Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 129 apropiado durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), una mujer que nació hace 42 años, al parecer, en uno de los principales centros de tortura del régimen.
Estela de Carlotto, presidenta de la entidad, dijo el martes en conferencia de prensa que la mujer se sometió voluntariamente a un análisis de ADN que reveló que es hija de Carlos Alberto Solsona y Norma Síntora, quien tenía ocho meses de embarazo al momento de ser secuestrada por los militares en 1977 y permanece desaparecida.
“Nadie tiene idea de las miles de noches que pasé sin dormir esperando este día”, admitió Solsona en rueda de prensa en la sede de Abuelas. El hombre abandonó el país durante la dictadura y dedicó más de cuatro décadas a buscar a Soledad, el nombre que habían planeado darle a la bebé que esperaba con Síntora. “La mochila pesaba cada vez más pero nunca la abandonaba. Donde había una mínima pista ahí íbamos”.
No se dio a conocer la identidad de la nieta.
Abuelas de Plaza de Mayo calcula que unos 500 niños fueron apropiados por un plan sistemático aplicado por los militares para robar a los hijos de los desaparecidos.
Solsona y Síntora, ambos estudiantes de ingeniería electrónica en la Universidad de la provincia de Córdoba y militantes del izquierdista el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), se casaron en 1975 y un año después tuvieron a su primer hijo Marcos.
Luego del golpe de Estado de marzo de 1976 y ante la violenta represión desplegada por las Fuerzas Armadas, dejaron al pequeño al cuidado de los abuelos maternos y pasaron a la clandestinidad.
El hombre logró escapar al exterior, pero Síntora fue apresada y recluida en Campo de Mayo, importante centro clandestino de detención y tortura en un predio del Ejército situado al noreste de Buenos Aires. La justicia determinó que allí operaba una maternidad clandestina en la que daban a luz las disidentes detenidas por el régimen, como parte de un plan sistemático de robo de niños que consistía en separarlos de sus madres y entregarlos en adopción ilegal a familias de miembros de las fuerzas de seguridad o allegados. Casi todas las cautivas fueron asesinadas.
Respecto al caso de Soledad Solsona, el equipo de investigación de Abuelas dijo que la primera pista concreta para su localización fue en 2012, al detectarse que su acta de nacimiento era apócrifa y había sido firmada por un médico de la policía federal argentina.
La mujer, radicada en España, fue contactada en 2013 pero se negó a someterse a la prueba de ADN. Abuelas presentó el caso ante la justicia local, que cursó un pedido a su par de España para una extracción forzosa de sangre, pero no prosperó. Seis años después, la mujer viajó a la Argentina y se prestó al estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que alberga las muestras de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura.
Carlos Solsona, quien se enteró del resultado por un llamado de su hijo mayor, Marcos, mientras manejaba por una autopista de Chile, todavía no contacta a su hija.
“No quiero hacerme muchas imágenes previas, tengo mucho miedo de lastimarla a ella”, admitió.
Según organizaciones de derechos humanos, 30.000 disidentes fueron asesinados por el régimen. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 7.600 desaparecidos, entre los que había obreros, militantes políticos y estudiantes.
“Este caso devela la trama de complicidad que conlleva el delito de apropiación de identidad y la necesidad de que toda la sociedad se comprometa a resolverlo… por eso repetimos: rompamos el silencio, el tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años, ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó”, concluyó el comunicado de Abuelas.
