El senado boliviano, dominado por el partido de Evo Morales, ha aprobado un proyecto de ley de inmunidad para líderes políticos, sociales y cívicos, nacionales y extranjeros, pero la presidenta interina Jeaninne Áñez anunció que no promulgará la ley en caso de que la apruebe la Cámara de Diputados.
Se trata de una versión distinta del proyecto aprobado en diciembre por la cámara baja, ya que el del Senado no incluye la inmunidad para el propio Morales.
El Senado aprobó el viernes por la noche el proyecto denominado «Ley de cumplimiento de los derechos humanos», antes llamado «Ley de Garantías», que debe pasar ahora a Diputados, donde el MAS también tiene mayoría, y luego al ejecutivo.
La presidenta de Senado, Eva Copa, informó que la aprobación del proyecto se debe a que el gobierno no cumplió con los acuerdos para pacificar el país después de una crisis social que desataron las cuestionadas elecciones del 20 de octubre, en las que se declaró ganador Morales, quien posteriormente renunció. Actualmente está refugiado en Argentina y funge como líder y jefe de campaña de su partido.
Los senadores opositores abandonaron la sesión a raíz que consideran que el proyecto es inconstitucional y presentarán un recurso de nulidad, expresó el senador Óscar Ortiz.
Copa aclaró que la normativa se aprobó quitando el artículo que daba inmunidad a Morales y dijo que si la presidenta no promulga la ley, ella lo hará.
Mientras tanto, la fiscalía pidió que se active la alerta roja de Interpol contra Morales para su aprehensión, informó la radioemisora Erbol. No hubo una confirmación oficial del pedido por parte de la fiscalía, que no respondió a los pedidos de declaraciones.
Se acusó a Morales de sedición y terrorismo después que el Ministerio de Gobierno difundió un vídeo en el que supuestamente se escucha la voz del exmandatario dirigiendo los bloqueos a las ciudades en la crisis poselectoral.
Los comicios fueron anulados y tras un acuerdo entre todas las fuerzas políticas se convocó a nuevas elecciones para el 3 de mayo.
El proyecto que aprobó el Senado busca «velar el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia». Entre ellos «líderes políticos, cívicos y sociales».
Áñez ya había adelantado que no la promulgará si se convierte en ley. «Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos», señaló en diciembre.
