The Conversation
Por Gabriel J. Chin, University of California, Davis
El 1 de agosto de 2023, el Departamento de Justicia estadounidense anunció su segunda acusación federal contra el expresidente Donald J. Trump. Es una acusación sin precedentes, y no solo porque un expresidente se enfrente a múltiples cargos penales.
Lo verdaderamente novedoso es que se trata de los primeros cargos federales que alegan que el entonces presidente intentó dar un tipo particular de golpe de Estado, llamado autogolpe, con la intención de mantenerse en el poder de forma ilegal.
De qué se le acusa
La acusación enumera cuatro delitos graves. Todos ellos se reducen a los mismos hechos sucedidos el 6 de enero de 2021, y a un conjunto de cinco acusaciones, muchas de las cuales han sido denunciadas anteriormente.
Todos los cargos se basan en el argumento de que Trump y sus cómplices (denominados “coconspiradores” por la acusación) sabían que el entonces presidente había perdido las elecciones de noviembre de 2020, y que sus afirmaciones de fraude e irregularidades en la votación, hechas antes y durante el 6 de enero de 2021, eran infundadas.
Tres cargos en esta nueva acusación alegan conspiraciones: hay conspiración para defraudar al gobierno; para obstruir un procedimiento oficial –en este caso, el recuento de los votos electorales el 6 de enero de 2021 en el capitolio–; y contra los derechos de los votantes a emitir su voto y a que éste sea contado de forma justa y honesta.
El cargo restante alega la obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial, en concreto, el recuento de los votos electorales. El documento afirma que Trump contó supuestamente con la ayuda de seis cómplices o coconspiradores, entre ellos cuatro abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político.
Ninguno de ellos está acusado, y se les identifica por número, no por nombre. Esto podría significar que una o más de estas personas están cooperando con el Departamento de Justicia, aunque no necesariamente.
La acusación declara que todas las afirmaciones de Trump sobre irregularidades electorales “eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas”. Aunque Trump tiene otros casos abiertos, esta acusación contiene los cargos más graves a los que se ha enfrentado hasta ahora.
En Nueva York, Trump está acusado de falsificación de registros comerciales, que es, hasta cierto punto, un delito técnico. Y en Florida, el Departamento de Justicia le ha acusado de conservar ilegalmente documentos de seguridad nacional, pero no se alega que fueran revelados a agentes extranjeros ni que representaran mucho más que recuerdos.
Esta nueva acusación, por el contrario, considera que Trump maniobró para aferrarse a un cargo al que sabía que no tenía derecho.
Desglose de los cargos
En la nueva acusación, el Departamento de Justicia alega que en noviembre y diciembre de 2020, Trump intentó que los legisladores estatales entorpeciesen el proceso de certificación de los resultados electorales en sus estados. Supuestamente hizo esto, por ejemplo, pidiendo a los líderes legislativos que convocaran la legislatura de nuevo en sesión y aprobaran una resolución que dijese que Trump, y no Joe Biden, había ganado. Pero todas las legislaturas estatales certificaron los resultados electorales en diciembre de 2020.
A continuación, Trump y sus aliados reunieron listas de electores “alternativos” en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin, todos ellos estados clave en los que ganó Biden. (Los electores son los 538 representantes de los estados en el Colegio Electoral, que es el que vota al presidente en el cámara baja). Estos electores autodesignados prepararon documentos electorales alternativos para presentarlos al Congreso.
La acusación alega que los coconspiradores aseguraron a algunos de esos electores fraudulentos que los certificados con sus nombres y votos sólo se utilizarían si Trump lograba anular los resultados de las elecciones en sus respectivos estados, un hecho que no ocurrió en ninguno de ellos. Sin embargo, posteriormente, los conspiradores habrían intentado utilizar los certificados de todos modos.
Además, Trump y sus aliados supuestamente intentaron que funcionarios del Departamento de Justicia se comunicaran con aquellos estados cuyos votos electorales quería Trump. Querían que esos funcionarios declararan falsamente que había investigaciones activas de fraude electoral pendientes.
Trump y sus aliados supuestamente redactaron una carta en la que se pedía a los estados que volvieran a reunir a sus asambleas legislativas para reconsiderar el resultado de las elecciones y pidieron a los funcionarios del Departamento de Justicia que la firmaran.
La acusación también alega que Trump intentó persuadir al entonces vicepresidente Mike Pence de que tenía derecho a rechazar los votos electorales de Biden, o devolver esos votos a las legislaturas estatales.
Vínculos con el 6 de enero
Y, por último, el escrito de acusación acusa a Trump de ser responsable de parte de la violencia del 6 de enero de 2021 y de aprovecharse de los disturbios en el Capitolio al instar a los miembros del Congreso a retrasar ese día el proceso de recuento de votos electorales.
Según la acusación, Trump llamó a sus seguidores para que asistieran a una manifestación de protesta la mañana del 6 de enero, y “los dirigió al Capitolio para obstruir el procedimiento de certificación y ejercer presión sobre el Vicepresidente para que emprendiese acciones fraudulentas a las que se había negado en el pasado”.
A continuación, prosigue la acusación, “el acusado y sus cómplices se aprovecharon de la perturbación redoblando sus esfuerzos para presentar falsas alegaciones de fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de que retrasaran aún más la certificación basándose en esas alegaciones.”
Los cargos de conspiración son útiles para la acusación porque, según las normas probatorias, cualquier declaración hecha, o acto realizado, por un coconspirador para promover dicha conspiración puede ser utilizado contra Trump.
Así que, aunque Trump es la única persona nombrada y acusada en este caso, una amplia gama de pruebas de las acciones de otros estarán disponibles para ser utilizadas en su contra.
Posibles condenas
En teoría, si es declarado culpable de estos cargos Trump podría pasar décadas en prisión.
El primer cargo de la acusación, conspiración para defraudar a los EE. UU., tiene una sentencia máxima de cinco años. Los cargos 2 y 3, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conllevan penas máximas de 20 años.
El cargo 4, conspiración contra los derechos, tiene normalmente una condena máxima de 10 años. Sin embargo, el estatuto establece que “si los actos cometidos en violación de esta sección dan como resultado la muerte” la sentencia puede ser de prisión “por cualquier término de años o de por vida,” o la persona “puede ser condenada a muerte.”
Siete personas murieron en relación con los disturbios del 6 de enero, por lo que es probable que se plantee la cuestión de si se puede aplicar la pena reforzada en caso de condena. Pero el Departamento de Justicia ha sido parco en la aplicación de la pena de muerte durante el mandato del presidente Biden. Basándose en eso y en otras consideraciones, parece muy poco probable que la pena de muerte sea una opción realista para dictar sentencia en este caso.
Muchas cuestiones jurídicas tendrán que resolverse en los tribunales entre el momento en que Trump comparezca ante un tribunal federal de Washington, D.C., previsto inicialmente para el 3 de agosto de 2023, y el momento en que un jurado emita un veredicto.
Está claro que un presidente en ejercicio puede ser sometido a juicio político. Pero no hay casos previos en los que una persona haya sido acusada de delitos penales por sus actos como presidente. La cuestión se planteó en la década de 1970, pero dejó de ser relevante cuando el presidente Gerald Ford indultó al expresidente Richard Nixon.
Este caso coloca a Trump en un nuevo tipo de problema legal mucho más profundo, y a EE. UU. en un turbio e inexplorado panorama político y legal.
Gabriel J. Chin, Professor of Criminal Law, Immigration, and Race and Law, University of California, Davis
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