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El arresto de Ruth Eleonora López, reconocida abogada y activista en El Salvador, disparó las alarmas de organizaciones internacionales y locales, que denuncian una escalada en la represión contra defensores de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele.
El caso, que involucra la asistencia legal a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados sin recursos legales en El Salvador, pone en evidencia la alineación entre Bukele y el presidente estadounidense Donald Trump en materia de políticas antiinmigrantes.
Cargos y refutaciones
López, de 47 años, fue detenida la noche del domingo por la Policía Nacional Civil en cumplimiento de una orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que la acusa de “peculado” por supuestas irregularidades cometidas hace una década, cuando trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral.
La detención fue anunciada en la red social X. La FGR aseguró que López colaboró en la sustracción de fondos estatales junto al exmagistrado Eugenio Chicas, también detenido meses atrás.
Sin embargo, organizaciones como Cristosal, donde López dirige la Unidad Anticorrupción y Justicia, denuncian que la acusación forma parte de una estrategia sistemática de criminalización contra quienes defienden los derechos humanos y denuncian la corrupción gubernamental.
“Hasta este momento, ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida”, afirmó Cristosal en un comunicado.
La diputada Marcela Villatoro declaró, por su parte, que “la captura de Ruth López, una abogada que ha ejercido su derecho a opinar, denunciar y fiscalizar al poder, plantea serias dudas sobre el uso instrumental del sistema penal”.
Entretanto, la exdiputada Lorena Peña, la excoordinadora de fracción Norma Guevara y la exlegisladora Anabel Belloso también calificaron la acción como parte de una “persecución política”.
A su vez, el diputado de ARENA, Francisco Lira, condenó la detención y solicitó a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos pronunciarse sobre el caso.
Reacción internacional y antecedentes represivos
El arresto de López ocurre en un escenario de creciente preocupación internacional por el debilitamiento de las instituciones democráticas en El Salvador.
Trece organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), condenaron el arresto y exigieron la liberación inmediata de la letrada, señalando que el gobierno de Bukele ha “socavado las instituciones y el Estado de derecho, y ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes”.
Por su parte, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos y el Comité Demócrata de Política Exterior del Congreso de Estados Unidos exigieron que se respete la integridad física de la abogada y su derecho al debido proceso, así como el fin de la persecución contra defensores de derechos humanos en el país centroamericano.
La detención de López no es un hecho aislado. En los últimos meses, la justicia salvadoreña ha encarcelado a otros defensores de derechos humanos, líderes ambientales y religiosos, e impulsado un proyecto de ley de “agentes extranjeros” que impondría un impuesto de 30 % a las donaciones recibidas por ONGs, una medida que, según los críticos, busca asfixiar económicamente a la sociedad civil.
Poco después de la detención de la activista, el comisionado de derechos humanos de Bukele, el colombiano Andrés Guzmán, presentó su renuncia tras dos años en el cargo. Aunque no reveló los motivos de su decisión, Guzmán alabó la política de seguridad de Bukele y defendió al Gobierno ante críticas internacionales por presuntos abusos en la “guerra” contra las pandillas.
El Salvador bajo régimen de excepción
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción declarado por Bukele para combatir a las pandillas.
Bajo este marco, más de 75 000 personas han sido detenidas, muchas sin el debido proceso, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. Cristosal ha documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en centros penales.
Paralelamente, la ONG ha asistido a las familias de los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados desde hace dos meses en una megacárcel de máxima seguridad salvadoreña.
Una reciente encuesta realizada por Cristosal entre familiares de los detenidos reveló que el 78% emigró en busca de mejores oportunidades económicas, 35 % huyó de la violencia y 9 % de la persecución política.
Dos días antes del arresto de López, abogados del Grupo Ortega,-contratados por el gobierno venezolano para defender a los migrantes, denunciaron que sus clientes son víctimas de “torturas físicas” y “morales” en prisión.
Alineación con la política antiinmigrante de Trump
De acuerdo con expertos, la detención de López y el trato a los migrantes venezolanos no pueden entenderse sin considerar la estrecha colaboración entre Bukele y Donald Trump en materia migratoria.
Durante su presidencia, Trump presionó a los países centroamericanos para que aceptaran acuerdos de “tercer país seguro”, obligando a miles de migrantes a esperar en naciones como El Salvador mientras se resolvían sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Bukele, que se ha presentado internacionalmente como un aliado clave de Trump, aceptó sin mayores reparos el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.
Bajo su administración, El Salvador ha reforzado los controles fronterizos, ha cooperado en la detención y deportación de migrantes y ha aceptado la reclusión de deportados en cárceles de máxima seguridad, como ocurre con los venezolanos.
“Bukele es un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump en su dura política contra los migrantes”, subraya el comunicado conjunto de las ONG internacionales.
Esa alineación ha sido criticada por defensores de derechos humanos, que señalan que El Salvador, lejos de ser un refugio seguro, se ha convertido en un lugar de detención y represión para quienes huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
