Por Denise Cogo y Lucas Zanetti/Latinoamérica21
Aunque no es nueva, la retórica antiinmigratoria ha cobrado protagonismo en campañas electorales, reformas legislativas y las llamadas guerras culturales, especialmente desde el auge de los partidos y movimientos de extrema derecha en los últimos años. En Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, el sentimiento antiinmigrante ha sido un catalizador de la indignación popular. A través de diferentes narrativas que buscan instrumentalizar las emociones e infundir miedo, la inmigración, especialmente la proveniente del Sur Global, se ha asociado con crisis económicas, violencia y problemas sociales.
La difusión de contenido que expone o ataca a los inmigrantes, impulsada por las plataformas digitales, ha fortalecido el activismo antiinmigratorio. Algunos de estos activistas actúan como influencers o mantienen perfiles monetizados. Su contenido recurre a narrativas conspirativas, como la idea de la “reconquista” ante una supuesta invasión étnica y cultural.
También hay activistas que utilizan el lenguaje periodístico para “informar” sobre incidentes que involucran a inmigrantes, además de movimientos ultraconservadores que se presentan como pro-trabajo, pro-vivienda o pro-seguridad. La desinformación permea este escenario, como en el caso del ataque a un anciano en Torre Pacheco, España, en julio de 2025, que desencadenó ataques contra inmigrantes, especialmente africanos, y enfrentamientos violentos conocidos como “cacerías de inmigrantes”.
En este escenario, destaca un fenómeno específico: individuos o grupos de inmigrantes latinoamericanos que apoyan agendas antiinmigración y movimientos de extrema derecha. El caso de Portugal es ilustrativo. El país, que después de la década de 2000 comenzó a ser citado como referente en políticas migratorias más inclusivas, aprobó una nueva ley en 2025 que restringe el acceso a visados y la reunificación familiar y limita los visados de búsqueda de trabajo a perfiles altamente cualificados, con efectos directos para los brasileños, la comunidad extranjera más numerosa del país.
Estos cambios legislativos contaron con el apoyo de una parte significativa de la diáspora brasileña residente en Portugal, que recurrió a las redes sociales para reproducir las narrativas del gobierno y mostrar su apoyo al endurecimiento de las normas de entrada y estancia en el país para los nuevos inmigrantes. Chega, el partido de extrema derecha que lideró los cambios mediante un ataque agresivo contra las comunidades migrantes, cuenta con brasileños elegidos por el partido a nivel local y nacional.
En Estados Unidos, segmentos del electorado latinoamericano han apoyado las políticas antiinmigratorias de Donald Trump, que incluyen deportaciones, detenciones de inmigrantes y controles fronterizos más estrictos. En Chile, los inmigrantes venezolanos han expresado su apoyo al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, a pesar de que el político basó su campaña presidencial en declaraciones que culpaban a los propios venezolanos del aumento de la delincuencia en el país, además de defender propuestas como el “Escudo Fronterizo”, un plan que prevé la disponibilidad de aviones para los inmigrantes que deseen salir del país voluntariamente. En todos estos casos, los inmigrantes acaban actuando como legitimadores de agendas excluyentes, ofreciendo al discurso antiinmigratorio una imagen que combina la experiencia del desplazamiento con la adhesión a proyectos nacionalistas.
¿Por qué estos inmigrantes han apoyado las agendas antiinmigratorias?
Las razones son diversas, pero el argumento moral que distingue entre inmigrantes “buenos” y “malos” ayuda a comprender este apoyo. En este marco, el “buen migrante” —aquel considerado merecedor porque no representa un riesgo para la sociedad receptora— se presenta como alguien que entró al país legalmente o regularizó su situación, cumple las normas y respeta las leyes, paga impuestos, trabaja sin depender del Estado, se gana su lugar mediante el esfuerzo individual y rechaza la posición de víctima.
Cuando un brasileño en Portugal o un venezolano en Chile defienden el endurecimiento de la política migratoria, el discurso adquiere una legitimidad específica: la autoridad moral de quien “sabe lo que es migrar” y, precisamente por esta experiencia, reconoce la necesidad de barreras y filtros migratorios más rígidos. Este tipo de compromiso cobra fuerza en un entorno marcado por las desigualdades internas dentro de las propias diásporas. Narrativas como “ya estamos integrados”, “seguimos las reglas” o “amamos este país” funcionan tanto como una afirmación de identidad, como una frontera simbólica en relación con los recién llegados, los refugiados o los inmigrantes indocumentados.
