Las denuncias de fraude en contra de Evo Morales sirvieron de pretexto para el golpe de Estado de 2019. Las fuerzas derechistas de Bolivia aprovecharon la situación para hacerse con la dirección provisional del país. En el golpe jugaron un gran papel el ejército, el legislativo, donde surgió Jeanine Áñez, y los Comités Cívicos, con Luis Fernando Camacho.
El Gobierno de facto de Áñez, altamente represor, fue acusado de varios actos de corrupción. El golpe de la derecha boliviana trataba de generar condiciones diferentes para el proceso electoral convocado para octubre de 2020; sin embargo, en el proceso electoral resultaría ganador Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo, con un amplio margen, 52,4 %, por sobre Carlos Mesa con 31,5 %, con un Tribunal Electoral manejado por personas cercanas a Áñez.
Del golpe a la victoria de Arce
Contrario a lo que se vaticinaba internacionalmente antes de las elecciones, la sociedad boliviana respaldó nuevamente el Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras las fuerzas de Áñez, Camacho y Mesa se desprestigiaron en medio de la crisis y la persecución política, Arce criticaba amablemente a Morales y se presentaba como una alternativa a este y al Gobierno de facto.
El golpe, además de la persecución de Evo y las fuerzas del MAS, generó terror apresando manifestantes, quemando casas y agrediendo a mujeres, hombres y niños; con sus procedimientos no pudo cambiar la mentalidad política de la mayoría de la población que apoyó a Arce.
Aunque Arce ganó, la polarización política se mantuvo en las instituciones y la sociedad. La justicia boliviana procesó a Jeanine Áñez por la conspiración y la ruptura del orden democrático El argumento de defensa de Añez ha sido que no hubo golpe, porque Morales renunció. Áñez fue condenada a diez años de prisión. Otros personajes más fueron procesados, y de a poco ya le tocaría el turno a Camacho.
La división entre Arce y Morales
La estrategia electoral de Arce, de distanciarse de Evo Morales, una vez en el gobierno se tradujo paulatinamente en una pugna con Morales. El personalismo del exmandatario riñó con la nueva dirección gubernamental. Aunque al principio Arce fue criticado por la oposición por falta de carácter para separarse de Evo; en estos días Arce es criticado por los medios por regresar a la polarización con la derecha.
El nuevo Gobierno fue ganando autoridad con sus proyectos y mantuvo estabilidad política y económica. No obstante, Evo Morales critica a Arce por no actuar contra la derecha golpista: “Gobernabilidad a cambio de impunidad es la verdadera traición al pueblo”, tuiteaba Morales. La disputa entre Arce y Morales tienen también como objeto la dirección del partido oficialista. Al presidente boliviano le ha tocado torear la división interna y a la oposición ultraderechista que gana terreno.
El paro de Santa Cruz
Santa Cruz, en los llanos bolivianos, es el departamento y ciudad más poblada, con la mayor cantidad de extensiones territoriales regulares para la construcción, con primacía del blanco/boliviano dominante. Esta región es un gran centro industrial y comercial. Como en otras ciudades parecidas en Latinoamérica, se ha apelado a la autonomía como política para el monopolio de capitales, inversiones y poder. Camacho recogió las voces del llamado federalismo boliviano.
Luis Fernando Camacho, gobernador, quien ganó en las elecciones de 2021 con el 55,64 %, entró otra vez en oposición directa con el gobierno. Santa Cruz realizó un paro de 36 días en 2022 exigiendo el adelanto del censo, para la ampliación de recursos y representación política. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, declaró que se levantaba el paro, pero que se mantenían lucha.
Estas movilizaciones consiguieron que se debatiera en la cámara de diputados una ley sobre el empadronamiento, pero no el adelanto del censo por ser técnicamente inviable. Morales acusó a Arce de pactar con la derecha como en la época neoliberal. El Paro no fue más que un pretexto para deslegitimar el gobierno de Arce y exigir una parcelación del poder en el Estado boliviano.
Apresamiento de Camacho
En comparación de Áñez, Camacho había tenido relativa suerte, aunque fue acusado, aún se hallaba en libertad y fue dirigente de uno de los más feroces paros. Las denuncias contra Camacho por conspiración y actos terroristas en 2019, se remarcaron por el paro reciente. Camacho fue apresado un mes después, el 28 de diciembre de 2022, en medio de un gran operativo.
Las vigilias alrededor de la casa de Camacho, habían impedido su arresto. En estas circunstancias, Arce le ganaba la partida al presidente del comité cívico y gobernador santacruceño. Los seguidores de Camacho intentaron realizar un movimiento político nacional en su favor sin mayores éxitos.
Camacho fue llamado por la Corte a declarar por el Golpe de Estado en Octubre de 2022, y al no acudir, el Tribunal usó la prisión preventiva en su contra, con cuatro meses de cárcel en Chonchocoro. Esta cárcel situada en la ciudad de La Paz, limita las protestas de los santacruceños, además del cansancio por el reciente paro.
Camacho ha declarado: “no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”. Poco después del apresamiento, la indignación estalló en Santacruz, quemaron la casa de un ministro cruceño y se incendiaron las fiscalías de Santacruz y Cochabamba.
La nueva estrategia de Arce
Arce aprovechó el hiperpresidencialismo boliviano para regular una situación que se le escapaba de las manos. En 2023, el gobierno y los movimientos sociales han iniciado movilizaciones en varias ciudades pidiendo justicia y paz para Bolivia, en contra de la impunidad del golpe de Estado de 2019. Las fuerzas del gobierno han esperado pacientemente las mejores circunstancias para enfrentar a la derecha opositora.
Rómulo Calvo ha dicho que no saldrán productos para “demostrarle al Gobierno que, sin Santa Cruz, sin nuestros recursos no hay Estado, no hay plata. Ellos viven de nosotros”. Así también, por el momento, la derecha ha cambiado su táctica, de grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), pasó a la de no pagar impuestos.
En cierta forma, el orden gubernamental contiene la explosión autonómica. La condena a 77 meses de prisión de Arturo Carlos Murillo en EEUU, ex Ministro de Gobierno de Áñez, por recibir una coima de 500 mil dólares por un contrato de gases lacrimógenos y por lavado de dinero, favorece a la gobernabilidad de Arce. Bolivia se ha llenado en estos días de marchas y contramarchas. Evo Morales juzga con frialdad el asunto, y mantiene su política de exigencias.