más duradero será la seguridad que sus propias instituciones puedan garantizar cuando las tropas extranjeras se marchen.
*Escritor y consultor en comunicación política e institucional. Analiza política, sociedad y dinámicas de movilidad en América Latina, con énfasis en sus implicaciones institucionales y en la construcción de comunidad política.













