Reforma económica en Cuba: principios y pseudo principios

La reforma no se revierte. Este es uno de los mensajes que transmite el recién concluido VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Y es que, a juzgar por las dilaciones y retrocesos que un conjunto no identificado de “burócratas” —necesariamente de alto rango— logró interponer a partir de 2014, la paralización del proceso en este cónclave era una posibilidad. 

Aunque aún no han sido publicadas las versiones definitivas de los llamados “documentos rectores”, lo acontecido en este evento, tanto por los contenidos y matices de las intervenciones principales como por los nombramientos en las estructuras jerárquicas, nos permite asomarnos a una fracción de la compleja trama que parece contender en esas estructuras desde hace algún tiempo: las diferentes visiones del modelo de país y la distribución de poderes para acometerlas. 

Muchos de los debates más álgidos que habitan los espacios deliberativos en la actualidad cubana fueron abordados en los informes de inauguración y clausura de la cita. En materia económica, buena parte del argumento sostenido está alineado a lo conceptualizado en los dos Congresos anteriores, lo cual ratifica su validez y exige su implementación inmediata. 

VIII Congreso del PCC: Un balance preliminar

Sin embargo, algunos puntos críticos para el avance económico del socialismo cubano y algunos procesos sustantivos y definitorios en marcha, no quedaron dirimidos en los discursos centrales del cónclave. En cambio, se pretendió elevar al rango de principio a innecesarios continuismos de tercos asideros, sustentados en tesis conceptualmente precarias. 

Según quedó refrendado en la Resolución sobre temas económicos, el Congreso ratifica que “nos encontramos en el período histórico de construcción del socialismo”. Esta declaración, aunque pueda parecer trivial para muchos, constituye el soporte conceptual para acometer la reforma; porque significa, cuando se le compara con el modelo de socialismo estatista que heredamos, que reconoce la heterogeneidad socioeconómica, la necesidad de coexistencia de diferentes formas de propiedad, la imposibilidad de prescindir del mercado como mecanismo base de coordinación entre actores económicos, y la inviabilidad de gobernar la economía por decretos, entre otros aspectos. La misión fundamental de este período, comprendida muy bien por chinos y vietnamitas, está en desarrollar las fuerzas productivas. 

Ahora bien, en esta economía, sobre la que ya convenimos una naturaleza heterogénea, y que además es extremadamente abierta —dadas la composición y cantidad de sus dotaciones— pretender que toda operación de comercio exterior sea realizada a través de empresas estatales constituye un colosal atentado al desarrollo de las fuerzas productivas. Mientras tanto, no garantiza ninguna función principal para el ideal socialista que rige el proyecto. Solo constituye un rezago perverso del modelo heredado. 

Aunque la profundidad de la actual crisis de oferta requiere soluciones rápidas y osadas, y existen propuestas atendibles al respecto, concuerdo en no potenciar canales de importación privados con destino al comercio minorista. Sin embargo, la imperiosa necesidad de generar nuevos bienes de factura doméstica, a lo cual el sector privado y cooperativo está siendo convocado, no podrá ser solventada mientras sus demandas de importación de activos fijos e insumos continúen sujetas a las aberrantes dinámicas de las empresas estatales que actualmente controlan esa actividad. 

No obstante, el pecado mayor no radica en la condición estatal de las empresas encargadas de proveer los servicios de comercio exterior, sino en la distribución oligopólica imperante. Esta es la fuente principal de la ineficiencia y el rentismo que predominan hoy en Cuba. En este ámbito, tanto como en otros, las empresas que operen tienen que ser competitivas y esto no se cumplirá mientras disfruten de cuotas de mercado artificialmente aseguradas. El propio Informe Central afirma que “el sistema empresarial estatal tiene ante sí el reto de demostrar en la práctica y afianzar su posición como la forma de gestión dominante en la economía. Esto no es algo que se alcance por decreto (…) Hay que modificar viejos malos hábitos y desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas y establecimientos, que cada día funcionarán con mayor autonomía, persiguiendo producciones superiores con más eficiencia.”