Las investigaciones sobre las comunidades latinas en Estados Unidos muestran que los segmentos con mayor educación, mayores ingresos o ciudadanía consolidada tienden a expresar mayor simpatía por las medidas de control, especialmente cuando perciben competencia por empleos, presión sobre los servicios públicos o el riesgo de ser asociados con identidades estigmatizadas. En estos casos, la adhesión al discurso antiinmigratorio funciona como una señal de alineamiento con el “nosotros” nacional, una especie de credencial moral para demostrar lealtad al país de acogida.
La influencia de las plataformas digitales
Las plataformas digitales amplifican este movimiento al favorecer el contenido emocional, los antagonismos morales y las narrativas simplificadas sobre el orden y el desorden. Estudios etnográficos con activistas antiinmigratorios vinculados a Chega muestran la intensa circulación de contenido en plataformas como X, YouTube y TikTok que combina referencias históricas idealizadas, imaginarios coloniales y datos selectivos sobre la delincuencia y el uso de políticas sociales.
Los intereses económicos también se entrelazan con estas dinámicas. Los inmigrantes que ofrecen servicios de consultoría migratoria, intermediación de vivienda o asistencia con la documentación dependen de la existencia de complejos sistemas burocráticos. Las situaciones en las que los procesos de regularización se dificultan crean nichos de mercado para quienes dominan el lenguaje jurídico, los flujos administrativos y las redes de contactos. En ciertos contextos, los inmigrantes que han alcanzado una posición consolidada ven las políticas restrictivas como una forma de organizar el campo migratorio a su favor y transformarlo en un modelo de negocio rentable.
Las migraciones “buenas” y “malas”
La heterogeneidad de las comunidades migrantes, especialmente entre los latinoamericanos, es otra variable que explica la adhesión de algunos inmigrantes a las agendas antiinmigratorias. Las diferencias de clase, raza, origen nacional, género, idioma, capital cultural y redes de apoyo resultan en un acceso desigual a derechos y oportunidades, configurando lo que los autores describen como “castas” migrantes. En la cima, los perfiles blancos y con estudios, vinculados a las clases medias o altas y a las empresas multinacionales, reciben una hospitalidad selectiva, con visas de trámite rápido, regímenes fiscales ventajosos y acceso facilitado a la vivienda, la educación y la salud. En el nivel de base, los grupos racializados, los trabajadores precarios, los refugiados y las personas con estatus migratorio precario enfrentan mayor violencia institucional, estigma y barreras de acceso.
El debate sobre las migraciones “buenas” y “malas” trasciende tanto los discursos partidistas como las interacciones cotidianas y digitales entre las propias comunidades. Cuando las políticas migratorias distinguen entre inversiones multimillonarias y trabajadores de bajos ingresos, o entre visas altamente cualificadas y filas de regularización, el mensaje es claro: algunos cuerpos y trayectorias son más deseables que otros. El apoyo de ciertos inmigrantes a las políticas antiinmigratorias revela cómo el campo migratorio contemporáneo está marcado por jerarquías internas, distinciones y estrategias de pertenencia que redistribuyen privilegios dentro de las propias diásporas.
*Este texto forma parte del proyecto de investigación “Activismo migrante en plataformas digitales en apoyo a políticas de extrema derecha y antiinmigración”, financiado por el CNPq (n.º de proceso 403377/2024-2) y la FAPESP (n.º de proceso 2024/20729-0) y desarrollado en PPGCOM ESPM.
Profesor de la Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM (São Paulo, Brasil). Coordinador del grupo de investigación Deslocar – Interculturalidad, Ciudadanía, Comunicación y Consumo. Investigador/a de Productividad 1C del CNPq e Investigador/a Asociado/a del InCom-UAB.
Investigador/a postdoctoral en la Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM (São Paulo, Brasil), con una beca del CNPq. Doctor/a en Comunicación por la Universidade Estadual Paulista (Unesp). Miembro del grupo de investigación Deslocar – Interculturalidad, Ciudadanía, Comunicación y Consumo.
