Argentina vive una nueva polémica relacionada con el Gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, hecho determinado por un decreto que limita el acceso a la información pública.
Según un reporte de Efe, organizaciones civiles y del periodismo están preocupadas por la reglamentación a la ley de acceso a la información pública, por la cual el Estado no estaría obligado a ofrecer información “del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal”.
No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo Presidente de Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado. Hoy no es un #BuenLunes https://t.co/xgEFM4c88j
— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) September 2, 2024
Además, según esta nota de la agencia española, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Para el diario Clarín, “se trata de una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya modificación realizó el Gobierno a través de un decreto reglamentario, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos”.
“Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el “ámbito privado” del Presidente de la Nación”, apunta el diario.
Acceso a la información, un derecho
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de Acceso a la Información Pública que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso al tipo de información considerada de carácter público.
Esta ha ayudado a mostrar comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales y ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
La Fundación Poder Ciudadano destacó en sus redes sociales que “ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso”.
También se recordó desde esta Fundación que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales” y que “la información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía”.
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El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo este martes a Radio Mitre que la institución está “analizando” llevar el caso a la Justicia para que “declare inconstitucional” el decreto; la alternativa es que el Gobierno “se dé cuenta que está mal lo que hizo” y vaya para atrás con el decreto.
Según Efe, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también rechazó los cambios que introdujo el Gobierno de Milei y advirtió de que “implican un grave retroceso democrático”, porque “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Alertó, además, que “ataca todos los principios de transparencia activa”.