Para contrarrestar esta deformación del modelo de funcionamiento, las autoridades podrían movilizar un par de opciones, viables a corto plazo:

1. Como parte de la concesión de autonomía se podría facultar a todas las empresas estatales para realizar operaciones de comercio exterior, y crear así mejores condiciones para la competencia entre ellas.  
2. La norma jurídica que regule el surgimiento de las MPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), las debe autorizar a elegir directamente su cartera de proveedores y clientes externos, sin endilgarles por decreto la intermediación obligatoria de empresas estatales, que tal vez no necesiten.

El control estatal absoluto sobre el comercio exterior está lejos de constituir un principio del socialismo, y mucho menos si funciona a través de una estructura monopólica. Lo único que produce eficientemente son obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas, así como un formidable instrumento de control y recaudación no tributaria. Promover la importación comercial privada tendría más costos que beneficios si se le sugiere únicamente “para establecer un sistema no estatal de comercio interior”. Pero, al mismo tiempo, para el desarrollo acelerado de producciones domésticas que deben ser acometidas por el sector privado y cooperativo sí resulta imprescindible. 

Otro de los temas controvertidos que aborda el Informe Central se refiere al añejo y legítimo reclamo de que a las actividades profesionales se les reconozca el ejercicio en el sector privado. Una política anunciada hace más de tres meses por el Consejo de Ministros —que aguarda con paciencia por la norma jurídica que la implemente— ampliará de modo significativo la cantidad de actividades que se pueden ejercer de forma privada, incluyendo muchas profesionales. 

La justa demanda de algunos sectores —como arquitectos, abogados, contadores y guías de turismo— que quedaron excluidos en una primera versión, no hay por qué asociarla con aspiraciones de privatización. El ejercicio privado de una profesión no implica la privatización de los medios de producción donde este profesional se desempeña, y mucho menos para las profesiones antes señaladas. Este tipo de conexiones que se argumentan desde el extremo acusan de una simplificación similar a aquellas que aún identifican al gobierno de Biden como una amenaza socialista para los EEUU.

No obstante, coincido con la preocupación de que hay actores —sobre todo los más cercanos a esa posibilidad— anhelando un proceso privatizador que les permita adjudicarse los bienes que hoy administran. He aquí una amenaza de importancia crucial que no ha sido suficientemente abordada en los Informes.

Por su parte, la mención aislada al turismo y a la confianza en sus posibilidades futuras, resulta un amparo a las inversiones de ampliación de capacidades que continúan teniendo lugar en esta rama. La persistencia de estas obras ha sido muy cuestionada ante la incertidumbre asociada a los escenarios futuros, y dados los irrecuperables costos de oportunidad que supone no relocalizar hoy estos recursos hacia otras prioridades de supervivencia, entre ellas, la producción de alimentos. Por tanto, no debería considerarse un tema zanjado. 

Al referirse al proceso de dolarización que ha venido creciendo en la economía, el Informe le augura una perdurabilidad indefinida. Aunque es un tema complejo, tal vez económicamente inevitable, lo cierto es que estas ventas sí potencian brechas reales de desigualdad que no emanan de problemas de interpretación ni de carencias comunicativas. Mientras el Estado no intervenga en el mercado cambiario para ofrecer alguna vía legal de acceso a la Moneda Libremente Convertible (MLC) a cambio de pesos cubanos, la política estatal estará excluyendo del consumo de esas tiendas a grandes masas de personas. Lo peor es que esta exclusión está determinada, ya no por niveles bajos de ingresos, sino por su desconexión con las fuentes remesadoras externas. Es un auténtico privilegio que, como concepto, está más cerca de contradecir un principio socialista que los temas mencionados anteriormente. No se puede sostener. 

En medio de la crisis económica más adversa de los últimos 25 años, presionado por la situación sanitaria más compleja desde que se inició la pandemia, sin que haya cambiado un ápice el cerco económico con el nuevo gobierno de EEUU, y ahora bajo el fuego interno de actores que persiguen desafiar el sistema político, las autoridades cubanas enfrentan un reto colosal. La unidad de objetivos que se logre al interior del gobierno, la transparencia con que este proyecte sus objetivos y acciones, la manera en que se erija cada vez más sobre diseños participativos, la humildad para enmendar los errores y el irrecusable apego al Estado de Derecho Socialista refrendado en la Constitución, son algunas de las condiciones imprescindibles de partida.